“Pedimos a Gils Carbó que dé un paso al costado”

El Gobierno de Mauricio Macri volvió a solicitar la renuncia de Alejandra Gils Carbó, procuradora general de la Nación. “Le pedimos que dé un paso al costado”, dijo Germán Garavano, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. El funcionario ligó la dimisión de la jefa de los fiscales federales a la posibilidad de avanzar en reformas del sistema judicial, en especial, en lo atinente al proceso penal.

“Esperamos que Gils Carbó reflexione”, dijo ayer Garavano en diferentes entrevistas radiales. En el pasado, la procuradora general trascendió por su carácter de lideresa de Justicia Legítima, movimiento judicial afín a la administración kirchnerista. El ministro cuestionó a Gils Carbó, a quien la ex presidenta Cristina Fernández nombró en 2012, la falta de profesionalismo para implementar el nuevo Código Procesal Penal (sancionada el año pasado, esta herramienta aumenta el poder de los fiscales y otorgó a la procuradora la posibilidad de concretar numerosas designaciones discrecionales que fueron judicializadas). Garavano manifestó que el nuevo código era una iniciativa razonable y esperada, pero que tuvo un comienzo de implementación escandaloso. Al respecto, anunció la modificación de algunos institutos y la decisión de retrasar su aplicación parcial originalmente prevista para marzo próximo.

Las prioridades del Ministerio de Justicia pasan, según Garavano, por la cobertura pronta de las dos vacantes existentes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (por la renuncia de Raúl Zaffaroni y de Carlos Fayt). Si bien la antecesora de Macri había intentado completar la Corte (envió sucesivamente los pliegos de Roberto Carlés, de Domingo Sesín y de Eugenio Sarrabayrouse), la oposición se abroqueló para rechazar las propuestas, que nunca recibieron el acuerdo del Senado.

Garavano se pronunció a favor de acelerar la cobertura de los dos puestos vacantes, política que exigirá al oficialismo un consenso con las fuerzas de oposición representadas en la Cámara Alta. La Constitución Nacional prescribe que el nombramiento de los ministros de la Corte (máxima instancia judicial en el país) requiere del consentimiento de dos tercios de los miembros presentes en la sesión (48 senadores si participaran todos). Con 38 bancas, el Frente para la Victoria y sus aliados conservan la mayoría simple en el Senado.

“Pediremos a la Cámara Alta la devolución de todos los pliegos (enviados por la administración anterior)”, manifestó Garavano. El abogado añadió que el Poder Ejecutivo Nacional pretendía revisar las designaciones que aún no habían recibido el visto bueno parlamentario. La cuestión es de interés para la Justicia Federal de Tucumán, que tiene un número significativo de despachos vacantes. El Gobierno de Macri ha de definir, por ejemplo, si Fernando Luis Poviña, juez federal N°2, asciende a vocal de la Cámara Nacional de Casación Penal, y quiénes serán los primeros titulares del Juzgado Federal N°3, y de la Fiscalía y de la Defensoría de la misma nominación. En paralelo, el Consejo de la Magistratura de la Nación sustancia el proceso de selección del reemplazante de Graciela Fernández Vecino (se jubiló) en la Cámara Federal de Apelaciones. Además, el órgano encabezado por Gils Carbó tramita el concurso para cubrir la vacante de la Fiscalía General N°2, cargo creado por el nuevo Código Procesal Penal.