16 Marzo 2016
El legislador Vargas Aignasse, acusado de tenencia de drogas, de resistirse a la Policía y de cohecho
El fiscal federal Simón, de Santiago del Estero, elevó el requerimiento de instrucción al juez federal Guillermo Molinari para continuar con el procesamiento del suspendido parlamentario oficialista. Y criticó con dureza la conducta del imputado. “Demuestra una clara desaprensión para con las normas y un comportamiento poco ético”, redactó el investigador.
EN EL RECINTO. Vargas Aignasse, en 2013, a poco de haber asumido. la gaceta / foto de Inés Quinteros Orio (archivo)
La posibilidad de que un legislador oficialista llegue a juicio oral por tenencia de drogas y otros delitos preocupa tanto en la Legislatura como en la Casa de Gobierno.
El fiscal federal Pedro Simón, de la Justicia Federal de Santiago del Estero, solicitó ayer el procesamiento del suspendido parlamentario manzurista Emiliano Vargas Aignasse, a quien imputó por la tenencia de 47 gramos de marihuana, por evadir un control policial y por tratar de sobornar a los oficiales que lo estaban deteniendo.
Al combo de presuntos delitos adjudicados al dirigente manzurista debe agregársele una circunstancia no menor, redactó Simón en el requerimiento de instrucción que elevó ayer al juez federal santiagueño, Guillermo Molinari.
“No siendo adicto, como refiere públicamente el legislador, y habiendo tenido en su ámbito de custodia una cantidad apreciable de estupefaciente, para luego evadir un control policial y darse a la fuga, y a posterior intentar sobornar a los efectivos policiales, demuestra una clara desaprensión para con las normas y un comportamiento poco ético, como lo exige la propia manda constitucional”, señaló el representante del Ministerio Público Fiscal en el escrito, al cual accedió LA GACETA.
En cuanto a la joven de 22 años que acompañaba a Vargas Aignasse en su camioneta, el fiscal federal Simón interpretó que no fue responsable de la evasión ni del intento de coima. Pero solicitó su procesamiento debido a la tenencia simple de marihuana.
Vargas Aignasse, que preside la comisión de Legislación General de la Cámara, fue suspendido durante 120 días por sus pares, sin goce de sueldo, en una sesión celebrada el 18 de febrero. Habrá que ver cómo impacta este nuevo revés judicial en la complicada situación que atraviesa el peronista como miembro del cuerpo colegiado.
En caso de que Molinari le dé lugar al planteo del fiscal federal, la investigación podría avanzar hasta la siguiente etapa, que puede derivar en un eventual juicio oral.
El requerimiento de instrucción, al describir los hechos, señala que la detención de Vargas Aignasse fue concretada en la madrugada del 26 de enero. A la 1, un grupo de oficiales de la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía de Santiago del Estero realizaba un control de rutina cerca de Las Termas de Río Hondo.
Los uniformados vieron que se aproximaba desde Tucumán una camioneta Toyota Hilux blanca, doble cabina, dominio HHM 871, y le hicieron señas con linternas para que aminorara la marcha. Cuando estaba llegando a ellos, el conductor giró imprevistamente en “U” y retomó su camino.
“El personal policial procedió a perseguir el vehículo en manifiesta fuga, que había dado evidentes muestras de resistir y desobedecer una orden legítima de autoridad competente”, señaló Simón.
Interceptado
Según el expediente judicial, el hermano de la secretaria de Gobierno y Justicia Carolina Vargas Aignasse fue interceptado en la localidad tucumana de Los Puestos. Allí bajó de la camioneta y se identificó ante los policías santiagueños como “legislador de la provincia de Tucumán”. Les señaló luego “que su acompañante no iba a descender” de la Toyota Hilux.
Casi de inmediato, Vargas Aignasse lanzó una frase que, en opinión del fiscal federal, no tiene doble lectura. “Si me ayudan, yo los voy a ayudar económicamente”, fue la oferta que, según declararon los policías Lucas Gonzalo Paloma y Diego José Luis Cardozo, les efectuó el dirigente oficialista.
Simón valoró como prueba del soborno los dichos de un testigo del procedimiento, cuyo nombre se mantiene en reserva. Al parecer, mientras los oficiales leían el acta policial, mencionaron que Vargas Aignasse había intentado coimearlos. En ese momento, el suspendido parlamentario intentó justificarse diciendo que había concretado esa propuesta “en un momento de desesperación”, según figura en el expediente judicial.
La huida y la propuesta
El fiscal federal Simón encuadró la conducta evasiva del dirigente oficialista en el artículo 239 del Código Penal, que castiga la resistencia y desobediencia a la autoridad. “Será reprimido con prisión de 15 días a un año el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal”, expresa la normativa penal.
Según el representante del Ministerio Público, la huida de parlamentario manzurista no sólo queda demostrada por las actas policiales. “También (quedó acreditada) por las manifestaciones realizadas por el propio señor Vargas Aignasse, quien intentando exculpar su conducta, señaló que lo había realizado por no contar con el carnet de conducir, extremo que se compadece con la realidad de los hechos, al no haberse secuestrado dicha documentación en el momento de la requisa del vehículo”, destacó el fiscal federal.
Simón consideró también probada la supuesta oferta de “una ayuda económica” por parte de Vargas Aignasse a los policías santiagueños, a cambio de que “lo ayudaran a él”. “Este hecho se encuadra jurídicamente como cohecho activo (...). Este tipo penal se configura aun cuando no hubo reciprocidad por parte de los agentes policiales a los cuales ofreció dicha ayuda”, señaló el magistrado. Y citó el artículo 258 del Código Penal, que contempla penas de prisión de uno a seis años, y una inhabilitació especial de dos a 10 años para el ejercicio de un cargo en el Estado, en caso de que el culpable fuere funcionario.
Estupefacientes
Los policías santiagueños encontraron 47 gramos de marihuana en el asiento trasero de la Toyota Hilux doble cabina. Las pericias señalan que se trataba de “118 dosis umbrales”. Más allá de la cantidad, el fiscal federal descartó que Vargas Aignasse o su compañera hayan tenido intenciones de vender el estupefaciente, ya que no estaba oculto en la camioneta.
De todas formas, Simón tampoco interpretó que la droga haya estado destinada al consumo personal. Si bien el suspendido legislador se abstuvo de declarar en la indagatoria -al igual que su compañera-, el fiscal federal tomó en cuenta una carta que Vargas Aignasse había publicado en Facebook. “(En un texto difundido) por el diario LA GACETA, señaló que no era adicto, y dijo que a tal fin se iba a someter a estudios clínicos”, recordó Simón. Ante esto, descartó la aplicación del fallo “Arriola” como jurisprudencia. Y encuadró la conducta del sospechoso en el artículo N° 14 de la Ley Nacional de Drogas (N° 23.737), que prevé penas de uno a seis años de prisión a quien tuviera estupefacientes en su poder.
El fiscal federal no perdió de vista que Vargas Aignasse es legislador. Y recordó la cláusula ética inserta en la reforma de la Constitución nacional de 1994. “Todos los funcionarios públicos, además de idoneidad para ejercer el cargo, deben desempeñarse de manera ética, siendo ejemplos para la sociedad”, redactó Simón.
Marcó luego que el imputado cursa su segundo mandato en el cuerpo colegiado tucumano. “Conoce las leyes”, indicó el fiscal federal Simón, quien espera la decisión del juez federal Molinari para seguir reuniendo pruebas.
El fiscal federal Pedro Simón, de la Justicia Federal de Santiago del Estero, solicitó ayer el procesamiento del suspendido parlamentario manzurista Emiliano Vargas Aignasse, a quien imputó por la tenencia de 47 gramos de marihuana, por evadir un control policial y por tratar de sobornar a los oficiales que lo estaban deteniendo.
Al combo de presuntos delitos adjudicados al dirigente manzurista debe agregársele una circunstancia no menor, redactó Simón en el requerimiento de instrucción que elevó ayer al juez federal santiagueño, Guillermo Molinari.
“No siendo adicto, como refiere públicamente el legislador, y habiendo tenido en su ámbito de custodia una cantidad apreciable de estupefaciente, para luego evadir un control policial y darse a la fuga, y a posterior intentar sobornar a los efectivos policiales, demuestra una clara desaprensión para con las normas y un comportamiento poco ético, como lo exige la propia manda constitucional”, señaló el representante del Ministerio Público Fiscal en el escrito, al cual accedió LA GACETA.
En cuanto a la joven de 22 años que acompañaba a Vargas Aignasse en su camioneta, el fiscal federal Simón interpretó que no fue responsable de la evasión ni del intento de coima. Pero solicitó su procesamiento debido a la tenencia simple de marihuana.
Vargas Aignasse, que preside la comisión de Legislación General de la Cámara, fue suspendido durante 120 días por sus pares, sin goce de sueldo, en una sesión celebrada el 18 de febrero. Habrá que ver cómo impacta este nuevo revés judicial en la complicada situación que atraviesa el peronista como miembro del cuerpo colegiado.
En caso de que Molinari le dé lugar al planteo del fiscal federal, la investigación podría avanzar hasta la siguiente etapa, que puede derivar en un eventual juicio oral.
El requerimiento de instrucción, al describir los hechos, señala que la detención de Vargas Aignasse fue concretada en la madrugada del 26 de enero. A la 1, un grupo de oficiales de la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía de Santiago del Estero realizaba un control de rutina cerca de Las Termas de Río Hondo.
Los uniformados vieron que se aproximaba desde Tucumán una camioneta Toyota Hilux blanca, doble cabina, dominio HHM 871, y le hicieron señas con linternas para que aminorara la marcha. Cuando estaba llegando a ellos, el conductor giró imprevistamente en “U” y retomó su camino.
“El personal policial procedió a perseguir el vehículo en manifiesta fuga, que había dado evidentes muestras de resistir y desobedecer una orden legítima de autoridad competente”, señaló Simón.
Interceptado
Según el expediente judicial, el hermano de la secretaria de Gobierno y Justicia Carolina Vargas Aignasse fue interceptado en la localidad tucumana de Los Puestos. Allí bajó de la camioneta y se identificó ante los policías santiagueños como “legislador de la provincia de Tucumán”. Les señaló luego “que su acompañante no iba a descender” de la Toyota Hilux.
Casi de inmediato, Vargas Aignasse lanzó una frase que, en opinión del fiscal federal, no tiene doble lectura. “Si me ayudan, yo los voy a ayudar económicamente”, fue la oferta que, según declararon los policías Lucas Gonzalo Paloma y Diego José Luis Cardozo, les efectuó el dirigente oficialista.
Simón valoró como prueba del soborno los dichos de un testigo del procedimiento, cuyo nombre se mantiene en reserva. Al parecer, mientras los oficiales leían el acta policial, mencionaron que Vargas Aignasse había intentado coimearlos. En ese momento, el suspendido parlamentario intentó justificarse diciendo que había concretado esa propuesta “en un momento de desesperación”, según figura en el expediente judicial.
La huida y la propuesta
El fiscal federal Simón encuadró la conducta evasiva del dirigente oficialista en el artículo 239 del Código Penal, que castiga la resistencia y desobediencia a la autoridad. “Será reprimido con prisión de 15 días a un año el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal”, expresa la normativa penal.
Según el representante del Ministerio Público, la huida de parlamentario manzurista no sólo queda demostrada por las actas policiales. “También (quedó acreditada) por las manifestaciones realizadas por el propio señor Vargas Aignasse, quien intentando exculpar su conducta, señaló que lo había realizado por no contar con el carnet de conducir, extremo que se compadece con la realidad de los hechos, al no haberse secuestrado dicha documentación en el momento de la requisa del vehículo”, destacó el fiscal federal.
Simón consideró también probada la supuesta oferta de “una ayuda económica” por parte de Vargas Aignasse a los policías santiagueños, a cambio de que “lo ayudaran a él”. “Este hecho se encuadra jurídicamente como cohecho activo (...). Este tipo penal se configura aun cuando no hubo reciprocidad por parte de los agentes policiales a los cuales ofreció dicha ayuda”, señaló el magistrado. Y citó el artículo 258 del Código Penal, que contempla penas de prisión de uno a seis años, y una inhabilitació especial de dos a 10 años para el ejercicio de un cargo en el Estado, en caso de que el culpable fuere funcionario.
Estupefacientes
Los policías santiagueños encontraron 47 gramos de marihuana en el asiento trasero de la Toyota Hilux doble cabina. Las pericias señalan que se trataba de “118 dosis umbrales”. Más allá de la cantidad, el fiscal federal descartó que Vargas Aignasse o su compañera hayan tenido intenciones de vender el estupefaciente, ya que no estaba oculto en la camioneta.
De todas formas, Simón tampoco interpretó que la droga haya estado destinada al consumo personal. Si bien el suspendido legislador se abstuvo de declarar en la indagatoria -al igual que su compañera-, el fiscal federal tomó en cuenta una carta que Vargas Aignasse había publicado en Facebook. “(En un texto difundido) por el diario LA GACETA, señaló que no era adicto, y dijo que a tal fin se iba a someter a estudios clínicos”, recordó Simón. Ante esto, descartó la aplicación del fallo “Arriola” como jurisprudencia. Y encuadró la conducta del sospechoso en el artículo N° 14 de la Ley Nacional de Drogas (N° 23.737), que prevé penas de uno a seis años de prisión a quien tuviera estupefacientes en su poder.
El fiscal federal no perdió de vista que Vargas Aignasse es legislador. Y recordó la cláusula ética inserta en la reforma de la Constitución nacional de 1994. “Todos los funcionarios públicos, además de idoneidad para ejercer el cargo, deben desempeñarse de manera ética, siendo ejemplos para la sociedad”, redactó Simón.
Marcó luego que el imputado cursa su segundo mandato en el cuerpo colegiado tucumano. “Conoce las leyes”, indicó el fiscal federal Simón, quien espera la decisión del juez federal Molinari para seguir reuniendo pruebas.
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