11 Abril 2017
GILS CARBÓ. Garavano (foto) pide que se concrete el proceso a la fiscal. DyN (archivo)
BUENOS AIRES.- El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, dejó clara la postura oficial de “prescindencia” respecto al pedido de juicio político que hizo la diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, al titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, y aseguró que la solicitud deberá ser analizada por el Congreso, aunque “primero deberá resolver el pedido de juicio político a Alejandra Gils Carbó”, la Procuradora General de la Nación.
“La postura del Gobierno con respecto al pedido de juicio político a Lorenzetti es de prescindencia”, dijo Garavano en declaraciones a radio Provincia, y agregó que el pedido deberá “ser analizado en el marco del Congreso”.
El titular de la cartera de Justicia lamentó la situación que generó la denuncia de Carrió, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una dirigente “del espacio político del Gobierno”, y dijo que el Poder Ejecutivo tiene con la Corte “una buena relación institucional que se relaciona directamente con su presidente”, Ricardo Lorenzetti.
“Lamentamos esta situación. Creemos que es el Congreso el que tiene que actuar en este caso. El Gobierno se maneja con cautela, prudencia y prescindencia”, dijo, y agregó que su función es “seguir trabajando con todos los miembros de la Corte, para avanzar con el proyecto de Justicia 2020”, de reforma integral del sistema judicial.
En cuanto a la situación de Gils Carbó, consideró que es “de violencia institucional grave”, ya que existen “hechos gravísimos con los que se la vincula”. “Ojalá ella diera un paso al costado”, manifestó Garavano que, ante la negativa de Gils Carbó de renunciar a su cargo por rechazar los cargos que le imputa el oficialismo, abogó por un pronto tratamiento de su situación en el Congreso, dando curso a los pedidos de juicio político que allí se tramitan.
Por otro lado, el ministro de Justicia aseguró que el Poder Ejecutivo ha recibido “renuncias de otros jueces”, que se suman a la del camarista Leopoldo Schiffrin, que dimitió tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que determinó que los jueces deben cumplir con el artículo 99 de la Constitución, que fija en 75 años la edad para jubilarse.
“Los cambios generan muchas resistencias, pero es natural y es lógico que así sea. Schiffrin trajo su renuncia personalmente, tras el fallo de la Corte, pero se han recibido más renuncias de otros jueces”, dijo el funcionario. Fuentes de ese ministerio confirmaron que el viernes se recibió la renuncia del juez de Casación Penal, Pedro David, aunque aún no había sido aceptada.
Por su parte, Garavano dijo a radio Provincia que otros jueces, en cambio, “han expresado su voluntad de cumplir con la Constitución y pedir acuerdo para poder seguir en sus funciones otros cinco años más”, que es la prórroga que otorga la Carta Magna, siempre que exista acuerdo del Senado. La renuncia de Schiffrin al cargo de vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, provincia de Buenos Aires, Sala II, fue aceptada por el Poder Ejecutivo, que ayer oficializó su decisión mediante el decreto 237/2017 que lleva las firmas del presidente Mauricio Macri y de Garavano.
El caso del camarista platense fue el que dio origen al fallo de la Corte Suprema de Justicia que, a fines de marzo, validó el límite de 75 años de edad para el ejercicio de la función judicial, que dejó al borde de la jubilación a más de una veintena de magistrados. (Télam)
“La postura del Gobierno con respecto al pedido de juicio político a Lorenzetti es de prescindencia”, dijo Garavano en declaraciones a radio Provincia, y agregó que el pedido deberá “ser analizado en el marco del Congreso”.
El titular de la cartera de Justicia lamentó la situación que generó la denuncia de Carrió, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una dirigente “del espacio político del Gobierno”, y dijo que el Poder Ejecutivo tiene con la Corte “una buena relación institucional que se relaciona directamente con su presidente”, Ricardo Lorenzetti.
“Lamentamos esta situación. Creemos que es el Congreso el que tiene que actuar en este caso. El Gobierno se maneja con cautela, prudencia y prescindencia”, dijo, y agregó que su función es “seguir trabajando con todos los miembros de la Corte, para avanzar con el proyecto de Justicia 2020”, de reforma integral del sistema judicial.
En cuanto a la situación de Gils Carbó, consideró que es “de violencia institucional grave”, ya que existen “hechos gravísimos con los que se la vincula”. “Ojalá ella diera un paso al costado”, manifestó Garavano que, ante la negativa de Gils Carbó de renunciar a su cargo por rechazar los cargos que le imputa el oficialismo, abogó por un pronto tratamiento de su situación en el Congreso, dando curso a los pedidos de juicio político que allí se tramitan.
Por otro lado, el ministro de Justicia aseguró que el Poder Ejecutivo ha recibido “renuncias de otros jueces”, que se suman a la del camarista Leopoldo Schiffrin, que dimitió tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que determinó que los jueces deben cumplir con el artículo 99 de la Constitución, que fija en 75 años la edad para jubilarse.
“Los cambios generan muchas resistencias, pero es natural y es lógico que así sea. Schiffrin trajo su renuncia personalmente, tras el fallo de la Corte, pero se han recibido más renuncias de otros jueces”, dijo el funcionario. Fuentes de ese ministerio confirmaron que el viernes se recibió la renuncia del juez de Casación Penal, Pedro David, aunque aún no había sido aceptada.
Por su parte, Garavano dijo a radio Provincia que otros jueces, en cambio, “han expresado su voluntad de cumplir con la Constitución y pedir acuerdo para poder seguir en sus funciones otros cinco años más”, que es la prórroga que otorga la Carta Magna, siempre que exista acuerdo del Senado. La renuncia de Schiffrin al cargo de vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, provincia de Buenos Aires, Sala II, fue aceptada por el Poder Ejecutivo, que ayer oficializó su decisión mediante el decreto 237/2017 que lleva las firmas del presidente Mauricio Macri y de Garavano.
El caso del camarista platense fue el que dio origen al fallo de la Corte Suprema de Justicia que, a fines de marzo, validó el límite de 75 años de edad para el ejercicio de la función judicial, que dejó al borde de la jubilación a más de una veintena de magistrados. (Télam)
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