24 Septiembre 2016
EN 2010. Maquinarias realizando parte de las obras en Concepción. la gaceta / foto de osvaldo ripoll
La travesía urbana, una obra que sirve de acceso a Concepción y que fue construida a lo largo de la vieja traza de la ruta 38, forma parte de las sospechas que pesan en la investigación sobre el manejo de recursos que tuvo el ex secretario de Obras Públicas de la Nación José Francisco López. Según una publicación del diario La Nación de Buenos Aires, la obra –que permanece inconclusa- está bajo la mira en razón de que su costo pasó de $ 45 a $150 millones. Acusó un aumento del 300% entre el 2009 y el 2015 a través de distintos decretos. Su ejecución se acordó a través de un acuerdo entre la Dirección Nacional de Vialidad (DVN), que dependía de López, y la Municipalidad de Concepción. El proyecto, que tenía que estar finalizado en el 2012, fue presupuestado en $ 44,8 millones y se adjudicó a la empresa Green SA. El dinero era girado desde la Secretaría de López a través de Vialidad de la Nación. El pago y certificación de la obra estaba a cargo de la municipalidad.
Más dudas
Las dudas en torno al manejo de recursos que hubo en torno de ésta obra se profundiza con la demanda de $ 33 millones que formuló Green SA a la intendencia del macrista Roberto Sánchez por pagos fuera de término. El monto se suma a los $ 150 millones ya efectivizados. Además, la actual administración municipal recibió hace pocos días $ 4,3 millones de la DVN por una certificación aprobada en la anterior gestión y pendiente de pago.
“No podemos pagar nada ni responder a demandas de la empresa en razón que carecemos de antecedentes de la obra. Así las cosas estamos girando todos los planteos de Green SA a Vialidad de la Nación”, dijo el secretario de Gobierno de la municipalidad de Concepción, Julio César Herrera. “De ahora en más vamos a seguir las instrucciones de la Nación sobre éste tema”, advirtió. “El tipo de manejo de recursos que tuvo esta obra está sumergido en un mar de dudas. Creemos que a propósito se demoraba el pago y certificación de obra para dar lugar a recursos extras por efectivizaciones fuera de término”, planteó.
“La cuestión es que la intendencia es la responsable de los recursos millonarios que reclama la constructora. Por esa razón vamos a ser muy celoso de los aspectos legales y administrativos que se plantea en esta obra”, observó Herrera. De acuerdo al secretario de Gobierno, la travesía urbana no está concluida. Restan detalles importantes referidos a la parquización, iluminación, pasos peatonales y desagües. “La constructora nos dijo que nunca antes habían tenido un problema como el que se planteó con nosotros. Pero yo le dije que tampoco nunca antes un ex funcionario como López había caído preso”, concluyó.
Otras investigaciones
Pero no sólo la construcción de la travesía urbana impulsa al gobierno de Sánchez a revisar la administración de recursos que involucra a su antecesor y actual legislador Osvaldo Morelli, sino también la obra de la terminal de ómnibus, aun sin concluir. El jefe comunal llevó adelante una auditoria que reveló certificaciones de trabajos sin ejecutar y pagados, entre otras irregularidades. La Justicia Federal, en tanto, lleva adelante una investigación solicitada por Sánchez contra Morelli por presunta administración fraudulenta y falta a los deberes de funcionario público.
El planteo judicial fue hecho a partir de una auditoria interna que reveló el manejo irregular de recursos destinados a obras del Plan Más Cerca. Más de $ 20 millones fueron canalizados a través de una cooperativa que la integraban su hijo Franco y empleados de la municipalidad. También se investiga el destino de unos $ 8 millones retirados de una entidad bancaria de la capital días antes de la asunción de Sánchez.
Más dudas
Las dudas en torno al manejo de recursos que hubo en torno de ésta obra se profundiza con la demanda de $ 33 millones que formuló Green SA a la intendencia del macrista Roberto Sánchez por pagos fuera de término. El monto se suma a los $ 150 millones ya efectivizados. Además, la actual administración municipal recibió hace pocos días $ 4,3 millones de la DVN por una certificación aprobada en la anterior gestión y pendiente de pago.
“No podemos pagar nada ni responder a demandas de la empresa en razón que carecemos de antecedentes de la obra. Así las cosas estamos girando todos los planteos de Green SA a Vialidad de la Nación”, dijo el secretario de Gobierno de la municipalidad de Concepción, Julio César Herrera. “De ahora en más vamos a seguir las instrucciones de la Nación sobre éste tema”, advirtió. “El tipo de manejo de recursos que tuvo esta obra está sumergido en un mar de dudas. Creemos que a propósito se demoraba el pago y certificación de obra para dar lugar a recursos extras por efectivizaciones fuera de término”, planteó.
“La cuestión es que la intendencia es la responsable de los recursos millonarios que reclama la constructora. Por esa razón vamos a ser muy celoso de los aspectos legales y administrativos que se plantea en esta obra”, observó Herrera. De acuerdo al secretario de Gobierno, la travesía urbana no está concluida. Restan detalles importantes referidos a la parquización, iluminación, pasos peatonales y desagües. “La constructora nos dijo que nunca antes habían tenido un problema como el que se planteó con nosotros. Pero yo le dije que tampoco nunca antes un ex funcionario como López había caído preso”, concluyó.
Otras investigaciones
Pero no sólo la construcción de la travesía urbana impulsa al gobierno de Sánchez a revisar la administración de recursos que involucra a su antecesor y actual legislador Osvaldo Morelli, sino también la obra de la terminal de ómnibus, aun sin concluir. El jefe comunal llevó adelante una auditoria que reveló certificaciones de trabajos sin ejecutar y pagados, entre otras irregularidades. La Justicia Federal, en tanto, lleva adelante una investigación solicitada por Sánchez contra Morelli por presunta administración fraudulenta y falta a los deberes de funcionario público.
El planteo judicial fue hecho a partir de una auditoria interna que reveló el manejo irregular de recursos destinados a obras del Plan Más Cerca. Más de $ 20 millones fueron canalizados a través de una cooperativa que la integraban su hijo Franco y empleados de la municipalidad. También se investiga el destino de unos $ 8 millones retirados de una entidad bancaria de la capital días antes de la asunción de Sánchez.