29 Septiembre 2016
El titular del Ministerio Público Fiscal y Pupilar, Edmundo Jiménez, requirió a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) la designación del abogado Bernardo José Lobo Bugeau en el cargo de secretario judicial de la Oficina de Atención a la Víctima (OAV). El letrado, que tuvo una actuación clave para reactivar la causa “Lebbos”, podría convertirse en el primer titular de esa repartición.
La OAV, creada en 2014 mediante Acordada N° 616, prevé el nombramiento de un director y de un equipo de profesionales. El objetivo central es brindar asistencia jurídica, psicológica y social primaria a todas aquellas personas que hayan sufrido lesiones, daños o abusos físicos o psíquicos, padecimientos emocional o pérdida económica, según indica la acordada.
Pese a haber solicitado “en diversas oportunidades la cobertura de esos cargos”, indicó Jiménez en la resolución, no obtuvo “respuesta alguna”. Señaló que, incluso, esa labor es llevada a cabo “en horarios extralaborales” por empleados del Ministerio Público Fiscal. Consideró de todas maneras que no se puede “desconocer las consecuencias negativas que producen” los delitos. “Como Estado de Derecho, tenemos la obligación de dar una respuesta”, indicó.
Por todo ello, Jiménez elevó el CV de Lobo Bugeau a la CSJT y pidió su designación basándose “no sólo en los antecedentes académicos del profesional, sino también en sus antecedentes laborales y su desempeño como letrado”.
La labor de Lobo Bugeau como representante legal de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación permitió, en 2013, el reimpulso del caso sobre el homicidio de Paulina Lebbos. Dos años después, designado por el Colegio de Abogados, formuló un informe crítico sobre la actuación de los fiscales Alejandro Noguera y Guillermo Herrera -ya jubilado-, en el marco de una causa penal impulsada por la entidad de letrados. Recientemente y por pedido del propio Colegio, que este año solicitó sin suerte la destitución de Jiménez, la Nación había confirmado a Lobo Bugeau en un programa contra la impunidad. En ese rol, el letrado debía monitorear causas con connotaciones institucionales que tramitan en la Justicia provincial.
La OAV, creada en 2014 mediante Acordada N° 616, prevé el nombramiento de un director y de un equipo de profesionales. El objetivo central es brindar asistencia jurídica, psicológica y social primaria a todas aquellas personas que hayan sufrido lesiones, daños o abusos físicos o psíquicos, padecimientos emocional o pérdida económica, según indica la acordada.
Pese a haber solicitado “en diversas oportunidades la cobertura de esos cargos”, indicó Jiménez en la resolución, no obtuvo “respuesta alguna”. Señaló que, incluso, esa labor es llevada a cabo “en horarios extralaborales” por empleados del Ministerio Público Fiscal. Consideró de todas maneras que no se puede “desconocer las consecuencias negativas que producen” los delitos. “Como Estado de Derecho, tenemos la obligación de dar una respuesta”, indicó.
Por todo ello, Jiménez elevó el CV de Lobo Bugeau a la CSJT y pidió su designación basándose “no sólo en los antecedentes académicos del profesional, sino también en sus antecedentes laborales y su desempeño como letrado”.
La labor de Lobo Bugeau como representante legal de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación permitió, en 2013, el reimpulso del caso sobre el homicidio de Paulina Lebbos. Dos años después, designado por el Colegio de Abogados, formuló un informe crítico sobre la actuación de los fiscales Alejandro Noguera y Guillermo Herrera -ya jubilado-, en el marco de una causa penal impulsada por la entidad de letrados. Recientemente y por pedido del propio Colegio, que este año solicitó sin suerte la destitución de Jiménez, la Nación había confirmado a Lobo Bugeau en un programa contra la impunidad. En ese rol, el letrado debía monitorear causas con connotaciones institucionales que tramitan en la Justicia provincial.
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