20 Septiembre 2015
ESTUDIOSO DE LA HISTORIA. Santiago (h) en el Palacio de Justicia local. la gaceta / foto de florencia zurita
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) debe medir sus fuerzas, y sólo embarcarse en los casos determinantes para su credibilidad y para el proyecto de país que defiende. Alfonso Santiago (h), director de la obra colectiva “Historia de la Corte Suprema” (2014), opina que los jueces del máximo tribunal del país no van a ningún lado sin esta visión estratégica y que su poder depende de cómo participen en el juego institucional que cada época les presenta.
Después de cinco años de investigación, el proyecto intelectual que supervisó Santiago en el ámbito de la Universidad Austral ha empezado a alumbrar las sombras institucionales del presente, que en Tucumán se proyectan con ansiedad. Dicha obra desciende del apotegma de Cicerón, quien pensó y dijo que la historia es testigo de los tiempos, fuente de memoria, luz de la verdad y maestra de la vida. En línea con la máxima del retórico romano, el jurista comenta a LA GACETA que el cuerpo que estudió vivió sus horas más difíciles en 1930, cuando aprobó el Golpe de Estado de José Félix Uriburu, y en 1947, cuando sus jueces fueron sometidos a juicio político y destituidos por la mayoría afín al entonces presidente Juan Domingo Perón.
“El error institucional más grave de toda la historia de la Corte y el que la deslegitimó socialmente es la convalidación casi inmediata del Golpe de 1930. Esto tuvo unas consecuencias y unas proyecciones impresionantes porque la Argentina es el país latinoamericano que más interrupciones del orden democrático sufrió por los levantamientos militares (seis). Y eso alteró la propia historia de la Corte”, explica el profesor titular de Derecho Constitucional durante la entrevista que concedió el 6 de agosto, antes de presentar el libro en el Palacio de Justicia. El otro error muy caro, según el académico, fue el juicio político de 1947: “desde 1863, cuando comenzó a funcionar, hasta aquel año, la Corte se renovaba naturalmente. A partir de 1947, cada vez que hay un cambio de signo político en el Gobierno, hay un cambio en la Corte”. Esta dinámica imprimió otra modificación con alta carga simbólica: “hasta 1947, la Corte llevaba el nombre del juez que la presidía; a partir de 1947, la Corte lleva el nombre del presidente del Poder Ejecutivo Nacional, como Perón, Arturo Frondizi, Carlos Menem...”. Santiago (h) considera que el país aún no se ha recuperado de estos traumas. “Por eso es muy valiosa la perspectiva histórica, porque enseña muchísimo. Es mucho más interesante la película que la foto. Para la formación de los jueces y de los abogados, y para su sentido de la prudencia, el conocimiento de la historia de la Corte de la Nación es decisivo”, postula.
-El estudio que dirigió cabe en tres tomos que contienen 2.200 páginas. ¿Cómo resume ese caudal de conocimiento?
-La obra jurídica argentina más importante está en los 337 volúmenes de la colección de fallos de la CSJN. Se trata de uno de los tribunales que más tiempo lleva ejerciendo el control de constitucionalidad en el mundo occidental. La Corte de Estados Unidos, que es la pionera, arranca en 1790: después de ella viene nuestro tribunal. Desde ese punto de vista, tenemos un tesoro: una Corte que es el último intérprete de la Constitución y que desde hace más de 150 años controla la constitucionalidad de los actos de los demás poderes. Nosotros hemos dividido ese tiempo en 12 períodos y en cada uno de ellos hemos intentado contestar estas preguntas: ¿cuándo y dónde actuó la Corte? ¿Quiénes fallaron? ¿Qué decidieron? ¿Cómo y por qué se pronunciaron?
-¿Cuáles son las notas que definen a la Corte de los Kirchner?
-Ese período empieza en 2003. La Corte inicia esta etapa con el enorme desprestigio heredado de la Corte anterior (1990-2003): quizá es es el mayor desprestigio en 150 años. ¿Cómo buscó recuperar la confianza? Por el lado de un cierto activismo judicial, intentando aparecer ante la sociedad como una institución que suplía las deficiencias de los otros poderes, como muestran los casos “Riachuelo” en materia de medio ambiente y “Badaro” en cuanto a la actualización de las jubilaciones. Ahí hay un cambio de una Corte moderadora, que ejerce el control y sanciona los excesos de los otros poderes, a otra activista. Es la primera nota que define a la Corte de los Kirchner. Pero por otro lado esto es lo que está pasando en el mundo contemporáneo: cada vez más las demandas políticas y sociales golpean las puertas de la Justicia, y no sólo las de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Entonces, el Poder Judicial dispone de un campo de posibilidades que debe manejar con mucha prudencia. Inicialmente el Poder Judicial no está pensando para poner en marcha políticas públicas, pero sí puede funcionar como un despertador de ellas. Es lo que ocurrió con la integración racial que decidió la Corte de EE.UU. en 1954. El efecto inmediato fue muy bajo, pero, nueve años después, el Congreso dictó la Ley de Derechos Civiles, que aceleró el proceso. El Poder Judicial puede despertar políticas públicas pero es muy malo para instrumentarlas porque, insisto, no está concebido para ello: le corresponde esperar a que los otros poderes hagan propias las pautas que fijó.
-Pero igualmente esta Corte tomó decisiones de control que no fueron obedecidas, como cuando ordenó la restitución del procurador de Santa Cruz (caso “Peralta”).
-La desobediencia no es nueva, como muestra el caso de Jacobo Timerman. El padre del canciller Héctor Timerman había sido detenido durante la última dictadura y entonces la Corte del Proceso exigió su liberación pero el Gobierno militar envió señales de que no iba a acatar la instrucción. Entonces la Corte dijo: “si no cumplen, nosotros renunciamos”. Ante esa situación, los militares dieron a Timerman la posibilidad de salir del país. La Corte jugó fuertemente y logró la liberación. En 1986, durante la gestión de Raúl Alfonsín, la Corte consideró por primera vez que un juicio político era una cuestión justiciable y dijo a la Provincia de San Juan que, si no obedecía, iba a instruir al fiscal para que llevara adelante las acciones por desacato. La Corte tiene que medir su poder. Como decía el juez John Marshall, la Corte no sólo debe dictar sentencias sino también hacerlas cumplir. Su función es emitir fallos posibles. Además de la capacidad técnico-jurídica, los jueces necesitan intuición política-institucional para no hacer fallos inaplicables que afecten su credibilidad.
-Pero, en ciertas ocasiones, no dictarlos puede implicar una debilidad y una afectación de la independencia judicial.
-Ese es el juego institucional. En el origen del control de constitucionalidad, Marshall falló en contra del poder político que lo había nombrado pero obtuvo un enorme poder para su Corte. Es una cuestión de estrategia: para ser buen juez hay que tener una visión estratégica respecto de la Corte, del Poder Judicial y del país.
-¿Cómo debería ser la Corte Suprema ideal?
-La primera condición es la independencia: que decida lo que decida, pero que lo haga desde la independencia, es decir, sin vínculos que aten a los jueces con los poderes políticos que los designaron. Es indispensable que la Corte tenga muy en claro su rol institucional, que no es sólo el de tribunal de justicia sino también el de Poder del Estado. Debe poseer una visión estratégica: su labor no es muscular sino cerebral. En tercer lugar, debe autolimitarse para no invadir a los demás poderes. Y, por último, acertar en sus decisiones. Cuando acierta en un caso particular, se beneficia la sociedad entera. Y cuando no lo hace, todos retrocedemos muchos casilleros.
Después de cinco años de investigación, el proyecto intelectual que supervisó Santiago en el ámbito de la Universidad Austral ha empezado a alumbrar las sombras institucionales del presente, que en Tucumán se proyectan con ansiedad. Dicha obra desciende del apotegma de Cicerón, quien pensó y dijo que la historia es testigo de los tiempos, fuente de memoria, luz de la verdad y maestra de la vida. En línea con la máxima del retórico romano, el jurista comenta a LA GACETA que el cuerpo que estudió vivió sus horas más difíciles en 1930, cuando aprobó el Golpe de Estado de José Félix Uriburu, y en 1947, cuando sus jueces fueron sometidos a juicio político y destituidos por la mayoría afín al entonces presidente Juan Domingo Perón.
“El error institucional más grave de toda la historia de la Corte y el que la deslegitimó socialmente es la convalidación casi inmediata del Golpe de 1930. Esto tuvo unas consecuencias y unas proyecciones impresionantes porque la Argentina es el país latinoamericano que más interrupciones del orden democrático sufrió por los levantamientos militares (seis). Y eso alteró la propia historia de la Corte”, explica el profesor titular de Derecho Constitucional durante la entrevista que concedió el 6 de agosto, antes de presentar el libro en el Palacio de Justicia. El otro error muy caro, según el académico, fue el juicio político de 1947: “desde 1863, cuando comenzó a funcionar, hasta aquel año, la Corte se renovaba naturalmente. A partir de 1947, cada vez que hay un cambio de signo político en el Gobierno, hay un cambio en la Corte”. Esta dinámica imprimió otra modificación con alta carga simbólica: “hasta 1947, la Corte llevaba el nombre del juez que la presidía; a partir de 1947, la Corte lleva el nombre del presidente del Poder Ejecutivo Nacional, como Perón, Arturo Frondizi, Carlos Menem...”. Santiago (h) considera que el país aún no se ha recuperado de estos traumas. “Por eso es muy valiosa la perspectiva histórica, porque enseña muchísimo. Es mucho más interesante la película que la foto. Para la formación de los jueces y de los abogados, y para su sentido de la prudencia, el conocimiento de la historia de la Corte de la Nación es decisivo”, postula.
-El estudio que dirigió cabe en tres tomos que contienen 2.200 páginas. ¿Cómo resume ese caudal de conocimiento?
-La obra jurídica argentina más importante está en los 337 volúmenes de la colección de fallos de la CSJN. Se trata de uno de los tribunales que más tiempo lleva ejerciendo el control de constitucionalidad en el mundo occidental. La Corte de Estados Unidos, que es la pionera, arranca en 1790: después de ella viene nuestro tribunal. Desde ese punto de vista, tenemos un tesoro: una Corte que es el último intérprete de la Constitución y que desde hace más de 150 años controla la constitucionalidad de los actos de los demás poderes. Nosotros hemos dividido ese tiempo en 12 períodos y en cada uno de ellos hemos intentado contestar estas preguntas: ¿cuándo y dónde actuó la Corte? ¿Quiénes fallaron? ¿Qué decidieron? ¿Cómo y por qué se pronunciaron?
-¿Cuáles son las notas que definen a la Corte de los Kirchner?
-Ese período empieza en 2003. La Corte inicia esta etapa con el enorme desprestigio heredado de la Corte anterior (1990-2003): quizá es es el mayor desprestigio en 150 años. ¿Cómo buscó recuperar la confianza? Por el lado de un cierto activismo judicial, intentando aparecer ante la sociedad como una institución que suplía las deficiencias de los otros poderes, como muestran los casos “Riachuelo” en materia de medio ambiente y “Badaro” en cuanto a la actualización de las jubilaciones. Ahí hay un cambio de una Corte moderadora, que ejerce el control y sanciona los excesos de los otros poderes, a otra activista. Es la primera nota que define a la Corte de los Kirchner. Pero por otro lado esto es lo que está pasando en el mundo contemporáneo: cada vez más las demandas políticas y sociales golpean las puertas de la Justicia, y no sólo las de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Entonces, el Poder Judicial dispone de un campo de posibilidades que debe manejar con mucha prudencia. Inicialmente el Poder Judicial no está pensando para poner en marcha políticas públicas, pero sí puede funcionar como un despertador de ellas. Es lo que ocurrió con la integración racial que decidió la Corte de EE.UU. en 1954. El efecto inmediato fue muy bajo, pero, nueve años después, el Congreso dictó la Ley de Derechos Civiles, que aceleró el proceso. El Poder Judicial puede despertar políticas públicas pero es muy malo para instrumentarlas porque, insisto, no está concebido para ello: le corresponde esperar a que los otros poderes hagan propias las pautas que fijó.
-Pero igualmente esta Corte tomó decisiones de control que no fueron obedecidas, como cuando ordenó la restitución del procurador de Santa Cruz (caso “Peralta”).
-La desobediencia no es nueva, como muestra el caso de Jacobo Timerman. El padre del canciller Héctor Timerman había sido detenido durante la última dictadura y entonces la Corte del Proceso exigió su liberación pero el Gobierno militar envió señales de que no iba a acatar la instrucción. Entonces la Corte dijo: “si no cumplen, nosotros renunciamos”. Ante esa situación, los militares dieron a Timerman la posibilidad de salir del país. La Corte jugó fuertemente y logró la liberación. En 1986, durante la gestión de Raúl Alfonsín, la Corte consideró por primera vez que un juicio político era una cuestión justiciable y dijo a la Provincia de San Juan que, si no obedecía, iba a instruir al fiscal para que llevara adelante las acciones por desacato. La Corte tiene que medir su poder. Como decía el juez John Marshall, la Corte no sólo debe dictar sentencias sino también hacerlas cumplir. Su función es emitir fallos posibles. Además de la capacidad técnico-jurídica, los jueces necesitan intuición política-institucional para no hacer fallos inaplicables que afecten su credibilidad.
-Pero, en ciertas ocasiones, no dictarlos puede implicar una debilidad y una afectación de la independencia judicial.
-Ese es el juego institucional. En el origen del control de constitucionalidad, Marshall falló en contra del poder político que lo había nombrado pero obtuvo un enorme poder para su Corte. Es una cuestión de estrategia: para ser buen juez hay que tener una visión estratégica respecto de la Corte, del Poder Judicial y del país.
-¿Cómo debería ser la Corte Suprema ideal?
-La primera condición es la independencia: que decida lo que decida, pero que lo haga desde la independencia, es decir, sin vínculos que aten a los jueces con los poderes políticos que los designaron. Es indispensable que la Corte tenga muy en claro su rol institucional, que no es sólo el de tribunal de justicia sino también el de Poder del Estado. Debe poseer una visión estratégica: su labor no es muscular sino cerebral. En tercer lugar, debe autolimitarse para no invadir a los demás poderes. Y, por último, acertar en sus decisiones. Cuando acierta en un caso particular, se beneficia la sociedad entera. Y cuando no lo hace, todos retrocedemos muchos casilleros.
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