14 Febrero 2016
La secretaría de Derechos Humanos provincial y organismos que promueven el juzgamiento del terrorismo de Estado llevaron adelante en el centro de memoria de la Escuelita de Famaillá una jornada de conmemoración, a 41 años del comienzo del Operativo Independencia (febrero de 1975).
El viernes hubo una serie de actividades recreativas y culturales con el lema “Encontrando las palabras y el color necesario para contar esta historia”. Participaron centenas de familiares de detenidos desaparecidos, funcionarios y vecinos del sur que compartieron una radio abierta y una muestra fotográfica, entre otras iniciativas.
La secretaria de Derechos Humanos, Érica Brunotto, destacó que este tipo de encuentros son claves para la provincia, teniendo en cuenta que próximamente comenzarán las audiencias por la megacausa Operativo Independencia. “Es transcendental para los familiares de las víctimas que buscan justicia”, opinó.
Fernanda Trejo, subsecretaria del área, afirmó que los programas de Memoria, Verdad y Justicia son políticas de Estado, y celebró su continuidad.
Por otro lado, Trejo adelantó que por el Día Nacional de la Memoria (24 de Marzo), la Secretaría tiene programada una agenda mensual de actividades por la conmemoración de los 40 años del Golpe de Estado de 1976.
Cerca del juicio
La Escuelita Diego de Rojas, de Famaillá -donde funciona hoy el centro de memoria-, fue registrada por la Conadep como el primer centro clandestino de detención y exterminio del país.
El 5 de febrero de 1975, la presidenta Estela Martínez de Perón firmó el decreto que ordenó al Ejército iniciar el Operativo. La determinación, puesta en marcha días después durante el Gobierno constitucional, desató en la provincia un violento plan sistemático de exterminio de opositores mediante el terrorismo de Estado y con la complicidad de factores de la sociedad, de acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal. Se abrieron varios centros, entre ellos el famaillense. A cargo del plan estuvo en un primer momento Adel Vilas y luego, Antonio Bussi. Tucumán fue un “tubo de ensayo” de las prácticas represivas y de terror que se extenderían a todo el país después del Golpe de Estado de mayo de 1976, según consta en el expediente. Está previsto que el juicio dure al menos un año y sea el más grande por el número de víctimas (269), de imputados (15) y de querellas (15).
El viernes hubo una serie de actividades recreativas y culturales con el lema “Encontrando las palabras y el color necesario para contar esta historia”. Participaron centenas de familiares de detenidos desaparecidos, funcionarios y vecinos del sur que compartieron una radio abierta y una muestra fotográfica, entre otras iniciativas.
La secretaria de Derechos Humanos, Érica Brunotto, destacó que este tipo de encuentros son claves para la provincia, teniendo en cuenta que próximamente comenzarán las audiencias por la megacausa Operativo Independencia. “Es transcendental para los familiares de las víctimas que buscan justicia”, opinó.
Fernanda Trejo, subsecretaria del área, afirmó que los programas de Memoria, Verdad y Justicia son políticas de Estado, y celebró su continuidad.
Por otro lado, Trejo adelantó que por el Día Nacional de la Memoria (24 de Marzo), la Secretaría tiene programada una agenda mensual de actividades por la conmemoración de los 40 años del Golpe de Estado de 1976.
Cerca del juicio
La Escuelita Diego de Rojas, de Famaillá -donde funciona hoy el centro de memoria-, fue registrada por la Conadep como el primer centro clandestino de detención y exterminio del país.
El 5 de febrero de 1975, la presidenta Estela Martínez de Perón firmó el decreto que ordenó al Ejército iniciar el Operativo. La determinación, puesta en marcha días después durante el Gobierno constitucional, desató en la provincia un violento plan sistemático de exterminio de opositores mediante el terrorismo de Estado y con la complicidad de factores de la sociedad, de acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal. Se abrieron varios centros, entre ellos el famaillense. A cargo del plan estuvo en un primer momento Adel Vilas y luego, Antonio Bussi. Tucumán fue un “tubo de ensayo” de las prácticas represivas y de terror que se extenderían a todo el país después del Golpe de Estado de mayo de 1976, según consta en el expediente. Está previsto que el juicio dure al menos un año y sea el más grande por el número de víctimas (269), de imputados (15) y de querellas (15).
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