22 Agosto 2016
DESPLAZADO. Juan José Gómez Centurión. FOTO TOMADA DE AMBITO.COM
El fiscal federal Guillermo Marijuán imputó hoy al desplazado titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), Juan José Gómez Centurión, y requirió abrir la investigación en base a una denuncia presentada por supuestos actos de corrupción en el organismo.
En tanto, Gómez Centurión se puso a disposición de la justicia, a través de sus abogados, Alejandro Perez Chada y Hugo Wortman Jofre.
El requerimiento fiscal implica abrir la investigación sobre la denuncia originada en un anónimo por supuestas graves irregularidades y hechos de corrupción en el organismo que quedó radicada ante el juez federal Ariel Lijo, quien en las próximas horas ordenará las primeras medidas de prueba pedidas por la fiscalía.
La imputación alcanza además a un personaje que sería clave en las maniobras, el empresario Oldemar Carlos Barreiro, alias "Cuqui", exdueño de Lo Jack.
Si bien se esperaba la presencia de Gómez Centurión en los tribunales de Comodoro Py, el exfuncionario prefirió por ahora enviar a sus abogados y se puso a disposición de la justicia para que lo investiguen.
Los letrados que lo representarán son Alejandro Pérez Chada, el mismo letrado que defendió al presidente Mauricio Macri en varias causas, por ejemplo en la que estuvo imputado por la ex UCEP, en la que se le endilgaban 17 casos de violencia contra gente en situación de calle durante operativos de recuperación de lugares públicos.
El letrado también estuvo bajo las órdenes de Macri, cuando este era presidente de Boca Juniors.
El otro abogado es Hugo Wortman Jofre, un conocido profesional del Grupo Clarín, y socio fundador del estudio Moreno Ocampo. Fue Secretario Letrado de la Fiscalía de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal e integrante del "Centro de Estudios y Asuntos Penales" del Banco Central de la República Argentina, especialistas en delitos económicos.
La denuncia central contra Gómez Centurión -ya que hay otra que tramita el juez Marcelo Martinez de Giorgi- llegó a través de un anónimo entregado al Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich.
En unas carillas describe una supuesta maniobra para contrabandear 2 mil containers a un precio de 260 millones de dólares, con la participación de funcionarios de la Aduana, una jueza y de un personaje externo que sería clave en la maniobra.
También hay escuchas que involucrarían a Centurión que fueron aportadas por la Agencia Federal de Inteligencia.
La otra denuncia fue presentada por el abogado Maximiliano Rusconi y recayó en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi. Rusconi defiende a los hermanos Paolantonio, acusados de contrabando por Gómez Centurión.
De acuerdo a la denuncia principal, bajo la protección de Centurión, Oldemar Carlos Barreiro, un ex empresario conocido como Cuki, habría orquestado el contrabando. La jueza Rita Ailan habría firmado las autorizaciones para la importación, lo que fue rechazado por la magistrada, y Centurión, a cambio de hacer la vista gorda, se habría quedado con 5 mil dólares por container, siempre según la denuncia anónima.
En diálogo con varios medios, Centurión rechazó las acusaciones y ahora se puso a disposición para que se lo investigue.
El fiscal federal Guillermo Marijuán imputó hoy al desplazado titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), Juan José Gómez Centurión, y requirió abrir la investigación en base a una denuncia presentada por supuestos actos de corrupción en el organismo.
En tanto, Gómez Centurión se puso a disposición de la justicia, a través de sus abogados, Alejandro Perez Chada y Hugo Wortman Jofre.
El requerimiento fiscal implica abrir la investigación sobre la denuncia originada en un anónimo por supuestas graves irregularidades y hechos de corrupción en el organismo que quedó radicada ante el juez federal Ariel Lijo, quien en las próximas horas ordenará las primeras medidas de prueba pedidas por la fiscalía.
La imputación alcanza además a un personaje que sería clave en las maniobras, el empresario Oldemar Carlos Barreiro, alias "Cuqui", ex dueño de Lo Jack.
Si bien se esperaba la presencia de Gómez Centurión en los tribunales de Comodoro Py, el ex funcionario prefirió por ahora enviar a sus abogados y se puso a disposición de la Justicia para que lo investiguen.
Pérez Chada es el mismo letrado que defendió al presidente Mauricio Macri en varias causas, por ejemplo en la que estuvo imputado por la ex UCEP, en la que se le endilgaban 17 casos de violencia contra gente en situación de calle durante operativos de recuperación de lugares públicos.
El letrado también estuvo bajo las órdenes de Macri, cuando este era presidente de Boca Juniors.
El otro abogado es Hugo Wortman Jofre, un conocido profesional del Grupo Clarín, y socio fundador del estudio Moreno Ocampo. Fue Secretario Letrado de la Fiscalía de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal e integrante del "Centro de Estudios y Asuntos Penales" del Banco Central de la República Argentina, especialistas en delitos económicos.
La denuncia central contra Gómez Centurión -ya que hay otra que tramita el juez Marcelo Martinez de Giorgi- llegó a través de un anónimo entregado al Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich.
En unas carillas describe una supuesta maniobra para contrabandear 2 mil containers a un precio de 260 millones de dólares, con la participación de funcionarios de la Aduana, una jueza y de un personaje externo que sería clave en la maniobra.
También hay escuchas que involucrarían a Centurión que fueron aportadas por la Agencia Federal de Inteligencia.
La otra denuncia fue presentada por el abogado Maximiliano Rusconi y recayó en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi. Rusconi defiende a los hermanos Paolantonio, acusados de contrabando por Gómez Centurión.
De acuerdo a la denuncia principal, bajo la protección de Centurión, Oldemar Carlos Barreiro, un ex empresario conocido como Cuki, habría orquestado el contrabando. La jueza Rita Ailan habría firmado las autorizaciones para la importación, lo que fue rechazado por la magistrada, y Centurión, a cambio de hacer la vista gorda, se habría quedado con 5 mil dólares por container, siempre según la denuncia anónima.
Centurión rechazó las acusaciones y ahora se puso a disposición para que se lo investigue.
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