“Todos reclaman una política de Estado”

Ricardo Sanjuán, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones, y Fernando Luis Poviña, juez federal N° 2 de Tucumán, concretaron ayer a la tarde una visita inédita a la sede del Poder Legislativo, donde expresaron ante autoridades y miembros del cuerpo colegiado su experiencia en el trámite judicial de delitos complejos (entre ellos, el narcotráfico). El encuentro tuvo lugar en la previa a la sesión del jueves, en la que se tratará el dictado del estado de Emergencia en Seguridad en el territorio provincial.

Hoy, a partir de las 11, los legisladores recibirán la visita funcionarios del Poder Judicial de Tucumán. Según confirmó el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, esperan los aportes del presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), Antonio Gandur, y del titular del Ministerio Público Fiscal y Pupilar, Edmundo Jesús Jiménez.

Sanjuán y Poviña fueron recibidos a raíz de sus declaraciones críticas sobre el estado de situación del narcotráfico en la provincia. Ayer, en el tercer piso de la Legislatura, fueron entrevistados por los miembros de las comisiones de Seguridad y Justicia; de Asuntos Constitucionales e Institucionales; y de Lucha y Prevención de las Adicciones. “Fue una reunión positiva; nos invitaron a dar nuestra opinión sobre el trabajo que realizamos a diario sobre esta temática”, indicó Poviña. Entre otros puntos, expusieron sobre en qué consisten estas pesquisas “complejas” y sobre las falencias en la materia, haciendo foco, entre otros puntos, en la falta de cupo para detenidos por causas federales. “(Los ítems que aportamos) tienen que ver con la organización y coordinación de las fuerzas nacionales y de la (Policía) provincial. Todo lo que tenga que ver con el mejoramiento y mayor capacidad para el alojamiento de detenidos. En tercer lugar, el fortalecimiento de la Justicia (Federal) en cuanto a los números de juzgados y de fiscalías actuantes. Y, por último, lo que respecta a la recuperación de los adictos”, indicó Poviña. Luego, se excusó de brindar información sobre la detención del empleado del oficialista Ramón Santiago Cano, puesto que la causa “está en plena investigación y no se pueden dar adelantos hasta que se resuelva”.

Sanjuán, en tanto, recordó las declaraciones públicas que habían formulado sobre la situación, y agradeció a la Legislatura por haber acusado recibo de esos dichos. “(La intención) es diseñar algo que todo el mundo está reclamando, que es una política de Estado; no basta con lo referido a las fuerzas de seguridad, sino que incluye cuestiones como salud, educación, prevención de delitos, trabajo, y esa es un poco a lo que se apunta”, advirtió.

Jaldo participó de la reunión, aunque en carácter de asistente, puesto que estuvo a cargo del PE durante todo el día de ayer. “Qué mejor que los jueces federales, quienes tienen experiencia en la materia, que nos pudieron asesorar y hacer sugerencias. Hoy creo que se ha cumplido con la meta”, destacó el vicegobernador. El vicepresidente 1°, Guillermo Gassenbauer, celebró la reunión. “Vamos a buscar la mejor ley”, dijo.

El titular subrogante de la Cámara, Julio Silman, encabezó el encuentro y expresó su satisfacción. “Es bueno ver por el retrovisor para encontrar los errores que no deberíamos haber cometido, pero es importante observar por el parabrisas, hacia adelante, porque a los tucumanos les hace falta que haya más seguridad en Tucumán y esta herramienta que estamos elaborando va a ayudar mucho”, destacó.

El legislador oficialista Marcelo Caponio, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales, expresó duras críticas hacia el área de Seguridad del Poder Ejecutivo (PE). Incluso, señaló cuestionamientos hacia el decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado el viernes pasado por el gobernador, Juan Manzur, y por los miembros de su gabinete, con el fin de declarar la emergencia por la avanzada del delito en la provincia.

“Se ha analizado detalladamente el DNU que ha dictado la Provincia. En los términos en que ha sido redactado, manifiesta el fracaso de la política de seguridad de las autoridades en la parte provincial; es un decreto genérico, que no hace alusión a delitos particulares”, destacó Caponio, ayer a la mañana.

El oficialista habló en rueda de prensa tras la primera reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales; de Seguridad y Justicia (a cargo de Javier Pucharras, PJ); y de Lucha y Prevención de las Adicciones (la preside Claudio Viña, de Fuerza Republicana). Tras el encuentro, Caponio destacó que evaluaron el DNU de Manzur y que, considerando otras normativas similares (como la dictada en enero por el presidente, Mauricio Macri) especifican de una manera más clara “dónde está apuntado el esfuerzo y en qué puntos se autorizan contrataciones directas”. “Es necesaria la adhesión al decreto nacional, que declara la emergencia en seguridad y establece beneficios para la provincia. Pero son todas cosas a definir; las tres comisiones van a tratar de emitir un dictamen conjunto”, anticipó Caponio. Aclaró que aún no fue rechazado el DNU del PE. “Pero sí se observan muchas falencias en la redacción y los propósitos del mismo”, indicó. Luego, tras una consulta, agregó: “la selección de los funcionarios es del PE; a la cabeza de la Policía, que se encarga de la prevención, la selecciona el gobernador; no es responsabilidad de la Legislatura”.