El traspaso del poder perdió rigor institucional

¿Los presidentes de la Nación juran ante el Congreso y reciben los atributos de mando en la Casa Rosada? ¿O toda la ceremonia transcurre en el Poder Legislativo? Las respuestas cambian en función del color político. Al menos hoy es así: mientras que el Gobierno saliente sostiene lo segundo, el equipo que lo reemplazará reclama lo primero. En el tironeo que precede al 10 de diciembre, fecha señalada para que la mandataria Cristina Fernández de Kirchner entregue el poder a Mauricio Macri, presidente electo, hasta Zamba, el personaje del canal infantil público Paka Paka, tuvo participación. El niño de fantasía dijo en un capítulo del dibujo animado que la banda y el bastón se entregan -y reciben- en el Salón Blanco del Poder Ejecutivo.

Aunque pueda parecer un escarceo más entre el kirchnerismo que acaba después de 12 años de gestión matrimonial y la alianza opositora Cambiemos que triunfó en el balotaje del 22 de noviembre, la controversia revela hasta qué punto el traspaso del poder perdió rigor institucional. La tradición que por definición vale para todos los ciudadanos y los tiempos -y por eso es símbolo de la continuidad de un pueblo que trasciende a sus dirigentes circunstanciales- ha sido reemplazada por una lógica personalista, donde lo que importa es la preferencia, el deseo o hasta el capricho de quien ejerce la jefatura del Estado.

La Constitución se limita a regular el juramento de las autoridades, quizá porque nunca nadie imaginó la posibilidad de que la exteriorización del traspaso del poder pudiese ser motivo de conflicto. “Al tomar posesión de su cargo, el presidente y vicepresidente prestarán juramento en manos del presidente del Senado y ante el Congreso reunido en asamblea, respetando sus creencias religiosas, de “desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente (o vicepresidente) de la Nación, y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina”, ordena el artículo 93. En cumplimiento de esta cláusula, el 10 de diciembre, la vicepresidenta electa Gabriela Michetti debe prestar juramento primero en el Poder Legislativo y, en su carácter de titular de la Cámara Alta, pondrá en funciones a Macri, que luego ha de ofrecer el primer mensaje de su Gobierno. En ese entorno aún controlado por el oficialismo saliente, La Cámpora anticipó que ofrecerá una fiesta de despedida a Fernández de Kirchner.

El problema radica en lo que sucederá después del discurso. Faltan cuatro días para el 10 de diciembre y la discusión no ha sido zanjada, con el agravante de que numerosos mandatarios y líderes políticos extranjeros han confirmado su asistencia. “Es un debate lamentable y ‘berreta’”, definió Margarita Stolbizer, ex candidata presidencial del frente Progresistas. Horacio Rodríguez Larreta, sucesor de Macri en la administración de la Ciudad de Buenos Aires, dijo que la cuestión depende del nuevo jefe de Estado y abrió la posibilidad de que Fernández de Kirchner no asista a la ceremonia. “Tampoco se la puede obligar a que vaya a la Casa Rosada”, explicó. El Poder Ejecutivo Nacional, mientras tanto, comunicó que el acto tendrá lugar en el Parlamento. “Al momento de la jura, los atributos (de mando) van a estar en el Congreso, si Macri no los quiere recibir allí, que no los reciba”, contrarrestó Aníbal Fernández, jefe de Gabinete saliente. Para complicar más esta polémica, Juan Carlos Pallarols, el artesano que fabricó todos los bastones desde 1983, denunció que agentes de Ceremonial de la Casa Rosada lo habían amenazado para que les entregara la vara, episodio que valió al orfebre un pedido de disculpas.

Ortega lo hizo

El traspaso del poder también perdió rigor institucional en Tucumán. Hasta 1991, el gobernador surgido de elecciones libres juraba y daba una alocución en la Legislatura, y luego completaba la toma de posesión del cargo en la sede del Poder Ejecutivo. Ramón “Palito” Ortega interrumpió -¿para siempre?- esta costumbre al prestar juramento en el teatro San Martín. Las crónicas periodísticas no explican el porqué del cambio -que algunos atribuyen a su pertenencia al mundo del espectáculo-, pero sí hablan de una Asamblea Legislativa especial por la presencia del entonces presidente Carlos Menem. Ortega no sólo quebró la tradición que había observado puntillosamente Fernando Riera y con matices José Domato -recibió anticipadamente el comando del Poder Ejecutivo en la Casa de Gobierno-, también fue el único mandatario del período democrático iniciado en 1983 a quien un jefe de Estado nacional le colocó la banda celeste y blanca. El gesto implicó nada más ni nada menos que la recuperación de un atributo oficial que no se usaba desde la época de Celestino Gelsi.

El desembarco político de Ortega en su provincia natal, luego de triunfar como cantante, procuraba regularizar una anomalía institucional: la intervención federal de nueve meses que el propio Menem había decretado a propósito de la crisis que liquidó al Gobierno de Domato, disolvió la Legislatura y colocó a los jueces en comisión. El interventor federal Julio César Aráoz había sido puesto en funciones el 18 de enero de 1991 por Julio Mera Figueroa, entonces ministro del Interior, y con la ausencia del gobernador desplazado. La ceremonia se desarrolló en la Casa de Gobierno y fue transmitida por altavoces al gentío convocado en la Plaza Independencia; luego, Aráoz se asomó al balcón a saludar a la ciudadanía. En su primer discurso, el delegado de Menem en la provincia dijo entonces que iba a ser inflexible con la investigación y el castigo de los casos de corrupción.