Por Gustavo Cobos
23 Julio 2015
A Mirta le habían prometido trabajo como niñera en Catamarca. Tenía una beba y pocas puertas laborales se le abrían en su Concepción natal. Una amiga le había asegurado que ganaría un buen sueldo en la provincia vecina, y la subió al colectivo junto a su pequeña. Pero el destino final fue un prostíbulo de Chilecito. Amenazada y golpeada, tuvo que permitir que hombres tuvieran sexo con ella a cambio de un dinero que se llevaron otros. Era el año 2007, y a las pocas semanas la llevaron a La Rioja. Allí escuchó una conversación de los dueños del burdel, quienes mencionaron que a la tucumana, a “Marita”, a esa que la buscaban sus padres, la habían vendido a España. La historia de Mirta no es de las más conocidas en el marco de la causa Verón. No fue una de las testigos que declaró en el juicio oral de 2012 que terminó en absolución (y un año después en condena por decisión de la Corte Suprema). Un tío le ayudó a Mirta a escapar y volver a Concepción. Susana Trimarco aún no había creado la fundación y la ley de trata de personas no había sido sancionada. La concepcionense denunció lo que le había pasado, y cuando Gendarmería Nacional supo de su existencia se lo comunicó a la fiscala Adriana Reinoso Cuello, a cargo de la búsqueda del paradero de María de los Ángeles Verón, “Marita”.
El testimonio es uno de los tantos que abonan la pista “España” como destino final de la hija de Susana Trimarco. Aunque cada tanto aparecen excavaciones para buscar los restos de “Marita” debajo de prostíbulos o en terrenos que pertenecieron a algunos de los nombrados por los querellantes, aún permanece vigente la hipótesis que ocasionó allanamientos en Burgos y la detención de Ramona Alcaraz, quien según la testigo Rosa Galván había llevado a la joven tucumana al país ibérico, junto a otras dos mujeres. El primer investigador de ese dato fue el entonces comisario Jorge Tobar, quien determinó que si a la hija de Trimarco la sacaron del país, fue bajo una identidad falsa. La investigación prosiguió, y cuando se realizaron los allanamientos y se detuvo a Alcaraz en 2004, la causa fue cerrada por Reinoso Cuello para elevarla a juicio. Más tarde abriría la causa “paradero”, pero la pista “España” no fue afianzada por la Justicia tucumana. Sin embargo, el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo, investiga la conexión de redes riojanas y españolas, y su posible vinculación con el destino de “Marita”. Además en la Justicia española existen dos causas abiertas tras denuncias de Trimarco. “No hay nadie, ninguna persona en el Poder Judicial de Tucumán, que se esté ocupando de buscarla a ‘Marita’”, asegura el abogado Carlos Garmendia, representante de Trimarco. Y el estado de las cinco causas que se abrieron en el marco de la desaparición de la joven, ocurrida el 3 de abril de 2002, parece darle la razón:
Paradero. La búsqueda de “Marita” fue delegada por la fiscala Reinoso Cuello en el comisario Julio Fernández, que intervino durante la instrucción y participó de varios allanamientos en los prostíbulos de la familia Medina-Gómez en La Rioja. El único funcionario judicial que conocía en detalle todo el expediente “paradero”, además de la fiscala, era el prosecretario Manuel “Lalo” Uro, quien fue asesinado junto al comisario Víctor Barraza durante un allanamiento hace dos años. Desde entonces no hay un empleado asignado a la instrucción de la causa, contó Garmendia.
Secuestro. La causa principal, que terminó con la condena de 10 personas luego de la revisión de la Corte Suprema, aún espera el fallo del máximo tribunal que lo deje firme. Fuentes judiciales comentaron que el vocal René Goane aún no firmó su voto para que el expediente pueda ser girado a Alicia Freidenberg y Alfonso Zóttoli. La celeridad que caracterizó a la Corte para voltear el fallo absolutorio no se aplica en esta instancia, que lleva ya un año y medio sin resolución. De los condenados sólo cumple prisión preventiva Gonzalo Gómez en el penal de Villa Urquiza y Paola Gaitán recibió el beneficio de la prisión domiciliaria por tener hijos menores. Se encuentra en su casa de La Rioja. El resto de los condenados está en libertad.
El otro imputado. Cuando el juez Víctor Pérez elevó la causa a juicio oral, dejó afuera a otras 12 personas que habrían integrado redes de prostitución. Luego del fallo condenatorio de la Corte Suprema, los miembros de la Cámara de Apelaciones de Tucumán Liliana Vitar y Eudoro Albo, dictaminaron que uno de los sobreseidos debía ser juzgado. Se trata de Pablo Milhein, hermano de la condenada Daniela Milhein, en cuya casa habrían mantenido cautiva a “Marita” antes de enviarla a los prostíbulos de La Rioja. Pasó más de un año y el expediente aún no fue elevado para que se realice el juicio oral, según afirmaron fuentes de la sala II de la Cámara Penal, donde está asignada la causa. En el sistema informático el expediente figura con acceso reservado.
El caso de Fátima. La testigo que dijo haber visto a “Marita” en casa de los Milhein, Fátima, había realizado su denuncia por el secuestro que dice haber sufrido. La fiscala Adriana Giannoni había elevado la causa a juicio oral, y el expediente se encuentra desde hace seis años en la sala I de la Cámara Penal, a la espera de que se fije fecha de juicio oral. En esta causa están imputados Daniela Milhein y Alejandro González (también uno de los 10 condenados por el secuestro de “Marita”).
Amenazas. Durante el juicio oral, una testigo y su madre habían denunciado que Daniela Milhein las había visitado para pedirles que cambiaran su declaración. El tribunal había ordenado que se investigara esa situación y el expediente recayó en la Fiscalía de Instrucción de la III° Nominación. La flamante fiscala María del Carmen Reuter confirmó que en tres años, la denuncia no tuvo ni una sola disposición de la Justicia.
Por otro carril corren los vericuetos del juicio político que inició Trimarco contra los jueces que dictaron las absoluciones. Lo real es que cuando la madre de “Marita” afirma que la Justicia tucumana no le dio ninguna respuesta sobre qué pasó con su hija, no se equivoca.
El testimonio es uno de los tantos que abonan la pista “España” como destino final de la hija de Susana Trimarco. Aunque cada tanto aparecen excavaciones para buscar los restos de “Marita” debajo de prostíbulos o en terrenos que pertenecieron a algunos de los nombrados por los querellantes, aún permanece vigente la hipótesis que ocasionó allanamientos en Burgos y la detención de Ramona Alcaraz, quien según la testigo Rosa Galván había llevado a la joven tucumana al país ibérico, junto a otras dos mujeres. El primer investigador de ese dato fue el entonces comisario Jorge Tobar, quien determinó que si a la hija de Trimarco la sacaron del país, fue bajo una identidad falsa. La investigación prosiguió, y cuando se realizaron los allanamientos y se detuvo a Alcaraz en 2004, la causa fue cerrada por Reinoso Cuello para elevarla a juicio. Más tarde abriría la causa “paradero”, pero la pista “España” no fue afianzada por la Justicia tucumana. Sin embargo, el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo, investiga la conexión de redes riojanas y españolas, y su posible vinculación con el destino de “Marita”. Además en la Justicia española existen dos causas abiertas tras denuncias de Trimarco. “No hay nadie, ninguna persona en el Poder Judicial de Tucumán, que se esté ocupando de buscarla a ‘Marita’”, asegura el abogado Carlos Garmendia, representante de Trimarco. Y el estado de las cinco causas que se abrieron en el marco de la desaparición de la joven, ocurrida el 3 de abril de 2002, parece darle la razón:
Paradero. La búsqueda de “Marita” fue delegada por la fiscala Reinoso Cuello en el comisario Julio Fernández, que intervino durante la instrucción y participó de varios allanamientos en los prostíbulos de la familia Medina-Gómez en La Rioja. El único funcionario judicial que conocía en detalle todo el expediente “paradero”, además de la fiscala, era el prosecretario Manuel “Lalo” Uro, quien fue asesinado junto al comisario Víctor Barraza durante un allanamiento hace dos años. Desde entonces no hay un empleado asignado a la instrucción de la causa, contó Garmendia.
Secuestro. La causa principal, que terminó con la condena de 10 personas luego de la revisión de la Corte Suprema, aún espera el fallo del máximo tribunal que lo deje firme. Fuentes judiciales comentaron que el vocal René Goane aún no firmó su voto para que el expediente pueda ser girado a Alicia Freidenberg y Alfonso Zóttoli. La celeridad que caracterizó a la Corte para voltear el fallo absolutorio no se aplica en esta instancia, que lleva ya un año y medio sin resolución. De los condenados sólo cumple prisión preventiva Gonzalo Gómez en el penal de Villa Urquiza y Paola Gaitán recibió el beneficio de la prisión domiciliaria por tener hijos menores. Se encuentra en su casa de La Rioja. El resto de los condenados está en libertad.
El otro imputado. Cuando el juez Víctor Pérez elevó la causa a juicio oral, dejó afuera a otras 12 personas que habrían integrado redes de prostitución. Luego del fallo condenatorio de la Corte Suprema, los miembros de la Cámara de Apelaciones de Tucumán Liliana Vitar y Eudoro Albo, dictaminaron que uno de los sobreseidos debía ser juzgado. Se trata de Pablo Milhein, hermano de la condenada Daniela Milhein, en cuya casa habrían mantenido cautiva a “Marita” antes de enviarla a los prostíbulos de La Rioja. Pasó más de un año y el expediente aún no fue elevado para que se realice el juicio oral, según afirmaron fuentes de la sala II de la Cámara Penal, donde está asignada la causa. En el sistema informático el expediente figura con acceso reservado.
El caso de Fátima. La testigo que dijo haber visto a “Marita” en casa de los Milhein, Fátima, había realizado su denuncia por el secuestro que dice haber sufrido. La fiscala Adriana Giannoni había elevado la causa a juicio oral, y el expediente se encuentra desde hace seis años en la sala I de la Cámara Penal, a la espera de que se fije fecha de juicio oral. En esta causa están imputados Daniela Milhein y Alejandro González (también uno de los 10 condenados por el secuestro de “Marita”).
Amenazas. Durante el juicio oral, una testigo y su madre habían denunciado que Daniela Milhein las había visitado para pedirles que cambiaran su declaración. El tribunal había ordenado que se investigara esa situación y el expediente recayó en la Fiscalía de Instrucción de la III° Nominación. La flamante fiscala María del Carmen Reuter confirmó que en tres años, la denuncia no tuvo ni una sola disposición de la Justicia.
Por otro carril corren los vericuetos del juicio político que inició Trimarco contra los jueces que dictaron las absoluciones. Lo real es que cuando la madre de “Marita” afirma que la Justicia tucumana no le dio ninguna respuesta sobre qué pasó con su hija, no se equivoca.
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