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Radio universidad
Esta carta está dirigida esencialmente a las autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán con el objeto de expresar -como universitaria que ha transitado muchos años por nuestra Casa- mi preocupación acerca del estado en que se encuentra el espacio correspondiente a Radio Universidad en el Centro Cultural Virla. Realmente me ha parecido alarmante y poco digno ese lugar para el trabajo que lleva a cabo todo su personal: aberturas peligrosas, instalación eléctrica insegura, un lugar inapropiado para aparatos de efectos peligrosos, paredes descascaradas, oficinas sumamente estrechas para las tareas etcétera. Me consta, por experiencia propia, que la Universidad ha llevado a cabo una expansión importante en cuanto a construcciones se refiere. Un ejemplo de ello son los edificios realizados bajo mi gestión en Filosofía y Letras durante el período de gobierno del rector Juan Cerisola, y vice, Alicia Bardón. Se hicieron muchas obras en la UNT pero no fue atendida Radio Universidad, un espacio de comunicación valioso para los universitarios y para el público en general. Una radio respetuosa del pluralismo y de la libertad de expresión. Me interioricé de las gestiones realizadas por su director y de la presencia de profesionales para analizar su refacción. Sería deseable que esto se llevara a cabo en un corto plazo y que fuera un proyecto prioritario dentro de la planificación establecida. La revalorización de un medio de comunicación de esta naturaleza dignificaría a la UNT.
Judith Casali de Babot
Río Paraná 111
Yerba Buena
Fondos discretos
Según los números publicados en LA GACETA, en nueve meses se trasladaron desde una entidad bancaria a la Legislatura $ 490 millones, y por cuerda separada se registraron 59.200 pobres. Nada obsta para pensar que nuestros legisladores hayan destinado aproximadamente, $ 8.500 para cada uno de ellos, atento a las ayudas sociales que declaran efectuar. Pregunto si acaso puedo ser indiscreto utilizando esa aritmética escolar para validar el destino del dinero o si alguna ecuación más sensible a las necesidades de los indigentes, los mueve al discreto silencio con que manejan los incontrolables fondos.
Carlos Valdez
caracuvaldez@yahoo.com.ar

Viviendas en altura
Nos llama la atención la histórica inacción de la Municipalidad de la capital por permitir que empresas constructoras sigan estafando a la gente con sus emprendimientos inmobiliarios. Hablo como inquilina que habita un edificio en pleno centro (Salta al 600) de una reconocida firma que posee varios edificios de altura por fuera de las normas de construcción. De hecho edificó, en cada uno de ellos, más pisos que lo que la normativa le permite. En este caso me refiero a un edificio que consta de 17 pisos con 11 departamentos por piso, y que no tiene gas natural (usamos garrafa) ni medidor de luz y pagamos expensas de $ 800. Los edificios (de la Salta al 600, Monteagudo al 800, San Juan al 200, y el resto) están sin terminación de obra, pero habitados todos. Los entregaron sin luces de emergencia, y sin concluir pisos y techos de las cocheras. El martes 17 nos quedamos sin electricidad y sin agua por casi 48 horas, lo que nos ocasionó serias dificultades a quienes habitamos en los pisos más altos, ya que tuvimos que descender y ascender por las escaleras a oscuras, arriesgando nuestras vidas. Es de conocimiento público que un grupo de estos edificios son administrados por un importante estudio jurídico. Esperamos que las autoridades municipales se ocupen de este tema.
Paula C. Muratore
pau2713@gmail.com

Subsidio de Salud
La ley nacional 23.660 de Obras Sociales establece que los afiliados deben pagar como única cuota mensual, sólo el 3% del sueldo, con ello cubre a todo su grupo familiar, de todo tipo de prestaciones y en cualquier parte de la Argentina, mientras que el Subsidio de Salud cobra el 4,5% (el 50% más) para una atención básica, más un adicional (Plan complementario) para algunas otras prestaciones especiales y, únicamente en Tucumán, porque es como una empresa privada, motivo por el que actúa al margen de la Superintendencia de Salud de la Nación. Los dueños legítimos del IPSST son los jubilados y empleados del Estado, pero tienen sus derechos suspendidos (está intervenido), y todas las decisiones las toma solamente el interventor, sin importarle el Plan Médico Obligatorio, por eso los prestadores (médicos y otros) hacen lo que quieren (cobran plus) con los contratos. Los afiliados tienen la solución, cautivos por una ley monopólica (inconstitucional), deberían convocar a elecciones de autoridades legítimas y recuperar la institución que por estatuto les corresponde. La consigna es que no se quejen si no reclaman lo que por ley es suyo.
Roberto Córdoba
robniccorame@gmail.com


















