18 Septiembre 2016
EN EL RECINTO. Aráoz (UCR) es integrante de la comisión de Juicio Político. la gaceta / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO (archivo)
El legislador Eudoro Aráoz (UCR) expresó críticas a la acordada N° 1.236/2016 de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT). A través de ese instrumento, dictado el viernes, el alto tribunal calificó de “afrenta al sistema democrático” unos dichos anteriores del opositor, quien había opinado que corresponde la intervención federal del Poder Judicial de la Provincia por hechos que consideró “graves” en el manejo de causas judiciales que involucran al poder político. Tras haber recibido el rechazo formal de la CSJT, Aráoz renovó sus críticas, alegando que los magistrados no respetaron las potestades constitucionales que le otorga su investidura.
“Vulneraron el artículo 62 de la Constitución provincial”, le señaló el radical a este diario. Ese párrafo de la Carta Magna expresa: “los legisladores no serán nunca molestados por los votos que constitucionalmente emitan y opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos dentro y fuera del recinto legislativo”. Según Aráoz, la acordada firmada por Antonio Gandur (presidente), René Goane, Antonio Estofán y Daniel Posse (Claudia Sbdar no intervino por estar de viaje) afectó de modo evidente la disposición constitucional.
La polémica gira en torno a la tramitación de expedientes referidos, sobre todo, al caso de las valijas para supuestos subsidios (conocidos como “gastos sociales) otorgados por el Poder Legislativo en el 2015 electoral, erogación que alcanzó los $ 615,6 millones.
En la edición del viernes de este diario se publicaron declaraciones de Aráoz respecto a dos puntos que generaron polémica. El primero fue la reunión que mantuvieron el 18 de agosto pasado Gandur, el gobernador Juan Manzur, el vicegobernador Osvaldo Jaldo, el fiscal de Estado Daniel Leiva y el abogado Nicanor Rodríguez del Busto en la casa del primero. En esa “visita” no oficial”, los funcionarios le consultaron al titular de la Corte Suprema por el juicio en lo contencioso administrativo que inició Aráoz para acceder a información sobre el destino dado a “ayudas sociales a personas” en 2015, admitió el propio anfitrión. Aráoz, en segundo lugar, había vinculado esa situación con la decisión del fiscal de Instrucción, Washington Navarro Dávila, de haber archivado la causa penal por presunto fraude con los “gastos sociales” (medida luego revertida por el ministro fiscal, Edmundo Jiménez). “Pido la intervención federal para el Poder Judicial de Tucumán porque no sabemos si la decisión de archivo (de Navarro Dávila) tuvo algo que ver con la reunión secreta (en la casa de Gandur)”, había dicho Aráoz.
Esas declaraciones regresaron con cuestionamientos desde la CSJT. “Sus manifestaciones son una afrenta a nuestro sistema democrático y un ataque a la estabilidad del orden institucional”, redactaron los vocales. Advirtieron que las aseveraciones del legislador “no se condicen de ninguna manera con la realidad”.
El opositor remarcó que formuló esos dichos en el desempeño de su cargo. Y consideró “desacertado” que la CSJT haya tomado sus declaraciones como un intento de “desacreditar” a la Justicia de Tucumán. “Sólo la falta de espíritu crítico o la caída en un profundo autismo pueden hacer que el Poder Judicial no advierta la situación. La institución ya está profundamente desacreditada en esta provincia”, indicó. Consideró que esto se produjo no por sus dichos, sino “por distintas actuaciones y resoluciones” de magistrados. “(Esas medidas) fueron minando la confianza pública hacia la Justicia tucumana. Un ejemplo es el paradigmático caso (por el crimen de Paulina) Lebbos, en el que la Corte no supervisó ni auditó en tiempo y forma, sino (que intervino) varios años después”, dijo Aráoz. Aseguró luego que el alto tribunal instauró un sistema de auditorías “que no funciona”. “Los resultados (de esos informes) se mantienen ocultos; no sólo para los abogados, sino para toda la sociedad”, insistió el radical. Marcó luego que no pretendía condicionar el curso de la demanda en el fuero contencioso, que podría eventualmente llegar a la órbita del alto tribunal. “Sólo estoy pidiendo, por vía judicial, que se informe a la sociedad sobre el destino de esos millones”, añadió. Reveló luego que, tras el dictado de la acordada de la CSJT, un oficialista de “peso” hizo circular por los despachos legislativos copias de ese instrumento. “Llama la atención la celeridad con la que sacaron fotocopias; deberían tener la misma velocidad para remitir la documentación sobre los gastos sociales cuando es requerida”, señaló Aráoz, ex titular del Colegio de Abogados.
Causa I
Tras el desarchivo, se esperan medidas
El fiscal de Instrucción de la II° Nominación, Claudio Bonari, es el más reciente entre los investigadores del fuero, ya que fue designado en agosto pasado. Como era el fiscal de turno el día que el ministro fiscal, Edmundo Jiménez, dispuso el desarchivo de la causa sobre los gastos sociales (revocando lo dispuesto por el fiscal de Instrucción Washington Navarro Dávila), el expediente reacaerá, en principio, bajo su órbita. Bonari, para recibir el caso, debe solicitarlo a través de mesa de entradas de los tribunales penales, para luego resolver los pasos a seguir. Se trata de la primera causa iniciada por el uso de los fondos para “ayudas sociales a personas” ejecutados en el 2015 electoral. Según la denuncia del peronista disidente Oscar López, la anterior gestión legislativa aplicó de modo fraudulento esos recursos públicos. El ex candidato a legislador demandó a oficialistas y a opositores.
Causa II
Deben resolver sobre el caso Pérez
El jueves 8, el fiscal Washington Navarro Dávila archivó el caso por presunto fraude al Estado mediante los subsidios del Poder Legislativo. Cinco días después, el ministro fiscal Edmundo Jiménez reabrió la investigación y decidió que pasara a manos del fiscal que se encontrara de turno (estaba Claudio Bonari). En la resolución sin embargo el jefe de los fiscales no dejó asentado de modo específico qué ocurrirá con la causa referida al presunto enriquecimiento ilícito del secretario de la Legislatura, el ex tesorero Claudio Antonio Pérez. Como ese expediente se “desprendió” del original, tras una ampliación de la denuncia del peronista disidente Oscar López, quedó en la oficina a cargo de Navarro Dávila. Según fuentes judiciales, con el correr de los próximos días se tomará una decisión oficial sobre esa causa, aunque se prevé que, tal como sucedió con los cuerpos originales de la pesquisa, serán remitidos a otra fiscalía.
Causa III
analizan planteos de un ex legislador
El ex legislador oficialista Iván Llorens Dip (2011-2015) se apersonó a través de su defensor, Nicolás Pedro Brito, en la causa federal que investiga una posible evasión mediante la ejecución de los subsidios del Poder Legislativo. La semana pasada, a raíz de un planteo formulado por el letrado, el fiscal federal N° 1 de Tucumán, Carlos Alfredo Brito, le remitió el caso -que estaba instruyendo desde el inicio- al juez federal N° 1 de esta provincia, Daniel Bejas. Este magistrado debe resolver otros escritos elevados por el abogado de Llorens Dip; entre otros puntos, la defensa cuestiona la constitucionalidad de un oficio girado por el fiscal federal al vicegobernador, Osvaldo Jaldo, para que este remita la documentación respaldatoria revisada por el Tribunal de Cuentas, referida a los gastos sociales de junio, julio y agosto de 2015 ($ 207 millones). El representante del ex legislador pide la nulidad o la suspensión del oficio.
Causas IV, V y VI
Tres expedientes en el fuero contencioso
El fuero contencioso tramita tres expedientes sobre el uso de los gastos sociales en 2015. Oscar López planteó la inconstitucionalidad del régimen ante la Sala I; el legislador Eudoro Aráoz (UCR) inició un caso por derecho de acceso a la información ante la Sala II; este tribunal analiza una acción declarativa de constitucionalidad del legislador Luis Brodersen (PRO-A).
“Vulneraron el artículo 62 de la Constitución provincial”, le señaló el radical a este diario. Ese párrafo de la Carta Magna expresa: “los legisladores no serán nunca molestados por los votos que constitucionalmente emitan y opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos dentro y fuera del recinto legislativo”. Según Aráoz, la acordada firmada por Antonio Gandur (presidente), René Goane, Antonio Estofán y Daniel Posse (Claudia Sbdar no intervino por estar de viaje) afectó de modo evidente la disposición constitucional.
La polémica gira en torno a la tramitación de expedientes referidos, sobre todo, al caso de las valijas para supuestos subsidios (conocidos como “gastos sociales) otorgados por el Poder Legislativo en el 2015 electoral, erogación que alcanzó los $ 615,6 millones.
En la edición del viernes de este diario se publicaron declaraciones de Aráoz respecto a dos puntos que generaron polémica. El primero fue la reunión que mantuvieron el 18 de agosto pasado Gandur, el gobernador Juan Manzur, el vicegobernador Osvaldo Jaldo, el fiscal de Estado Daniel Leiva y el abogado Nicanor Rodríguez del Busto en la casa del primero. En esa “visita” no oficial”, los funcionarios le consultaron al titular de la Corte Suprema por el juicio en lo contencioso administrativo que inició Aráoz para acceder a información sobre el destino dado a “ayudas sociales a personas” en 2015, admitió el propio anfitrión. Aráoz, en segundo lugar, había vinculado esa situación con la decisión del fiscal de Instrucción, Washington Navarro Dávila, de haber archivado la causa penal por presunto fraude con los “gastos sociales” (medida luego revertida por el ministro fiscal, Edmundo Jiménez). “Pido la intervención federal para el Poder Judicial de Tucumán porque no sabemos si la decisión de archivo (de Navarro Dávila) tuvo algo que ver con la reunión secreta (en la casa de Gandur)”, había dicho Aráoz.
Esas declaraciones regresaron con cuestionamientos desde la CSJT. “Sus manifestaciones son una afrenta a nuestro sistema democrático y un ataque a la estabilidad del orden institucional”, redactaron los vocales. Advirtieron que las aseveraciones del legislador “no se condicen de ninguna manera con la realidad”.
El opositor remarcó que formuló esos dichos en el desempeño de su cargo. Y consideró “desacertado” que la CSJT haya tomado sus declaraciones como un intento de “desacreditar” a la Justicia de Tucumán. “Sólo la falta de espíritu crítico o la caída en un profundo autismo pueden hacer que el Poder Judicial no advierta la situación. La institución ya está profundamente desacreditada en esta provincia”, indicó. Consideró que esto se produjo no por sus dichos, sino “por distintas actuaciones y resoluciones” de magistrados. “(Esas medidas) fueron minando la confianza pública hacia la Justicia tucumana. Un ejemplo es el paradigmático caso (por el crimen de Paulina) Lebbos, en el que la Corte no supervisó ni auditó en tiempo y forma, sino (que intervino) varios años después”, dijo Aráoz. Aseguró luego que el alto tribunal instauró un sistema de auditorías “que no funciona”. “Los resultados (de esos informes) se mantienen ocultos; no sólo para los abogados, sino para toda la sociedad”, insistió el radical. Marcó luego que no pretendía condicionar el curso de la demanda en el fuero contencioso, que podría eventualmente llegar a la órbita del alto tribunal. “Sólo estoy pidiendo, por vía judicial, que se informe a la sociedad sobre el destino de esos millones”, añadió. Reveló luego que, tras el dictado de la acordada de la CSJT, un oficialista de “peso” hizo circular por los despachos legislativos copias de ese instrumento. “Llama la atención la celeridad con la que sacaron fotocopias; deberían tener la misma velocidad para remitir la documentación sobre los gastos sociales cuando es requerida”, señaló Aráoz, ex titular del Colegio de Abogados.
Causa I
Tras el desarchivo, se esperan medidas
El fiscal de Instrucción de la II° Nominación, Claudio Bonari, es el más reciente entre los investigadores del fuero, ya que fue designado en agosto pasado. Como era el fiscal de turno el día que el ministro fiscal, Edmundo Jiménez, dispuso el desarchivo de la causa sobre los gastos sociales (revocando lo dispuesto por el fiscal de Instrucción Washington Navarro Dávila), el expediente reacaerá, en principio, bajo su órbita. Bonari, para recibir el caso, debe solicitarlo a través de mesa de entradas de los tribunales penales, para luego resolver los pasos a seguir. Se trata de la primera causa iniciada por el uso de los fondos para “ayudas sociales a personas” ejecutados en el 2015 electoral. Según la denuncia del peronista disidente Oscar López, la anterior gestión legislativa aplicó de modo fraudulento esos recursos públicos. El ex candidato a legislador demandó a oficialistas y a opositores.
Causa II
Deben resolver sobre el caso Pérez
El jueves 8, el fiscal Washington Navarro Dávila archivó el caso por presunto fraude al Estado mediante los subsidios del Poder Legislativo. Cinco días después, el ministro fiscal Edmundo Jiménez reabrió la investigación y decidió que pasara a manos del fiscal que se encontrara de turno (estaba Claudio Bonari). En la resolución sin embargo el jefe de los fiscales no dejó asentado de modo específico qué ocurrirá con la causa referida al presunto enriquecimiento ilícito del secretario de la Legislatura, el ex tesorero Claudio Antonio Pérez. Como ese expediente se “desprendió” del original, tras una ampliación de la denuncia del peronista disidente Oscar López, quedó en la oficina a cargo de Navarro Dávila. Según fuentes judiciales, con el correr de los próximos días se tomará una decisión oficial sobre esa causa, aunque se prevé que, tal como sucedió con los cuerpos originales de la pesquisa, serán remitidos a otra fiscalía.
Causa III
analizan planteos de un ex legislador
El ex legislador oficialista Iván Llorens Dip (2011-2015) se apersonó a través de su defensor, Nicolás Pedro Brito, en la causa federal que investiga una posible evasión mediante la ejecución de los subsidios del Poder Legislativo. La semana pasada, a raíz de un planteo formulado por el letrado, el fiscal federal N° 1 de Tucumán, Carlos Alfredo Brito, le remitió el caso -que estaba instruyendo desde el inicio- al juez federal N° 1 de esta provincia, Daniel Bejas. Este magistrado debe resolver otros escritos elevados por el abogado de Llorens Dip; entre otros puntos, la defensa cuestiona la constitucionalidad de un oficio girado por el fiscal federal al vicegobernador, Osvaldo Jaldo, para que este remita la documentación respaldatoria revisada por el Tribunal de Cuentas, referida a los gastos sociales de junio, julio y agosto de 2015 ($ 207 millones). El representante del ex legislador pide la nulidad o la suspensión del oficio.
Causas IV, V y VI
Tres expedientes en el fuero contencioso
El fuero contencioso tramita tres expedientes sobre el uso de los gastos sociales en 2015. Oscar López planteó la inconstitucionalidad del régimen ante la Sala I; el legislador Eudoro Aráoz (UCR) inició un caso por derecho de acceso a la información ante la Sala II; este tribunal analiza una acción declarativa de constitucionalidad del legislador Luis Brodersen (PRO-A).
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