10 Abril 2015
Ocho años; cuatro meses y tres días. Humberto Rava tiene contado con esa precisión el tiempo que permaneció detenido por razones políticas durante el terrorismo de Estado. El secretario de Derechos Humanos era un joven estudiante que militaba en el peronismo cuando fue secuestrado, junto con su padre y su madre, en marzo de 1975 (fue liberado en 1983). Rava contó parte de su historia al declarar ayer en el juzgamiento del ex juez federal Manlio Martínez por la supuesta comisión de delitos de lesa humanidad.
Rava pidió a los abogados que le hicieran preguntas en voz alta, porque es “un poco sordo”. Luego, más adelante, explicó que esta fue una de las secuelas que le dejó la violencia de sus captores. El funcionario alperovichista consignó que es primo del abogado Rodolfo Vargas Aignasse y que este hizo gestiones para que su mamá, Sara de Rava, fuera liberada. Ella permaneció un año detenida en el Instituto del Buen Pastor. Su caso había sido mencionado por ex presas políticas durante la megacausa “Villa Urquiza” (2014). Las sobrevivientes la habían recordado como alguien que trató de protegerlas y ayudarlas.
El funcionario advirtió que no brindaría “detalles escabrosos” de su detención, pero recordó que en una oportunidad fue llevado junto a su madre al Juzgado Federal (su padre había sido liberado a los pocos días de la detención). Una secretaria les tomó declaración. “Estaba destrozado: costillas y oído rotos... ¡Casi no tenía ropa! Estábamos esposados mi mamá y yo. Montaron un operativo apropiado para (el mafioso) Al Capone y 500 delincuentes”, ironizó.
Si bien aclaró que no conoció entonces al juez Martínez, cargó: “es imposible que no supiera el rol que cumplía en el sistema represivo. Si hubiera sido neutral, no estaría cuestionado. Era absolutamente funcional”. Rava consignó que el único abogado que quiso defenderlo fue Ángel Pisarello, quien fuera luego asesinado por su labor. “Le estoy eternamente agradecido. Defendía a detenidos sin miramientos ideológicos”, destacó.
Recién en 1977 fue condenado a 20 años de prisión. Lo acusaron de tenencia de armas de guerra, explosivos y asociación ilícita. Durante el plazo que estuvo privado de la libertad, Rava fue trasladado en múltiples ocasiones a establecimientos penales de todo el país. “(Los presos políticos) éramos paquetes sin dirección ni nombre. En Rawson reemplazaron al personal penitenciario por ‘profesionales’ preparados para aniquilarnos física y mentalmente”, concluyó.
Las audiencias de este juicio continuarán hoy y, luego, el 22, 23 y 24. Está previsto que la etapa de alegatos comience el mes próximo.
Rava pidió a los abogados que le hicieran preguntas en voz alta, porque es “un poco sordo”. Luego, más adelante, explicó que esta fue una de las secuelas que le dejó la violencia de sus captores. El funcionario alperovichista consignó que es primo del abogado Rodolfo Vargas Aignasse y que este hizo gestiones para que su mamá, Sara de Rava, fuera liberada. Ella permaneció un año detenida en el Instituto del Buen Pastor. Su caso había sido mencionado por ex presas políticas durante la megacausa “Villa Urquiza” (2014). Las sobrevivientes la habían recordado como alguien que trató de protegerlas y ayudarlas.
El funcionario advirtió que no brindaría “detalles escabrosos” de su detención, pero recordó que en una oportunidad fue llevado junto a su madre al Juzgado Federal (su padre había sido liberado a los pocos días de la detención). Una secretaria les tomó declaración. “Estaba destrozado: costillas y oído rotos... ¡Casi no tenía ropa! Estábamos esposados mi mamá y yo. Montaron un operativo apropiado para (el mafioso) Al Capone y 500 delincuentes”, ironizó.
Si bien aclaró que no conoció entonces al juez Martínez, cargó: “es imposible que no supiera el rol que cumplía en el sistema represivo. Si hubiera sido neutral, no estaría cuestionado. Era absolutamente funcional”. Rava consignó que el único abogado que quiso defenderlo fue Ángel Pisarello, quien fuera luego asesinado por su labor. “Le estoy eternamente agradecido. Defendía a detenidos sin miramientos ideológicos”, destacó.
Recién en 1977 fue condenado a 20 años de prisión. Lo acusaron de tenencia de armas de guerra, explosivos y asociación ilícita. Durante el plazo que estuvo privado de la libertad, Rava fue trasladado en múltiples ocasiones a establecimientos penales de todo el país. “(Los presos políticos) éramos paquetes sin dirección ni nombre. En Rawson reemplazaron al personal penitenciario por ‘profesionales’ preparados para aniquilarnos física y mentalmente”, concluyó.
Las audiencias de este juicio continuarán hoy y, luego, el 22, 23 y 24. Está previsto que la etapa de alegatos comience el mes próximo.
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