21 Diciembre 2015
Legisladores definen el ajuste impositivo
Parlamentarios habían empezado a discutir el viernes el proyecto de reforma del Código Tributario, pero pasaron a un cuarto intermedio. La Casa de Gobierno elevó una iniciativa que prevé alzas en las alícuotas y la eliminación de exenciones. Críticas de la oposición.
REUNIÓN CONSTITUTIVA. Bellomío, Ruiz Olivares, Graciela Gutiérrez (izquierda), Chebaia, Medina y Bulacio (derecha) integran la comisión de Hacienda. prensa legislatura
La discusión por la suba impositiva que solicitó la Casa de Gobierno mantiene los ánimos caldeados en la Cámara.
Hoy, a partir de las 10, los miembros de la comisión de Hacienda y Presupuesto continuarán debatiendo el proyecto de ley oficial, que prevé modificaciones al Código Tributario para elevar alícutoas y créditos fiscales para los sectores productivos y financieros, y eliminar exenciones para asociaciones civiles que obtengan ingresos de actividades comerciales.
El grupo de trabajo, bajo la presidencia del oficialista Juan Antonio Ruiz Olivares, había comenzado a analizar el texto el viernes pasado. Aunque participaron todos los integrantes del comité y hubo varios parlamentarios invitados, no se alcanzó un acuerdo con la oposición, por lo que decidió pasar a un cuarto intermedio hasta hoy.
Lo más probable es que, más allá del curso que tome la discusión, el oficialismo haga valer su peso en el comité legislativo (dos de los siete miembros son opositores) para elaborar un dictamen de mayoría.
Mañana la Legislatura tiene agendada una sesión con diversos asuntos. Uno de los más relevantes es el paquete de medidas impositivas solicitadas por el Poder Ejecutivo (PE). El texto propone modificar la ley Nº 8467 (Ley Impositiva de la Provincia) y la ley Nº 5121 (Código Tributario Provincial). Según el presidente del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán, Abelardo García, el Gobierno pretende elevar de 3,5% a 4,5% las alícuotas del impuesto sobre los Ingresos Brutos de acuerdo a una escala de ingresos gravados, no gravados y exentos obtenidos por los contribuyentes en el período fiscal 2014. Legisladores de la oposición también expresaron críticas hacia la iniciativa oficialista.
El amayista Silvio Bellomío (Peronismo del Bicentenario) consideró que los argumentos de la Casa de Gobierno “resultan totalmente insuficiente para explicar por qué se pretende incrementar las alícuotas aplicables en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos”. “La redacción del proyecto oculta intencionalmente el incremento que se aplicará en el tributo”, advirtió el vicepresidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto. El peronista disidente agregó que la propuesta sería inconstitucional, debido a que existiría una “sobretasa”. “El proyecto no indica cuál es la finalidad de la medida ni la necesidad del incremento”, detalló Bellomío. Y añadió: “el sistema propuesto no sólo no facilitará el cumplimiento de las obligaciones, sino que provocará serias dificultades para la fiscalización”.
El macrista Luis Brodersen (bloque unipersonal PRO) les envió un mensaje de alerta a sus pares, y aludió irónicamente a los cuestionados gastos sociales. “Antes de aumentar los impuestos deberían mirar hacia adentro, específicamente a los gastos ‘feudales’. Justamente nuestro esquema impositivo comienza a parecerse al que imperaba en el medioevo, cuando los señores feudales disponían de la vida y los bienes de sus súbditos. Porque acá el Gobierno se arroga la facultad de disponer discrecionalmente el peso de la carga tributaria sin el contrapeso de la opinión de quienes representan a las partes alcanzadas por tales medidas”, expresó. El macrista aludió así a los más de $ 500 millones gastados durante este año bajo el concepto “ayudas sociales a personas”. Consideró que esos recursos “no pueden ser auditados y terminan alimentando la caja negra del clientelismo político”. El manejo de este efectivo, que era trasladado en valijas de un banco a la Legislatura, está siendo investigado en la Justicia federal y provincial.
Alberto Colombres Garmendia (bloque unipersonal PRO-Cambiemos) sostuvo que la reforma propuesta por el PE “aumenta alícuotas que gravan a la banca en general y a la intermediación financiera, produciendo una afectación a toda la actividad comercial”. Aclaró que, si bien se prevé la exención de ciertas actividades, el aumento tributario afectará las actividades vinculadas al azúcar y los derivados del jugo de limón. “Esta suba no solamente afecta a las industrias que ya están radicadas en la provincia, sino que también constituye un gran freno y desaliento a las inversiones de grandes empresas que quieran apostar por Tucumán. Esta ley significaría un ahogo fiscal cada vez mayor, que no contribuye con la expansión de la economía local”, advirtió.
Con 32 bancas sobre 48 (la asunción del oficialista Sergio Mansilla depende de un fallo judicial), el bloque afín al PE tiene la mayoría necesaria para aprobar el texto mañana.
Hoy, a partir de las 10, los miembros de la comisión de Hacienda y Presupuesto continuarán debatiendo el proyecto de ley oficial, que prevé modificaciones al Código Tributario para elevar alícutoas y créditos fiscales para los sectores productivos y financieros, y eliminar exenciones para asociaciones civiles que obtengan ingresos de actividades comerciales.
El grupo de trabajo, bajo la presidencia del oficialista Juan Antonio Ruiz Olivares, había comenzado a analizar el texto el viernes pasado. Aunque participaron todos los integrantes del comité y hubo varios parlamentarios invitados, no se alcanzó un acuerdo con la oposición, por lo que decidió pasar a un cuarto intermedio hasta hoy.
Lo más probable es que, más allá del curso que tome la discusión, el oficialismo haga valer su peso en el comité legislativo (dos de los siete miembros son opositores) para elaborar un dictamen de mayoría.
Mañana la Legislatura tiene agendada una sesión con diversos asuntos. Uno de los más relevantes es el paquete de medidas impositivas solicitadas por el Poder Ejecutivo (PE). El texto propone modificar la ley Nº 8467 (Ley Impositiva de la Provincia) y la ley Nº 5121 (Código Tributario Provincial). Según el presidente del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán, Abelardo García, el Gobierno pretende elevar de 3,5% a 4,5% las alícuotas del impuesto sobre los Ingresos Brutos de acuerdo a una escala de ingresos gravados, no gravados y exentos obtenidos por los contribuyentes en el período fiscal 2014. Legisladores de la oposición también expresaron críticas hacia la iniciativa oficialista.
El amayista Silvio Bellomío (Peronismo del Bicentenario) consideró que los argumentos de la Casa de Gobierno “resultan totalmente insuficiente para explicar por qué se pretende incrementar las alícuotas aplicables en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos”. “La redacción del proyecto oculta intencionalmente el incremento que se aplicará en el tributo”, advirtió el vicepresidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto. El peronista disidente agregó que la propuesta sería inconstitucional, debido a que existiría una “sobretasa”. “El proyecto no indica cuál es la finalidad de la medida ni la necesidad del incremento”, detalló Bellomío. Y añadió: “el sistema propuesto no sólo no facilitará el cumplimiento de las obligaciones, sino que provocará serias dificultades para la fiscalización”.
El macrista Luis Brodersen (bloque unipersonal PRO) les envió un mensaje de alerta a sus pares, y aludió irónicamente a los cuestionados gastos sociales. “Antes de aumentar los impuestos deberían mirar hacia adentro, específicamente a los gastos ‘feudales’. Justamente nuestro esquema impositivo comienza a parecerse al que imperaba en el medioevo, cuando los señores feudales disponían de la vida y los bienes de sus súbditos. Porque acá el Gobierno se arroga la facultad de disponer discrecionalmente el peso de la carga tributaria sin el contrapeso de la opinión de quienes representan a las partes alcanzadas por tales medidas”, expresó. El macrista aludió así a los más de $ 500 millones gastados durante este año bajo el concepto “ayudas sociales a personas”. Consideró que esos recursos “no pueden ser auditados y terminan alimentando la caja negra del clientelismo político”. El manejo de este efectivo, que era trasladado en valijas de un banco a la Legislatura, está siendo investigado en la Justicia federal y provincial.
Alberto Colombres Garmendia (bloque unipersonal PRO-Cambiemos) sostuvo que la reforma propuesta por el PE “aumenta alícuotas que gravan a la banca en general y a la intermediación financiera, produciendo una afectación a toda la actividad comercial”. Aclaró que, si bien se prevé la exención de ciertas actividades, el aumento tributario afectará las actividades vinculadas al azúcar y los derivados del jugo de limón. “Esta suba no solamente afecta a las industrias que ya están radicadas en la provincia, sino que también constituye un gran freno y desaliento a las inversiones de grandes empresas que quieran apostar por Tucumán. Esta ley significaría un ahogo fiscal cada vez mayor, que no contribuye con la expansión de la economía local”, advirtió.
Con 32 bancas sobre 48 (la asunción del oficialista Sergio Mansilla depende de un fallo judicial), el bloque afín al PE tiene la mayoría necesaria para aprobar el texto mañana.
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