Piden al Ejecutivo refinanciar deudas municipales

“El Poder Ejecutivo pretende reeditar el Pacto Social. En la Legislatura, sin embargo, se encuentra presentado un proyecto de ley de mi autoría que busca devolverle a los municipios la autonomía y la autarquía financiera”. El legislador amayista Silvio Bellomío renegó de la intención del Gobierno de reflotar el acuerdo de asistencia financiera que estuvo vigente durante los últimos años de la gestión de Julio Miranda y 11 años de la de José Alperovich. El mecanismo, que dejó de estar vigente el 31 de diciembre de 2014, preveía que las administraciones municipales cedieran sus recursos nacionales a la Provincia y, a cambio, ésta le aseguraba el pago de salarios y la concreción de obras públicas.

La iniciativa del ex secretario de Hacienda municipal capitalino propone la creación del “Programa Provincial de Refinanciamiento de Deuda de los Municipios de la Provincia de Tucumán”. El propósito, explicó, es que se saneen las deudas con determinadas pautas de flexibilidad. Bellomío requiere en el texto, por ejemplo, que los municipios tucumanos accedan al mismo beneficio que obtuvo la Provincia de la Nación: la refinanciación de los montos a 20 años, con tasas bajas de interés.

“Necesitamos municipios prestadores de servicios y administradores eficientes de sus ejidos. Por ello el proyecto que se encuentra en comisión parlamentaria busca terminar con la dependencia del poder central provincial”, justificó el parlamentario.

Términos

El proyecto prevé que el Ministerio de Economía reprograme los saldos de las deudas de las ciudades que se adhieran al Programa y que se suscriban convenios bilaterales con cada uno de los intendentes. A su vez, dispone que se suspendan las retenciones de dinero proveniente de la Coparticipación federal y provincial durante el término de 120 días computados a partir de la eventual promulgación de la norma. Advierte que las cuotas podrían ser hasta 227.

Entre otros puntos, el texto señala también que las municipalidades participantes deberían brindar la información fiscal y financiera relevante necesaria para que el Ministerio de Economía realice seguimiento “de la evolución de sus finanzas públicas, con arreglo a la periodicidad, estructuración y clasificación que se determine en cada convenio”.

El ministro del Interior, Miguel Acevedo, había expresado en una entrevista a LA GACETA a fines de diciembre que era partidario de que se reeditara el Pacto Social. El funcionario había adelantado que el gobernador, Juan Manzur, le había requerido que se acordara con cada intendente la relación económica más adecuada y que se firmaran convenios semestrales o anuales. Había expresado entonces que los municipios se sentarían en la mesa de negociación durante este mes y que podrían optar por el Pacto o por proponer otras alternativas de asistencia.

El responsable del área de Interior había detallado que el Pacto que se ofertaría a los municipios tendría las mismas características que durante la última década. Había expresado que, trascartón, se charlaría también con cada representante municipal el monto de la deuda y la manera en la que se realizaría la devolución del dinero.

La oposición criticó durantemente el Pacto Social durante su vigencia al entender que limitaba la autonomías municipales. De hecho, fue uno de los puntos de quiebre de la relación política entre el alperovichismo y el amayismo.

Tras varios reclamos públicos, muchos encabezados por Bellomío, la Provincia había firmado con la Capital un acuerdo para sanear la deuda en menos de un año. A entender del amayismo, los términos habían sido leoninos y se había ahogado a la municipalidad.