Por Marcelo Aguaysol
17 Mayo 2016
BUENAS RELACIONES. ARCHIVO LA GACETA
Plata en mano vale más que promesa.Ese parece haber sido el razonamiento del
Poder Ejecutivo de Tucumán a la hora de aceptar la propuesta de devolución
parcial del 15% de la coparticipación retenida por cuestiones previsionales.
Hoy representa la liquidez que necesita la gestión del gobernador Juan
Manzur para atender las obligaciones financieras del Estado provincial;
mañana se verá si es que, en caso de incumplimiento, el Gobierno decide
definitivamente a resignar la vía judicial para reclamar la devolución de
los recursos, un camino que sí recorrieron, con éxito, Santa Fe, Córdoba y
San Luis, que hoy gozan de la distribución plena de fondos coparticipables.
¿Cuáles pueden ser los efectos de la propuesta de la Casa Rosada a los
gobernadores?
-Desde el punto de vista financiero, la devolución de un 3% del 15% adeudado
de coparticipación, sumado al anticipo de otro 6% (en carácter de préstamo),
le otorga a Tucumán ciertos márgenes de maniobra fiscal con efectos
inmediatos (obtendría liquidez para pagar, por ejemplo, el medio aguinaldo)
y mediatos (la futura inyección dineraria implicaría activar el ritmo de la
obra publica). No hay que perder de vista que el acuerdo le significará a
Tucumán un ingreso adicional de más de $ 2.000 millones, es decir, una
planilla y media de salarios mensuales del sector público local.
-Desde el punto de vista político, hay múltiples lecturas. Una puede ser del
lado de la necesidad de aquellos gobernadores de privilegiar más las
urgencias financieras que las pertenencias políticas. De hecho, Manzur ha
recibido varias llamadas de sus pares justicialistas para saber por qué
aceptó el acuerdo.Hoy, durante la cumbre en Córdoba donde el ministro del
Interior Rogelio Frigerio propondrá oficialmente el acuerdo al resto de los
mandatarios, puede haber algún tipo de reacción de algunos distritos contra
los "adelantados" (Tucumán,Jujuy, Neuquén y Chubut). Otra tiene que ver con
el apuro que tiene la Casa Rosada por cerrar el convenio, frente a la
posibilidad de un avance de la Ley Antidespidos en la Cámara de Diputados,
un recinto donde también tiene incidencia la opinión de los gobernadores.
-Puertas adentro de cada provincia, también se abre un debate que hasta
ahora no se dio: cómo se distribuirá el dinero que gire la Nación. En un
principio, el Poder Ejecutivo prevé repartir el 3% que la Nación transferirá
a cada provincia (Manzur cree que puede llegar hacia fines de junio o
principios de julio). Esto implica un monto cercano a los $ 675 millones. De
ese total, la mitad sería remitido al cierre del primer semestre, si es que
el Congreso de la Nación y la Legislatura provincial avalan el convenio. La
gran incógnita es qué sucederá con el 6% restante al tratarse de un préstamo
nacional. En el Gobierno sostiene que se ha previsto un mecanismo de
asistencia financiera para municipios y comunas rurales que seguirá vigente.
-Si la postura del Gobierno nacional prospera, en la Argentina terminaría
habiendo cinco regímenes de coparticipación: 1) San Luis y Santa Fe cobrando
el 15% de la ANSES y el 1,9% de la AFIP; 2) Córdoba cobrando el 15% de la
ANSES; 3) las provincias que acuerden con el gobierno nacional y no tengan
deuda a compensar, 4) provincias que acuerden y compensen deuda, y 5) las
provincias que acuerden (y seguramente hagan juicio), advierte Economía &
Regiones.
-La cuestión de fondo seguirá postergada, esto es un régimen federal de
distribución de recursos que no sea tan distorsivo y con demasiados parches,
como hasta ahora. En esa vía, las provincias tendrían que definir los
parámetros del nuevo sistema, sin resignar la porcentualidad de la
distribución actual. Es decir, que sea el Gobierno nacional el encargado de
resignar dinero. Además, se abre otro frente de tormenta: Buenos Aires
demanda el fin del tope de asignación del Fondo para el Conurbano, lo que
implicaría desfinanciar al conjunto del resto de las provincias argentinas.
Esa medida, podría significarle a Tucumán una disminución de coparticipación
del orden de los $ 100 millones mensuales.
Plata en mano vale más que promesa. Ese parece haber sido el razonamiento del Poder Ejecutivo de Tucumán a la hora de aceptar la propuesta de devolución parcial del 15% de la coparticipación retenida por cuestiones previsionales.
Hoy representa la liquidez que necesita la gestión del gobernador Juan Manzur para atender las obligaciones financieras del Estado provincial; mañana se verá si es que, en caso de incumplimiento, el Gobierno decide definitivamente a resignar la vía judicial para reclamar la devolución delos recursos, un camino que sí recorrieron, con éxito, Santa Fe, Córdoba y San Luis, que hoy gozan de la distribución plena de fondos coparticipables. ¿Cuáles pueden ser los efectos de la propuesta de la Casa Rosada a los gobernadores?
- Desde el punto de vista financiero, la devolución de un 3% del 15% adeudado de coparticipación, sumado al anticipo de otro 6% (en carácter de préstamo), le otorga a Tucumán ciertos márgenes de maniobra fiscal con efectos inmediatos (obtendría liquidez para pagar, por ejemplo, el medio aguinaldo) y mediatos (la futura inyección dineraria implicaría activar el ritmo de laobra publica). No hay que perder de vista que el acuerdo le significará a Tucumán un ingreso adicional de más de $ 2.000 millones, es decir, unaplanilla y media de salarios mensuales del sector público local.
- Desde el punto de vista político, hay múltiples lecturas. Una puede ser dellado de la necesidad de aquellos gobernadores de privilegiar más lasurgencias financieras que las pertenencias políticas. De hecho, Manzur ha recibido varias llamadas de sus pares justicialistas para saber por qué aceptó el acuerdo. Hoy, durante la cumbre en Córdoba donde el ministro del Interior Rogelio Frigerio propondrá oficialmente el acuerdo al resto de los mandatarios, puede haber algún tipo de reacción de algunos distritos contralos "adelantados" (Tucumán, Jujuy, Neuquén y Chubut). Otra tiene que ver con el apuro que tiene la Casa Rosada por cerrar el convenio, frente a la posibilidad de un avance de la Ley Antidespidos en la Cámara de Diputados, un recinto donde también tiene incidencia la opinión de los gobernadores.
- Puertas adentro de cada provincia, también se abre un debate que hasta ahora no se dio: cómo se distribuirá el dinero que gire la Nación. En un principio, el Poder Ejecutivo prevé repartir el 3% que la Nación transferirá a cada provincia (Manzur cree que puede llegar hacia fines de junio o principios de julio). Esto implica un monto cercano a los $ 675 millones. De ese total, la mitad sería remitido al cierre del primer semestre, si es que el Congreso de la Nación y la Legislatura provincial avalan el convenio. La gran incógnita es qué sucederá con el 6% restante al tratarse de un préstamo nacional. En el Gobierno sostiene que se ha previsto un mecanismo de asistencia financiera para municipios y comunas rurales que seguirá vigente.
- Si la postura del Gobierno nacional prospera, en la Argentina terminaría habiendo cinco regímenes de coparticipación: 1) San Luis y Santa Fe cobrando el 15% de la ANSES y el 1,9% de la AFIP; 2) Córdoba cobrando el 15% de la ANSES; 3) las provincias que acuerden con el gobierno nacional y no tengan deuda a compensar, 4) provincias que acuerden y compensen deuda, y 5) las provincias que acuerden (y seguramente hagan juicio), advierte Economía & Regiones.
- La cuestión de fondo seguirá postergada, esto es un régimen federal de distribución de recursos que no sea tan distorsivo y con demasiados parches,como hasta ahora. En esa vía, las provincias tendrían que definir los parámetros del nuevo sistema, sin resignar la porcentualidad de la distribución actual. Es decir, que sea el Gobierno nacional el encargado de resignar dinero. Además, se abre otro frente de tormenta: Buenos Aires demanda el fin del tope de asignación del Fondo para el Conurbano, lo que implicaría desfinanciar al conjunto del resto de las provincias argentinas. Esa medida, podría significarle a Tucumán una disminución de coparticipación del orden de los $ 100 millones mensuales.
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