07 Julio 2016
ABANDONANDO LOS TRIBUNALES. Sonriente, la líder del kirchnerismo, se aleja de Comodoro Py tras duras acusaciones al Ejecutivo y al Poder Judicial. fotos de reuters y dyn
BUENOS AIRES.- La ex presidenta Cristina Fernández se notificó ayer del embargo de $ 15 millones que le había fijado el juez Claudio Bonadio en la causa de dólar futuro, pero apenas la ex mandataria aclaró que rechazaba esa medida el magistrado le congeló los bienes. “No voy a satisfacer el embargo”, le dijo Cristina a la secretaria que lleva la causa, en un trámite duró menos de cinco minutos en una de las oficinas del juzgado de Bonadio.
Inmediatamente después de esto tomó el ascensor hasta el quinto piso, se dirigió a ver al fiscal Gerardo Pollicita, que tiene delegada la investigación por el caso “Hotesur”, e hizo una declaración espontánea para rechazar las sospechas de haber hecho movimientos en sus cuentas bancarias y denunciar a Bonadio y a la diputada Margarita Stolbizer por “tráfico de información”.
Dentro de tribunales, la ex jefa de Estado subió al cuarto piso y caminó hasta la secretaría donde se instruye la causa por la operatoria de dólar futuro: aunque era un trámite que podía hacerse por ventanilla, Cristina fue invitada a pasar junto a su abogado defensor, Carlos Beraldi, y se la notificó del embargo de $ 15 millones.
Medida dura
Como apeló ese procesamiento y el embargo, recusó al juez y también a los camaristas que lo validaron al frente de la causa. Al escuchar la notificación del embargo la ex mandataria informó que no iba a cubrirlo. Inmediatamente, Bonadio -con el que no se cruzó- decretó la inhibición de bienes, una medida cautelar que afecta a todos el patrimonio de la ex presidenta y de lo que se deja constancia en el Registro de la Propiedad.
Se trata de una medida más dura que el embargo, porque “no se inhibe una casa o un auto, sino que se inhibe a su titular” y afecta a todo el patrimonio, sin importar la cifra fijada por el embargo. Se descuenta que la defensa de la ex presidenta apelará.
Tapar el tarifazo
Luego, Cristina dijo que hay un “modus operandi” que consiste en hacer “una gran denuncia a partir de la que integrantes del Poder Judicial empiezan a hacer acciones mediáticas y cinematográficas con allanamientos con el solo objeto de sacar rédito político, intención dolosa y judicialización de la política”. “Acá hay un objetivo: que los argentinos no hablen de lo que les preocupa como el tarifazo”, enfatizó. (DyN)
Inmediatamente después de esto tomó el ascensor hasta el quinto piso, se dirigió a ver al fiscal Gerardo Pollicita, que tiene delegada la investigación por el caso “Hotesur”, e hizo una declaración espontánea para rechazar las sospechas de haber hecho movimientos en sus cuentas bancarias y denunciar a Bonadio y a la diputada Margarita Stolbizer por “tráfico de información”.
Dentro de tribunales, la ex jefa de Estado subió al cuarto piso y caminó hasta la secretaría donde se instruye la causa por la operatoria de dólar futuro: aunque era un trámite que podía hacerse por ventanilla, Cristina fue invitada a pasar junto a su abogado defensor, Carlos Beraldi, y se la notificó del embargo de $ 15 millones.
Medida dura
Como apeló ese procesamiento y el embargo, recusó al juez y también a los camaristas que lo validaron al frente de la causa. Al escuchar la notificación del embargo la ex mandataria informó que no iba a cubrirlo. Inmediatamente, Bonadio -con el que no se cruzó- decretó la inhibición de bienes, una medida cautelar que afecta a todos el patrimonio de la ex presidenta y de lo que se deja constancia en el Registro de la Propiedad.
Se trata de una medida más dura que el embargo, porque “no se inhibe una casa o un auto, sino que se inhibe a su titular” y afecta a todo el patrimonio, sin importar la cifra fijada por el embargo. Se descuenta que la defensa de la ex presidenta apelará.
Tapar el tarifazo
Luego, Cristina dijo que hay un “modus operandi” que consiste en hacer “una gran denuncia a partir de la que integrantes del Poder Judicial empiezan a hacer acciones mediáticas y cinematográficas con allanamientos con el solo objeto de sacar rédito político, intención dolosa y judicialización de la política”. “Acá hay un objetivo: que los argentinos no hablen de lo que les preocupa como el tarifazo”, enfatizó. (DyN)
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