La plata para un museo pasó a la cuenta de excedentes financieros

Al iniciar el 2015, la Legislatura tenía un presupuesto de $ 156 millones para ayudas sociales (es decir, el 16% del total anual). El 9 de septiembre pasado, gracias a una ampliación presupuestaria secreta habilitada por la anterior composición parlamentaria, se estableció que la partida para asistencia financiera sería de $ 505,6 millones (el 33% del global). Cuando finalizó el año electoral, tras una serie de trámites contables internos, se determinó que la cifra ejecutada para subsidios llegaba a $ 615,6 millones (el 40% del global).

El reparto de gastos sociales superior al previsto, sumado a una llamativa transferencia de $ 25 millones el día del recambio de autoridades, llevó a las autoridades legislativas a reasignar diversas partidas al cierre del ejercicio 2015. Según fuentes oficiales, esa potestad está determinada por las normas que regularon el Presupuesto General de la Provincia para 2015 (leyes N° 8.745 y N° 8.805).

Así, los fondos presupuestados para el “Edificio de la Memoria”, entre otros recursos, fueron cargados como “excedentes financieros” del año anterior. El proyecto, que tenía un partida inicial de $ 2,2 millones, implica la construcción de un museo en el ex edificio de la Brigada de Investigaciones, ubicado dentro del predio de la Cámara, sobre avenida Sarmiento al 591. El lugar funcionó como centro clandestino de detención durante la última dictadura militar. En 2012, luego de que el entonces legislador peronista José “Gallito” Gutiérrez, hoy comisionado rural de Garmendia, propusiera su demolición, el oficialismo impulsó la sanción de la ley N° 8.516, que habilitó la creación del sitio de la memoria. En la actualidad, el inmueble sigue deshabitado. En este tiempo, sólo se le ha colocado una enorme tela, del lado norte del derruido edificio, en la que están impresos los rostros de los congresales de 1816.

Mientras juraban

El 29 de octubre pasado, mientras Juan Manzur prestaba juramento como gobernador y Osvaldo Jaldo lo hacía como vicegobernador, se registró una curiosa transferencia bancaria. Ese día fueron extraídos $ 25 millones de la cuenta N° 200 980 43/8 del Banco Tucumán-Grupo Macro (afectada a las ayudas sociales), y fueron cargados a la cuenta para excedentes financieros previstos por ley N° 6.930, indicaron fuentes oficiales.

La operación llamó la atención de las nuevas autoridades legislativas, debido a que la norma sólo habilita la acreditación de los fondos sobrantes de un ejercicio contable (es decir, al final de diciembre de cada año), y no contempla movimientos al iniciar o terminar una gestión o administración.

Al finalizar 2015, en la sede de calle Muñecas 951 efectuaron diversos ajustes contables para solventar ese giro bancario, a sabiendas de que la ley N° 6.930 le permite a Legislatura (así como al Poder Judicial y al Tribunal de Cuentas) retener el remanente de un período y aplicarlo en el siguiente.

Según fuentes oficiales, se realizó un “barrido” en las diferentes partidas (Gastos en Personal, Bienes de Consumo, Servicios no Personales, etcétera). El rubro “Transferencias”, que contiene los subsidios legislativos, pasó de $ 505,6 millones a $ 625,6 millones presupuestados; como fueron ejecutados $ 615,6 millones, quedó un remanente de $ 10 millones, que fue cargado como excedente financiero. A estos fondos se les sumaron los $ 2,2 millones del “Edificio de la Memoria”, entre otras partidas.