18 Septiembre 2016
El ciudadano Carlos Duguech, quien había iniciado en 2014 una denuncia penal por el manejo de los subsidios del Poder Legislativo conocidos como “gastos sociales”, le elevó una nota al titular del Ministerio Público Fiscal, Edmundo Jiménez, para solicitarle el desarchivo de esa causa. Según explicó el demandante, el fiscal de Instrucción de la VII Nominación, Arnoldo Suasnábar, había resuelto a mediados de 2015 archivar la pesquisa, tras aducir que no existían elementos probatorios de algún delito.
El martes que pasó, LA GACETA dio a conocer que el fiscal de Instrucción de la V Nominación, Washington Navarro Dávila, había decidido no continuar con la investigación de la denuncia por presunta administración fraudulenta formulada por el abogado penalista Oscar López en contra de la anterior gestión de la Legislatura. Según la hipótesis del peronista disidente, las autoridades y todos los miembros de esa composición parlamentaria cometieron delitos -entre ellos, presuntas maniobras electorales- con los $ 615 millones ejecutados bajo la figura de subsidios durante el 2015 electoral.
Horas después de la publicación del martes, el ministro fiscal Jiménez dispuso el desarchivo del expediente. También resolvió su remisión a la Fiscalía de Instrucción de turno. Como esa tarea estaba a cargo del recientemente designado Claudio Bonari (de la II Nominación), ahora este representante del Ministerio Público debe pedirle la causa a mesa de entradas de tribunales y analizar los pasos a seguir.
Al tomar conocimiento de la decisión del jefe de los fiscales, Duguech concurrió con un escrito a la sede de avenida Sarmiento al 400. Allí remarcó el argumento expresado por Jiménez en la resolución dictada para retirar de archivo la causa de los “gastos sociales” iniciada por López. “Es preciso advertir que, debido a las connotaciones públicas de la investigación que se sustenta bajo los autos de referencia, sin llegar a considerar siquiera que se encuentren en juego la honorabilidad, criterio y diligencia del fiscal de Instrucción de la V° Nominación, resulta prudente en esta oportunidad disponer el cambio de radicación de los autos de referencia”, aclaró Jiménez en la resolución. Duguech destacó la decisión del jefe del Ministerio Público Fiscal, y le indicó que, en 2014, había formulado una denuncia sobre el manejo de las ayudas sociales a personas que otorgaba hasta hace un mes la Legislatura.
En esa causa, añadió el ciudadano, constaba un pedido formulado al Tribunal de Cuentas sobre las rendiciones elevadas por miembros del cuerpo colegiado y funcionarios por esos gastos. En la respuesta oficial, indicó Duguech, el titular del Tribunal de Cuentas, Miguel Terraf, le señaló que “tampoco es posible determinar el monto de los gastos sociales porque la rendición de cuentas de los mismos se realiza dentro de una partida que incluye otro tipo de gastos”.
El autor de la denuncia afirmó que, ya con el caso archivado, le había pedido a Suasnábar -con resultado negativo- el desarchivo, sobre la base de las noticias por el manejo de los fondos, en valijas, que difundió este diario desde noviembre. “El fiscal de la VII° Nominación no investigó, además de desconocer la prueba planteada”, marcó Duguech, a la espera de una contestación.
El martes que pasó, LA GACETA dio a conocer que el fiscal de Instrucción de la V Nominación, Washington Navarro Dávila, había decidido no continuar con la investigación de la denuncia por presunta administración fraudulenta formulada por el abogado penalista Oscar López en contra de la anterior gestión de la Legislatura. Según la hipótesis del peronista disidente, las autoridades y todos los miembros de esa composición parlamentaria cometieron delitos -entre ellos, presuntas maniobras electorales- con los $ 615 millones ejecutados bajo la figura de subsidios durante el 2015 electoral.
Horas después de la publicación del martes, el ministro fiscal Jiménez dispuso el desarchivo del expediente. También resolvió su remisión a la Fiscalía de Instrucción de turno. Como esa tarea estaba a cargo del recientemente designado Claudio Bonari (de la II Nominación), ahora este representante del Ministerio Público debe pedirle la causa a mesa de entradas de tribunales y analizar los pasos a seguir.
Al tomar conocimiento de la decisión del jefe de los fiscales, Duguech concurrió con un escrito a la sede de avenida Sarmiento al 400. Allí remarcó el argumento expresado por Jiménez en la resolución dictada para retirar de archivo la causa de los “gastos sociales” iniciada por López. “Es preciso advertir que, debido a las connotaciones públicas de la investigación que se sustenta bajo los autos de referencia, sin llegar a considerar siquiera que se encuentren en juego la honorabilidad, criterio y diligencia del fiscal de Instrucción de la V° Nominación, resulta prudente en esta oportunidad disponer el cambio de radicación de los autos de referencia”, aclaró Jiménez en la resolución. Duguech destacó la decisión del jefe del Ministerio Público Fiscal, y le indicó que, en 2014, había formulado una denuncia sobre el manejo de las ayudas sociales a personas que otorgaba hasta hace un mes la Legislatura.
En esa causa, añadió el ciudadano, constaba un pedido formulado al Tribunal de Cuentas sobre las rendiciones elevadas por miembros del cuerpo colegiado y funcionarios por esos gastos. En la respuesta oficial, indicó Duguech, el titular del Tribunal de Cuentas, Miguel Terraf, le señaló que “tampoco es posible determinar el monto de los gastos sociales porque la rendición de cuentas de los mismos se realiza dentro de una partida que incluye otro tipo de gastos”.
El autor de la denuncia afirmó que, ya con el caso archivado, le había pedido a Suasnábar -con resultado negativo- el desarchivo, sobre la base de las noticias por el manejo de los fondos, en valijas, que difundió este diario desde noviembre. “El fiscal de la VII° Nominación no investigó, además de desconocer la prueba planteada”, marcó Duguech, a la espera de una contestación.
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