La Iglesia advirtió que el narcotráfico es “un drama nacional”

La Conferencia Episcopal Argentina dio a conocer un documento en el que remarcó que la problemática de la droga "carcome el Estado de Derecho".

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor José María Arancedo.  ARCHIVO El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor José María Arancedo. ARCHIVO
01 Diciembre 2015

BUENOS AIRES.- La Iglesia denunció hoy que la Argentina vive una “gran indefensión institucional” como consecuencia del avance del narcotráfico que “carcome el Estado de Derecho”, por lo que reclamó a las autoridades la aplicación de políticas públicas "explícitas y firmes" para eliminar esta “plaga”.

La Conferencia Episcopal Argentina exhortó en un nuevo documento a reconocer que el narcotráfico es “un drama nacional” y advirtió que “la guerra contra las drogas está perdida para quien no se opone a la instalación de este sistema”.
   
“En diversos lugares del país se vive en una gran indefensión institucional, que reclama la responsabilidad de quienes gobiernan y de todos los legisladores y miembros del poder judicial: se necesitan políticas de Estado que sean adecuadas y explícitas, concretas y firmes, para eliminar el narcotráfico y el narcomenudeo”, sostuvo.
   
La Iglesia insistió en advertir que "el narcotráfico y otras mafias han crecido enormemente en los últimos años" y lamentó que el flagelo del narcodelito "ya se encuentra arraigado en nuestro país".
   
Los obispos aseveraron que esta presencia y difusión del narcotráfico es "incomprensible sin la complicidad del poder en sus diversas formas".
   
"Es doloroso constatar que, además, las drogas, signos de muerte, se producen en la Argentina", denunciaron en el documento.
   
“Instalando su propia ley, el narcotráfico va carcomiendo el Estado de Derecho. Progresivamente los conflictos van abandonando la legislación y los tribunales, para resolverse con la ley de la fuerza y la violencia”, aseveró en el documento.
   
Los obispos llevaron una palabra de aliento a los jueces que “incluso arriesgando sus vidas y las de sus familias encaran seriamente su misión respecto de este tema” y consideraron necesario “reforzar el papel de una justicia independiente y su coordinación con las fuerzas públicas profesionalizadas en esta lucha”.
   
La Iglesia reclamó también la necesidad de “poner radares y disponer de las mejores fuerzas de seguridad posibles” para combatir el narcotráfico y el delito organizado, pero aseguró que “respuesta verdaderamente adecuada consiste en una profunda transformación cultural”.
   
“Con dolor vemos que las reservas morales de nuestro pueblo se ven gravemente amenazadas por el narcotráfico, que desintegra el tejido social. En las zonas periféricas, en algunos barrios y villas, el vendedor de droga se ha convertido en un referente social”, cuestionó.    

El Episcopado se preguntó cómo educar a los niños y jóvenes en la cultura del esfuerzo, del trabajo, en la importancia del estado de derecho” cuando “el narcotráfico consagra el triunfo de quien con poco esfuerzo consigue mucho y está al margen de la ley, generando un nuevo escenario de supuesto progreso social”.
   
“Esto desalienta las esperanzas de aquellos que se esfuerzan y anhelan logros, fruto de su trabajo digno. La falta de ejemplaridad es una debilidad moral y cultural en la vida de la sociedad”, agregó.
   
La Iglesia convocó a todos los argentinos a comprometerse con pasión “en el cuidado y acompañamiento de aquellas personas que sufren directa o indirectamente a causa del consumo de drogas” y expresó que quiere estar cerca de las familias heridas por la adicción de algunos de sus miembros.
   
El documento "No al narcotráfico, si a la vida plena" fue presentado en la sede episcopal de Retiro por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor José María Arancedo, el titular de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Jorge Lozano, y el responsable de la Comisión Nacional de Drogadependencia, monseñor Fernando Maletti.
    
Los obispos precisaron que el texto del pronunciamiento fue aprobado en la asamblea plenaria que se realizó del 8 al 13 de noviembre en Pilar, pero se decidió darlo a conocer después de ballottage presidencial.

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