02 Agosto 2015
Doctrinas que se contradicen. Posturas que se mantienen. Incertidumbre que prevalece. La disputa interna en la Junta Electoral Provincial (JEP) entre el presidente del órgano Antonio Gandur (titular de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán) y el ministro fiscal y pupilar Edmundo Jiménez, a raíz de una serie de planteos de recusación en contra de este último, está en su punto máximo de ebullición, a 22 días de los comicios provinciales.
El punto de controversia entre los magistrados es cómo se resolverá la vacante en este trámite, debido a que Jiménez no podrá participar del Tribunal de Recusación por haber sido el miembro objetado.
El martes se sabía ya que Gandur había dado lugar a los cuestionamientos de casi una veintena de apoderados de partidos políticos en contra del ministro fiscal, quien fue una década funcionario del gabinete de José Alperovich y el 15 de julio fue visto en un bar céntrico dialogando con el vicegobernador Juan Manzur, candidato a la sucesión por el FpV.
El jueves a las 13, la legisladora oficialista Beatriz Bordinaro de Peluffo (bloque Tucumán Crece), que integra la Junta Electoral debido a la inhibición de Manzur y de otras autoridades del cuerpo colegiado, elevó un proyecto de resolución en el órgano encargado de los comicios. En el texto, la alperovichista expresaba su disidencia con Gandur. Además, según se consignó en actuaciones internas de la JEP, Bordinaro de Peluffo adjuntó a la carpeta un escrito que señalaba como reemplazante del ministro fiscal al fiscal de Cámara en lo Penal, Carlos Sale. Este, en su dictamen, también se manifestó en sentido opuesto al titular de la Junta Electoral.
Para convocar a Sale, la legisladora oficialista se sustentó en la resolución N° 208 del Ministerio Público Fiscal, firmada el 17 de julio pasado (notificada a la JEP tres días después). Allí se cita la ley N° 5.454, que establece la conformación del órgano tripartito: “la JEP estará integrada por el presidente de la Corte (...), por el presidente de la Legislatura (...) y por el ministro fiscal (...) o sus reemplazantes legales”. Se menciona además el artículo 64, inciso 7, de la ley N° 6.238 (Ley Orgánica del Poder Judicial), que fija como potestades del ministro público y fiscal “dictar los reglamentos necesarios para la actuación y funcionamiento” del cuerpo de acusadores.
Al tomar conocimiento del documento que había acercado Bordinaro de Peluffo, Gandur dictó ese día una resolución advirtiendo que la legisladora había “incluido ilegítimamente, por no encontrarse legalmente designado subrogante legal, la opinión del fiscal Sale”. “Corresponde declarar que su opinión es de ningún valor en estas actuaciones”, remarcó el presidente de la Junta. Agregó que, según el artículo 15, inciso 4, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sobre su cargo recaía “la potestad ordenatoria de disponer la integración del tribunal”. Señaló luego resoluciones del Ministerio Público Fiscal y Pupilar de 2000 y de 2001, y la acordada N° 792/2015 (firmada por el alto tribunal en pleno el miércoles pasado, es decir, un día antes del voto de Bordinaro de Peluffo). Esos instrumentos, según Gandur, indican que la designación del reemplazante del ministro fiscal “debe ajustarse a los principios de legalidad”. Así, dispuso que el expediente fuera remitido a la fiscal de Cámara en lo Civil, Comercial y Laboral y Contencioso Administrativo, Elena Sangenis de Terraf, para que ella dirimiera el caso de Jiménez.
La magistrada se excusó el viernes, debido a que es pariente de un apoderado de la oposición. Siguiendo esos criterios, Gandur remitió la cuestión al despacho del fiscal de Cámara de Apelaciones en lo Penal, Alejandro Noguera, ya que se había agotado “la materia” fijada en el criterio de legalidad -lo contencioso administrativo- pero debía continuarse por jerarquía puesto que Noguera es superior de Sale en la estructura del fuero penal, más allá de que Jiménez designara reemplazante legal suyo al segundo.
“Tiene que decidir el doctor Noguera”, insistió Gandur ayer en diálogo con LA GACETA.
Jiménez, a su turno, le expresó a este diario que “Sale es siempre quien me reemplaza”. “Desde que estoy en el Ministerio (Público Fiscal), él siempre lo hizo en mis ausencias. Incluso, tengo entendido que también reemplazaba a (Luis) de Mitri”, dijo. Y agregó que, como está impugnado, es un tema que “debe resolver la Junta”. Sin embargo, dijo que actuó conforme a las normativas vigentes. “Ahora, si no se quiere cumplir la ley, la Junta tendrá que aplicar un criterio”, remarcó el ministro fiscal.
El punto de controversia entre los magistrados es cómo se resolverá la vacante en este trámite, debido a que Jiménez no podrá participar del Tribunal de Recusación por haber sido el miembro objetado.
El martes se sabía ya que Gandur había dado lugar a los cuestionamientos de casi una veintena de apoderados de partidos políticos en contra del ministro fiscal, quien fue una década funcionario del gabinete de José Alperovich y el 15 de julio fue visto en un bar céntrico dialogando con el vicegobernador Juan Manzur, candidato a la sucesión por el FpV.
El jueves a las 13, la legisladora oficialista Beatriz Bordinaro de Peluffo (bloque Tucumán Crece), que integra la Junta Electoral debido a la inhibición de Manzur y de otras autoridades del cuerpo colegiado, elevó un proyecto de resolución en el órgano encargado de los comicios. En el texto, la alperovichista expresaba su disidencia con Gandur. Además, según se consignó en actuaciones internas de la JEP, Bordinaro de Peluffo adjuntó a la carpeta un escrito que señalaba como reemplazante del ministro fiscal al fiscal de Cámara en lo Penal, Carlos Sale. Este, en su dictamen, también se manifestó en sentido opuesto al titular de la Junta Electoral.
Para convocar a Sale, la legisladora oficialista se sustentó en la resolución N° 208 del Ministerio Público Fiscal, firmada el 17 de julio pasado (notificada a la JEP tres días después). Allí se cita la ley N° 5.454, que establece la conformación del órgano tripartito: “la JEP estará integrada por el presidente de la Corte (...), por el presidente de la Legislatura (...) y por el ministro fiscal (...) o sus reemplazantes legales”. Se menciona además el artículo 64, inciso 7, de la ley N° 6.238 (Ley Orgánica del Poder Judicial), que fija como potestades del ministro público y fiscal “dictar los reglamentos necesarios para la actuación y funcionamiento” del cuerpo de acusadores.
Al tomar conocimiento del documento que había acercado Bordinaro de Peluffo, Gandur dictó ese día una resolución advirtiendo que la legisladora había “incluido ilegítimamente, por no encontrarse legalmente designado subrogante legal, la opinión del fiscal Sale”. “Corresponde declarar que su opinión es de ningún valor en estas actuaciones”, remarcó el presidente de la Junta. Agregó que, según el artículo 15, inciso 4, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sobre su cargo recaía “la potestad ordenatoria de disponer la integración del tribunal”. Señaló luego resoluciones del Ministerio Público Fiscal y Pupilar de 2000 y de 2001, y la acordada N° 792/2015 (firmada por el alto tribunal en pleno el miércoles pasado, es decir, un día antes del voto de Bordinaro de Peluffo). Esos instrumentos, según Gandur, indican que la designación del reemplazante del ministro fiscal “debe ajustarse a los principios de legalidad”. Así, dispuso que el expediente fuera remitido a la fiscal de Cámara en lo Civil, Comercial y Laboral y Contencioso Administrativo, Elena Sangenis de Terraf, para que ella dirimiera el caso de Jiménez.
La magistrada se excusó el viernes, debido a que es pariente de un apoderado de la oposición. Siguiendo esos criterios, Gandur remitió la cuestión al despacho del fiscal de Cámara de Apelaciones en lo Penal, Alejandro Noguera, ya que se había agotado “la materia” fijada en el criterio de legalidad -lo contencioso administrativo- pero debía continuarse por jerarquía puesto que Noguera es superior de Sale en la estructura del fuero penal, más allá de que Jiménez designara reemplazante legal suyo al segundo.
“Tiene que decidir el doctor Noguera”, insistió Gandur ayer en diálogo con LA GACETA.
Jiménez, a su turno, le expresó a este diario que “Sale es siempre quien me reemplaza”. “Desde que estoy en el Ministerio (Público Fiscal), él siempre lo hizo en mis ausencias. Incluso, tengo entendido que también reemplazaba a (Luis) de Mitri”, dijo. Y agregó que, como está impugnado, es un tema que “debe resolver la Junta”. Sin embargo, dijo que actuó conforme a las normativas vigentes. “Ahora, si no se quiere cumplir la ley, la Junta tendrá que aplicar un criterio”, remarcó el ministro fiscal.
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