El oficialismo de la Legislatura archivó la acusación contra Herrera y su autodenuncia

El oficialismo de la comisión de Juicio Político de la Legislatura alivió la situación del cuestionado fiscal de Instrucción de la X Nominación, Guillermo Segundo Herrera.

Ni la autodenuncia que había concretado el magistrado en el edificio de calle Muñecas 950, ni el pedido de remoción que había planteado el ciudadano Walter Fabián Delgado (querellante y a la vez acusado en una presunta usurpación) prosperaron en el cuerpo colegiado. La mayoría oficialista de la comisión de Juicio Político, que preside el referente alperovichista Sisto Terán Nougués, resolvió archivar ambas causas. El único representante de la oposición en ese comité parlamentario, Ricardo Bussi (Fuerza Republicana), votó en disidencia a sus pares mediante un dictamen de minoría.

El 19 de junio, Delgado se presentó en la Legislatura para demandar a Herrera y solicitar su remoción como funcionario constitucional. Manifestó que, en 2013, él y su hermano, José Dante Delgado, habían sido acusados de usurpar dos hectáreas ubicadas sobre la avenida Perón por parte del club San Martín. Como consecuencia de ello, Herrera entregó la propiedad a la entidad con la autorización del juez Juan Francisco Pisa y archivó la causa. El denunciante adujo que ello procedió sin que fuese citado a prestar declaración indagatoria y que, a continuación, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción revocó la medida. Luego, expresó que el fiscal de Instrucción dispuso la devolución del bien a los Delgado y que, al día siguiente, se arrepintió y solamente les entregó una fracción de 10 metros por 60. El terreno restante quedó en manos de San Martín.

En su acusación, manifestó que Herrera había demostrado ignorancia inexcusable del Derecho; incumplido en forma injustificada los deberes inherentes a su cargo; retardado un pronunciamiento; reiterado las irregularidades en el procedimiento y contraído obligaciones con los profesionales vinculados a él en razón del ejercicio de sus funciones.

En el marco de esta y otras investigaciones penales, Herrera recibió cuestionamientos del Cuerpo de Auditores de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y del presidente del Colegio de Abogados, Francisco García Posse. Ante esto, el magistrado acudió a la Legislatura y se autodenunció.

Ambos procesos quedaron pendientes debido a la feria judicial. Ayer, la comisión de Juicio Político se reunió en la Legislatura, y trató ambos expedientes antes de su vencimiento.

Respecto de la autodenuncia, según fuentes del cuerpo colegiado, se le libró un oficio a Herrera peticionándole “que rectificara vicios formales que tenía su presentación”. “Nunca fueron corregidos. Entonces, por resolución de presidencia, se determinó el archivo de la causa. Además, no era lógico (que se acusara a sí mismo). No hay antecedentes en la materia”, relató una fuente del oficialismo.

El proceso iniciado por Delgado también tuvo por desenlace el archivo. En este caso, según explicaron desde la comisión de Juicio Político, se envió un oficio al Poder Judicial de la Provincia para que informara el estado de la causa sobre la presunta usurpación. “Nos respondieron que el proceso está pendiente de resolución, en trámite, y con un proceso de restitución de inmueble a los denunciantes, ordenado por el juez de instrucción”, manifestó un alperovichista.

El legislador Bussi elevó un dictamen de minoría que proponía avanzar con el proceso de destitución de Herrera.

“Se denuncian actos que constituyen un claro apartamiento de las resoluciones adoptadas por los órganos judiciales. En particular se denuncia la ejecución irregular por parte del funcionario -según sus propios parámetros y criterios- de la orden emanada de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción sobre la restitución -al denunciante (Delgado) y su hermano- del terreno en disputa, la que el funcionario cumplió de manera diferente a la resuelta por el Tribunal”, señaló el opositor, en un documento de 14 páginas que presentó ante sus pares. Y agregó: “en este proceso, se denuncian otros actos o hechos que no forman parte de las funciones propias del denunciado (por Herrera), sino que podrían encuadrar en más de una causal de mal desempeño, como las vinculaciones estrechas entre éste y un estudio jurídico, las que –de probarse- implicarían no sólo mal desempeño, sino que también podrían constituir ilícitos penados por la ley”. Con estos argumentos, Bussi consideró que correspondía la elevación del expediente al Jurado de Enjuiciamiento para que avanzara el trámite de remoción contra Herrera. “El fiscal de Instrucción de la X Nominación podría haber incurrido en la causal genérica de incumplimiento de los deberes a su cargo, de acuerdo a los hechos denunciados en este expediente, sin perjuicio de que el denunciante (Delgado) amplíe los fundamentos de su pedido”, expresó el legislador Bussi.

Además del republicano y del presidente Terán Nougués, integran la comisión de Juicio Político los alperovichistas Guillermo Gassenbauer, Roque Álvarez, Beatriz Bordinaro de Peluffo, Manuel Fernández, Gregorio García Biagosch, Iván Llorens Dip, Víctor Lossi, José Orellana y Alfredo Quinteros.

Las acusaciones en contra de Herrera y su autodenuncia estuvieron enmarcadas en una crisis que atraviesa el Poder Judicial. El fiscal aseguró en declaraciones públicas que el Cuerpo de Auditores funcionaba como una “Gestapo” (institución policial de la Alemania nazi), a cargo del presidente de la CSJT, Gandur. De hecho, anunció que iba a solicitar también un juicio político en contra del titular del alto tribunal, aunque finalmente no concretó ese planteo. Ayer, Herrera al menos quedó aliviado.