Un comité exige más controles a Jaldo

Envalentonada por una conquista reciente, la reglamentación de la Ley de Protección de Testigos sancionada hace una década, la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad de Tucumán va por más. Esta semana, el comité que lidera Alberto Lebbos mantuvo una reunión con opositores en la Legislatura y dejó un petitorio para el vicegobernador Osvaldo Jaldo. El listado de medidas de seguridad solicitadas pone énfasis en el aumento de los controles. “El petitorio se refiere a cuestiones que son de constante reclamo. La mayoría de las exigencias están ligadas a evitar las violaciones sistemáticas de derechos humanos; a proteger el derecho a la vida y a la justicia; a prevenir la corrupción y la impunidad, y, en definitiva, a propender al funcionamiento normal de las instituciones republicanas”, explicaron los firmantes a Jaldo.

La Comisión pidió una atención especialísima a las cuestiones relacionadas con el narcotráfico y las adicciones: “observamos con mucho dolor que en la mayoría de casos que se incorporan a nuestra organización existe una relación directa con el consumo de estupefacientes”. Lebbos precisó que la nota dirigida al titular del Poder Legislativo fue suscrita también por su hija, Rosa Lebbos; Roxana Teves; Sonia Edén; Elena de Vilca; Roberto Agüero; Eva de Gómez y Francisca Corbalán.

Inserción en la Policía

Entre las peticiones consta la declaración del estado de emergencia en derechos humanos. Además, la Comisión quiere que los legisladores insten al Poder Ejecutivo a reglamentar las leyes de Prevención y Asistencia de las Adicciones, y de Protección de Víctimas del Delitos sancionadas respectivamente en 2010 y en el 2007. Por la falta de regulación del Gobierno, ninguna de las dos normas es aplicada.

La Ley de Prevención y Asistencia de las Adicciones ordena diseñar y ejecutar un plan estratégico integral en las áreas de prevención, atención e investigación del consumo de estupefacientes, y de reinserción social de los adictos. En cuanto a la investigación, la norma prevé mecanismos para la obtención de información que faciliten la toma de decisiones y el diseño de políticas. La Ley de Protección de Víctimas de Delitos otorga a sus destinatarios servicios tales como asesoramiento jurídico gratuito; tutela en caso de amenazas y acceso a un centro de asistencia integrado por profesionales de disciplinas múltiples.

La Comisión reiteró a Jaldo el viejo reclamo de abrir un registro de casos impunes. Otros puntos del petitorio aluden a la necesidad de disponer de estadísticas públicas con fiscalización ciudadana en el ámbito de la Justicia penal, y de crear nuevas fiscalías, juzgados de instrucción y tribunales penales. Asimismo hay una solicitud para implementar una reforma profunda en los organismos de seguridad provincial: “esta reformulación debe estar dirigida a eliminar la corrupción de las fuerzas de seguridad, y a la constitución de un Departamento de Asuntos Internos, Control y Evaluación que fiscalice la gestión policial. Proponemos que ese órgano esté integrado por sectores sociales independientes”. Por último insistieron en la conveniencia de disponer de una Policía Judicial, y de equipamiento científico y tecnológico para la investigación de los delitos.