Cartas de lectores

El ingreso a medicina produce discrepancias y, sin ánimo de polemizar, pienso que los jóvenes tienen derecho a estudiar, lo cual conlleva el deber de estudiar. En un país latino y socialista como Cuba, con buena salud y educación, el ingreso a medicina no es un privilegio sino un derecho que implica el deber de una exigente preparación previa: el aspirante pasa por una selección que le exige un 90 % o más de rendimiento preuniversitario; durante la carrera no se admite repetir cursos por fallas académicas. El alumno que ingresa se formará mitad en aula y mitad con el paciente quien, con mirada sufriente y piel, seca o húmeda, pálida o rojiza pero casi siempre tibia, conforma el contexto del aprendizaje. Los médicos sabemos que la adquisición de competencias profesionales se vinculan al sufrimiento y enfermedad de las personas más humildes de la sociedad. En este sentido, se sabe que la masividad estudiantil atentará contra los derechos del paciente del hospital-escuela quien pondrá sus tribulaciones a disposición de la academia para que forme sus alumnos, quizás sin saber que a sus dolores puede agregarse otro: el ser considerado un objeto destinado a que alguien intente aprender medicina. También sabemos que la masificación del acto docente lesionará las relaciones alumno-paciente y docente-alumno, y despersonalizará la enseñanza con el riesgo de deshumanizar la medicina. El caso de medicina invita a comprender que el legítimo derecho del joven de acceder a esa carrera tiene menos jerarquía axiológica que el derecho a la vida y a la salud del ciudadano común y que la masividad estudiantil disminuirá la calidad formativa y las competencias del médico. Se trata de prioridades: el examen sólo busca verificar que se estudió; la libertad individual debiera ser congruente con la responsabilidad colectiva, asumida por la autoridad de la Facultad de Medicina en una decisión no exenta de coraje cívico.

Demetrio Mateo Martínez

Pasaje Grimau y Gálvez 784

San Miguel de Tucumán

Las medidas económicas anunciadas por el presidente, Mauricio Macri, han resultado beneficiosas para los productores agrícolas y ganaderos (se redujeron y eliminaron retenciones a la exportación de granos y carnes), para industriales y empresarios (eliminación de retenciones y aranceles para importación también) y para los ahorristas e inversores que tienen una buena cantidad de dólares “en el colchón”, en cajas de seguridad o en cuentas en el exterior. Al resto de la sociedad (la mayor parte) se la perjudicó con el anuncio de la liberación del mercado cambiario y la consecuente devaluación que esto generó. Y aún falta la actualización de tarifas de servicios con la anunciada eliminación de subsidios. Se prevé que quien paga $ 500 por bimestre de energía eléctrica empezará a pagar entre $ 1.000 y $ 1.500.  De la noche a la mañana la gran mayoría de los argentinos ha sufrido una dramática pérdida de su poder adquisitivo. Un economista explicó: “si todo va bien, en año o año y medio los asalariados recién podrán recuperar el poder adquisitivo que tenían hasta antes de esta devaluación”. Me impactó la opinión de un empresario del rubro combustibles (que pronostica la suba del litro de nafta a $ 20) que dijo: “esta devaluación implica la apertura de las puertas del infierno para la mayoría y de las del cielo para algunos”. Tampoco están resultando beneficiados los jubilados que tendrán que esperar hasta abril para que se les actualice los haberes ni los asalariados que recién en mayo tendrán paritarias. Pareciera que cuando Macri prometía pobreza 0 (cero) se refería a esto; a que en beneficio de los pobres habría 0 (cero) medida favorable. Quiera Dios que estos puedan subsistir y aguantar, ya que lo contrario puede resultar muy riesgoso para la paz social.

Oscar Alberto Beltrán

Avenida Belgrano 3.350 

San Miguel de Tucumán

El 16 de este mes se convocó a audiencia pública  en Alderetes para tratar el impacto ambiental de la futura obra de cloacas. La necesidad del servicio de cloacas en Alderetes es de máxima prioridad y es loable la lucha por la concreción de esta obra. Se está al filo de una emergencia de pozos ciegos. Llegué a tiempo para registrarme y participar. Debía empezar a las 18, y a las 19.10 consulté al intendente cuándo iba a empezar, y me respondió que esperaban a las autoridades provinciales. El personal técnico y el presidente de la SAT ya estaban en el lugar. A las 19.30 se inició la audiencia con alocuciones de funcionarios. Cerró el presidente de la Legislatura, como toro en su rodeo, destacando la gran cantidad de funcionarios que lo acompañaban. A las 20 comenzaron a exponer los técnicos de la SAT, y cuando lo hacía el gerente técnico, se suspendió su exposición para despedir a los funcionarios. A las 20. 20 se dio lugar a las preguntas de los presentes. Solo alcanzaron a contestar cuatro y dijeron que las pendientes las responderían por correo electrónico. Se cerró el acto y se firmó el acta respectiva. Una vez más la avaricia por el rédito político sumió en un plano inferior a la audiencia en sí, subestimó a los vecinos que fuimos con lógicas inquietudes, mostró desprecio por nuestro tiempo y dejó la sensación de que se quiso cumplir con un requisito de forma. ¿Quiénes recibirán las respuestas pendientes? ¿Se harán públicas las objeciones? ¿Es esto generar la necesaria educación ambiental para que la población tome conciencia de la preservación de los recursos naturales? Que alguien responda, por favor.

Agustín Narvaja

narvaja46@hotmail.com 

Los tucumanos estamos indignados por el manejo discrecional de millones de pesos desde un banco hacia la “Honorable” Legislatura antes de las elecciones -descubierto por LA GACETA-, con destino a gastos sociales, que son secretos y sin rendición de cuenta. Si son secretos es porque algo grande ocultaron los legisladores del período anterior, que derrocharon las arcas del Estado en las campañas políticas para seguir perpetuándose en el poder a través de otros cargos o de su familia. En ese período participó el actual gobernador como presidente de la Cámara Legislativa. Los actuales legisladores deberían anular la ley de gastos sociales, si tienen honestidad, dignidad y un poco de patriotismo. No deberíamos seguir pagando nuestros impuestos hasta que no se anule esta estafa legal, que genera funcionarios millonarios y más gente pobre. Gran parte de las leyes aprobadas, que habían sido enviadas por el Ejecutivo, no fueron beneficiosas para la sociedad, como aumentos impositivos, obras sin licitación, etcétera. También la Legislatura debe controlar la función del PE; en el caso de los saqueos debieron ser interpelados el Gobernador y su ministro de Seguridad, como así también cuando ocurrieron las inundaciones. Hasta cuándo vamos a seguir soportando malos funcionarios -salvo excepciones- que fueron elegidos para trabajar por el bienestar de la sociedad y que terminan su mandato sin mérito y enriquecidos.

Francisco Sánchez

francisco-sanchez@hotmail.com.ar

Ante la eliminación del cepo al dólar, que ahora cotiza a $ 14,50, los especuladores de siempre recurren a la avivada criolla, y para aprovechar la volada hacen subir los precios. Para ello cuentan con el incentivo de referentes del peronismo kirchnerista que afirman que la medida es una devaluación cercana al 50%. Este es un accionar anti patria, dado que vinieron haciendo devaluaciones desde 2003 sin prisa y sin pausa. En aquel año el kilo de pan costaba 80 centavos. Y ahora lo pagamos a alrededor de $ 26. En este caso la devaluación sería superior al 2.500%. El dólar blue llegó a cotizar a casi $ 16 y los formadores de precios los levantaron en consonancia con este último valor. Pero, ahora que el dólar cotiza a $ 14,50, los precios deben bajar, excepto los de aquellos productos que requieren insumos importados para su elaboración. Los fabricados con materias primas nacionales deben bajar. También es costumbre que en estas fechas cercanas a fin de año, los comerciantes remarquen precios para hacer una diferencia que les permita salir de vacaciones. Pero la gran mayoría de los jubilados, trabajadores y desocupados no podemos viajar, ya que los menguados ingresos no nos permiten llegar a fin de mes.

Manuel José Herrera

Salta 1.133

Tafí Viejo

No había ninguna necesidad de integrar la Corte; bastaba con citar a sesiones extraordinarias al Senado y mandar los pliegos, teniendo en cuenta que estamos en vísperas del receso judicial de enero de 2016. Esto viene a colación de que el presidente Mauricio Macri designó a Carlos Fernando Rosenkrantz y a Horacio Daniel Rosatti, amparándose en el inciso 19 del artículo 99 de la Constitución, que permite al gobierno “llenar vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso”. Esto implica un atropello a la Constitución; nadie con espíritu republicano puede sostener este decreto, una decisión que sólo puede leerse como un avasallamiento a las instituciones. Si el Presidente consideraba que esa urgencia estaba acreditada, bastaba con llamar a sesiones extraordinarias y convocar al Congreso. La validez de la norma o el decreto no depende sólo del acto de su promulgación y publicación, a partir del cual se declara la existencia de la norma, en tanto debe existir jurídicamente para poder ser exigible, que a partir de su entrada en vigor conserve su eficacia, y no sólo gozará de legitimidad, sino que ella a su vez legitimará su propio proceso de creación. Una Justicia de calidad debe ser transparente, estar sujeta al escrutinio público y a la rendición de cuentas de sus acciones.

Julio Argentino Gómez

julioargentino@arnet.com.ar 

Veo con mucha esperanza que en un futuro inmediato comenzarán las negociaciones con los puesteros del Mercado del Norte por la remodelación y la financiación de la obra. Considero que mirar hacia atrás es no mirar hacia el futuro. El Mercado del Norte necesita una remodelación urgente y los principales actores de este cambio y del consenso deben ser los puesteros y las familias que con ellos trabajan. Hago hincapié en esto porque ningún gobierno municipal anterior ha entendido que este centro comercial es de todos los tucumanos y que debe ser cuidado y puesto en valor, como una atracción turística. Se intentó demolerlo para convertirlo en un centro comercial, que nada tiene que ver con un mercado. Se desistió de esa idea tras ocho marchas y enfrentamientos con la fuerza pública. No queremos volver a esa situación, sino consensuar y que se respete nuestra actividad comercial como mercado, que cada comerciante o puestero se haga responsable de sus obligaciones tributarias, de abonar los servicios y del pago del canon, como sucede en todo centro comercial. Su remodelación es indispensable. La Asociación de Puesteros está adherida a la Federación Económica de Tucumán, por lo tanto, esta institución madre debe brindar su apoyo a los comerciantes del mercado, respecto de que todo lo que se realice en el edificio no vulnere la paz social ni la fuente de trabajo. Todos queremos un cambio para el progreso de nuestro Mercado del Norte.

Félix Abregú

Catamarca 1.550

Yerba Buena