Sigue la polémica por las acciones en poder de la Anses

BUENOS AIRES.- La Cámara de Diputados seguirá hoy con el tratamiento en comisión del proyecto enviado por el Ejecutivo que modifica el régimen fiscal y establece un programa de reparación histórica para jubilados y pensionados, en una jornada en la que se prevé escuchar a representantes de organizaciones de la tercera edad y especialistas en temas tributarios y fiscales.

La propuesta, que ya fue defendida la semana pasada por representantes del Gobierno, seguirá siendo debatida desde las 12 en una reunión conjunta de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y Presupuesto y Hacienda de Diputados, que arrancará con el testimonio del defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino. La intención de los diputados es sacar dictamen el jueves para tratarlo en una sesión especial que sería convocada para el miércoles 15.

El diputado Héctor Daer (Frente Renovador), presidente de la Comisión de Presupuesto, explicó que la intención es “emprolijarlo” al proyecto en los próximos dos días y “el jueves tener prácticamente algo definitivo para llevarlo al recinto el día miércoles de la semana que viene”. “Fundamentalmente se está trabajando en muchas cosas técnicas y otras que son políticas”, indicó el legislador al ser consultado sobre si se realizarán cambios a la propuesta enviada por el Gobierno. Desde el oficialismo confían en que están “garantizados” los votos para dar media sanción a la propuesta, más allá de algunas diferencias sobre el futuro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. El radical Miguel Bazze manifestó que “son mucho más importantes las coincidencias que tenemos con la oposición que las diferencias, en consecuencia debemos ser capaces de encontrar fórmulas que nos permitan acordar y sancionar esta ley que repara una tremenda injusticia con los jubilados”. “La discusión es otra, es si prohibiendo la venta de acciones de empresas privadas que el Fondo posee es la mejor forma de preservarlo, o si posibilitando su comercialización se garantiza mejor la rentabilidad del mismo”, agregó. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, argumentó que el FGS “no” se puede manejar con “tanta rigidez en la administración” de sus recursos, por lo que insistió que desde el Gobierno van a buscar hacer algunos cambios en el manejo de esta caja. Sin embargo, el massista Marco Lavagna sostuvo, en declaraciones a Radio 10, que “si se venden masivamente las acciones de la Anses se puede estar hipotecando el futuro del fondo de sustentabilidad”. En tanto que desde el bloque Justicialista, que ya anticipó que va a apoyar en general el proyecto con disidencias en particular, Bossio ratificó que los dividendos de las acciones “son suficientes para atender el flujo de financiamiento sin necesidad de vender los activos”.

Otro de los focos de conflicto tiene que ver con el artículo 85 de la ley de Blanqueo de activos sin declarar, que pretende establecer multas y penas de prisión a quienes divulguen datos de los sujetos beneficiados con el blanqueo. El presidente del bloque kirchnerista, Héctor Recalde, expresó que “el Frente para la Victoria repudia que el gobierno quiera impedir que el pueblo se entere de quiénes blanquean capitales del exterior” y anticipó que va a trabajar para “eliminar esta mordaza a la prensa”. No obstante, el jefe del bloque macrista, Nicolás Massot, relativizó la polémica al señalar que ese artículo “no forma parte de lo más importante” del proyecto de pago a jubilados, y destacó: “si tenemos que revisarlo lo vamos a hacer, con el espíritu de mejorarlo y no empeorarlo”.

Por otra parte, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) señaló que rechaza la redacción del artículo 85 del proyecto de blanqueo y de pago de las deudas a jubilados porque “afecta gravemente el derecho de libertad de expresión, en general, y el de libertad de prensa en particular”. Además, solicita a los legisladores nacionales -que se aprestan a debatir esta iniciativa en las comisiones- que “modifiquen la redacción para evitar la aprobación de una disposición que resultaría a todas luces inconstitucional”. (DyN)