25 Abril 2017
BUENOS AIRES.- La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió ayer que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner sea indagada en la causa por lavado de activos por la que se encuentra detenido el empresario Lázaro Báez.
La UIF solicitó que el juez federal Sebastián Casanello llame a indagatoria a la ex mandataria y a ex funcionarios como miembros de una asociación ilícita.
Entre los funcionarios acusados están el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti y el ex secretario de Obras Públicas detenido por presunto enriquecimiento ilícito José López.
Según fuentes judiciales, la UIF pretende que los ex funcionarios sean indagados como miembros de una banda que desvió dinero público, como delito precedente a la maniobra de lavado por la que se encuentra procesado Báez.
Agotar las vías de prueba
El pedido se produjo luego de que la Cámara Federal porteña frenara la inminente elevación a juicio oral de un tramo de la causa en la que se investiga a Báez por lavado del activos y le ordenara a Casanello ampliar la imputación en relación al presunto origen en la obra pública de ese dinero.
La UIF había solicitado que no se procediera al cierre de una etapa de la instrucción “sin que se avance en la imputación por la totalidad de las maniobras denunciadas”, para que puedan analizarse todos los hechos en conjunto.
Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah emitieron una resolución de diez páginas en el que sostuvieron que el juez y el fiscal federal Guillermo Marijuan debían avanzar en especificar cuáles fueron los hechos precedentes que generaron la maniobra de lavado por la que fue procesado Báez.
“Se deben agotar todas las vías probatorias para profundizar en aquellas imputaciones en las que se ha avanzado”, sostuvieron los magistrados. Refirieron a causas tramitadas en otros juzgados, en las que se investiga la relación de Báez con la obra pública. Una de ellas está en el juzgado de Julián Ercolini: la ex mandataria es procesada por el presunto direccionamiento en favor de Báez.
¿Otra empresa de Báez?
La diputada Margarita Stolbizer pidió ayer a Casanello y a Ercolini ampliar la investigación contra Báez por el presunto hallazgo de vínculos entre una empresa de seguridad y su grupo empresario.
En sendas presentaciones (Casanello investiga “la ruta del dinero K”; y Ercolini, el direccionamento de la obra pública en Santa Cruz), la opositora advierte que la empresa “Seguridad Patagónica” podría ser propiedad de Báez y habría sido manejada por testaferros.
“Las coincidencias entre las empresas de Lázaro Báez y Seguridad Patagónica SA son contundentes. Comparten la misma sede social en Libertad 141 de Río Gallegos, el mismo contador: César Andrés; y el mismo escribano: Leandro Albornoz”, sostuvieron en el escrito.
Según Stolbizer, la empresa tuvo como socios fundadores a José Chan -quien fue nombrado fiscal en Santa Cruz el 8 de noviembre de 2008- y a Guillermo Polke.
“El fiscal Chan tuvo a su cargo la instrucción de causas donde estuvieron involucradas empresas de Báez. Como la causa 7674/14 donde se denunció por ‘cartelización, sobreprecios y corrupción’ a Lázaro Báez, su hijo Martín Báez entre otros. Esa causa terminó en archivo porque el fiscal Chan no efectuó ni un requerimiento de instrucción”, agregó la diputada.
“En la relación entre Austral Construcciones SA y Seguridad Patagónica, se suscribe un contrato de mutuo donde la primera cede un certificado de obra (que vale millones) para que la delegación Santa Cruz de Vialidad Nacional pague a la empresa de seguridad $ 948.000, convirtiéndose en el financista del empresario patagónico”, detalló Stolbizer. (Télam)
La UIF solicitó que el juez federal Sebastián Casanello llame a indagatoria a la ex mandataria y a ex funcionarios como miembros de una asociación ilícita.
Entre los funcionarios acusados están el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti y el ex secretario de Obras Públicas detenido por presunto enriquecimiento ilícito José López.
Según fuentes judiciales, la UIF pretende que los ex funcionarios sean indagados como miembros de una banda que desvió dinero público, como delito precedente a la maniobra de lavado por la que se encuentra procesado Báez.
Agotar las vías de prueba
El pedido se produjo luego de que la Cámara Federal porteña frenara la inminente elevación a juicio oral de un tramo de la causa en la que se investiga a Báez por lavado del activos y le ordenara a Casanello ampliar la imputación en relación al presunto origen en la obra pública de ese dinero.
La UIF había solicitado que no se procediera al cierre de una etapa de la instrucción “sin que se avance en la imputación por la totalidad de las maniobras denunciadas”, para que puedan analizarse todos los hechos en conjunto.
Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah emitieron una resolución de diez páginas en el que sostuvieron que el juez y el fiscal federal Guillermo Marijuan debían avanzar en especificar cuáles fueron los hechos precedentes que generaron la maniobra de lavado por la que fue procesado Báez.
“Se deben agotar todas las vías probatorias para profundizar en aquellas imputaciones en las que se ha avanzado”, sostuvieron los magistrados. Refirieron a causas tramitadas en otros juzgados, en las que se investiga la relación de Báez con la obra pública. Una de ellas está en el juzgado de Julián Ercolini: la ex mandataria es procesada por el presunto direccionamiento en favor de Báez.
¿Otra empresa de Báez?
La diputada Margarita Stolbizer pidió ayer a Casanello y a Ercolini ampliar la investigación contra Báez por el presunto hallazgo de vínculos entre una empresa de seguridad y su grupo empresario.
En sendas presentaciones (Casanello investiga “la ruta del dinero K”; y Ercolini, el direccionamento de la obra pública en Santa Cruz), la opositora advierte que la empresa “Seguridad Patagónica” podría ser propiedad de Báez y habría sido manejada por testaferros.
“Las coincidencias entre las empresas de Lázaro Báez y Seguridad Patagónica SA son contundentes. Comparten la misma sede social en Libertad 141 de Río Gallegos, el mismo contador: César Andrés; y el mismo escribano: Leandro Albornoz”, sostuvieron en el escrito.
Según Stolbizer, la empresa tuvo como socios fundadores a José Chan -quien fue nombrado fiscal en Santa Cruz el 8 de noviembre de 2008- y a Guillermo Polke.
“El fiscal Chan tuvo a su cargo la instrucción de causas donde estuvieron involucradas empresas de Báez. Como la causa 7674/14 donde se denunció por ‘cartelización, sobreprecios y corrupción’ a Lázaro Báez, su hijo Martín Báez entre otros. Esa causa terminó en archivo porque el fiscal Chan no efectuó ni un requerimiento de instrucción”, agregó la diputada.
“En la relación entre Austral Construcciones SA y Seguridad Patagónica, se suscribe un contrato de mutuo donde la primera cede un certificado de obra (que vale millones) para que la delegación Santa Cruz de Vialidad Nacional pague a la empresa de seguridad $ 948.000, convirtiéndose en el financista del empresario patagónico”, detalló Stolbizer. (Télam)
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