El Gobierno provincial analiza dictar la emergencia por drogas

La sugerencia que realizó el juez Federal Fernando Poviña para que Tucumán se declare en emergencia por el avance del narcotráfico movilizó a los poderes del Estado. “Hay que tener en cuenta la sugerencia del señor juez”, aseguró el gobernador Juan Manzur en diálogo con la prensa.

El magistrado había calificado como grave el problema del narcotráfico. Poviña dijo que la actividad ilegal va creciendo. “Aclaro: la provincia no es Rosario, pero si no pone un freno, lo terminará siendo”, dijo en una entrevista con LA GACETA.

“Me parece bien la reflexión del señor juez, creo que esto nos tiene que hacer extremar todas las medidas de prevención, nos tiene que obligar a redoblar todos los esfuerzos, a plantear un trabajo mucho más intenso y en forma conjunta”, agregó el gobernador.

Manzur señaló que la droga es un gran flagelo en la Argentina y en el mundo. “Los delitos vinculados a este ilícito son cada vez complejos. Obviamente esto es lo que se debe articular porque muchas veces excede lo que es la capacidad de respuesta de una sola jurisdicción”, manifestó en ronda de prensa.

“Tucumán ya dio un paso hacia adelante con la radicación con mayor cantidad de hombres de la Policía Federal y de Gendarmería. Tenemos que sumar esfuerzos y trabajar en forma conjunta y apostar, fundamentalmente, a lo que tiene que ver con la prevención”, concluyó.

Posibilidades

Hay dos alternativas para que la provincia se declare en emergencia. El gobernador puede hacerlo a través de un decreto que debe ser aceptado por la Legislatura. La otra, es que los legisladores aprueben una Ley que debe ser promulgada por el PE. Con esta norma, el Estado provincial puede pedir ayuda especial a la Nación para afrontar la lucha.

“El narcotráfico es una enfermedad que va avanzando en la provincia. Uno debe cortar con eso y para ello se deben tomar decisiones para evitar que empeore”, señaló el legislador oficialista Javier Pucharras, presidente de la Comisión de Seguridad del cuerpo.

Claudio Viña (Fuerza Republicana), que es titular de la Comisión de Lucha contra las Adicciones también se mostró interesado en que esta cuestión se defina. “Me alarma la advertencia que hizo el juez Poviña, pero no se la puede dejar pasar. Amerita una urgente reunión de ambas comisiones para analizar el tema”, explicó en una charla con LA GACETA.

“Declarar la emergencia es una decisión política que el ministro de Gobierno (Regino Amado) no adoptó. Si hay una decisión política de seguir adelante con esto, la Legislatura no tenga dudas de que lo va a aprobar”, sentenció el también oficialista Marcelo Caponio.

Stella Maris Córdoba (Peronismo del Bicentenario), otra crítica de la gestión en el área de Seguridad, opinó: “Estamos desalineados con la política que impulsa la Nación en este tema. El crecimiento de la droga en Tucumán es evidente, alarmante. Ni siquiera habría que elevar un proyecto, ya los hay y no sólo de nuestro bloque. Y la Nación no nos da prioridad porque el Gobierno se niega a declarar la emergencia”.

José María Canelada (UCR) también espera que los dichos de Poviña generen un cambio. “Esperamos que el PE se haga eco del pedido del magistrado, ya que no quiso escuchar a los legisladores cuando le solicitamos que declarara la emergencia. Se escudaron -continuó- en una vieja Ley de 2006 que sólo declara la emergencia en infraestructura edilicia, incluyendo el área de Seguridad. Es hora de que la provincia se ponga los pantalones largos y encare una verdadera política de lucha contra el narcotráfico”, sentenció.

Poviña, en su sugerencia, había planteado la necesidad que la Justicia ordinaria se haga cargo de las causas de narcomenudeo, ya que a su entender, la mayoría está vinculado a delitos comunes, siempre y cuando se le asignen mayores recursos humanos y tecnológicos.

“Primero hay que conseguir los medios y, una vez que se los tendrá, habría que ponerse a pensar si es que se puede hablar de competencia. La Justicia no cuenta con los recursos ni la infraestructura para hacerlo. Por ejemplo, el Poder Judicial no tiene ni siquiera insumos para que funcionen sus laboratorios”, sentenció la fiscala Adriana Giannoni.