Acotarían el uso de los fondos para viviendas a las provincias

La tensión en las relaciones entre la Nación y las provincias de signo peronista podría registrar nuevos picos en las próximas semanas, si es que avanza el proyecto de una diputada nacional de la UCR-Cambiemos para derogar la libre disponibilidad en la aplicación del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi).

La iniciativa apunta a “garantizar la intangibilidad” de los recursos que gira la Nación a los distintos distritos para la edificación de barrios sociales.

“No obstante algunos datos favorables (del censo 2010) que dan cuenta de un mayor porcentaje de viviendas con acceso a agua potable y otros servicios esenciales, se advierte también una compleja situación habitacional en varias provincias del país”, consigna el proyecto de ley, que lleva las firmas de los diputados nacionales por Córdoba Soledad Carrizo, Brenda Austin y Marío Raúl Negri (este último preside el interbloque de la UCR y Cambiemos), y del santafesino Mario Barletta, también radical.

Los parlamentarios señalaron la crítica situación de Buenos Aires (“el área metropolitana concentra más del 38% de la población nacional”, advirtieron) y de las provincias del norte argentino, entre las que se encuentra Tucumán. “Esto reafirma la necesidad de llevar adelante políticas públicas dirigidas al desarrollo habitacional que acompañen el marcado desarrollo poblacional del país”, añadieron.

En la iniciativa se recuerda que la ley nacional del Fonavi fue creada en 1972 y, desde entonces, registró divesas modificaciones en la aplicación de los recursos. “En 2001, en el contexto de una grave crisis fiscal, las provincias suscriben con la Nación un nuevo acuerdo para la coparticipación federal de impuestos, (...) estableciendo en su artículo 2° la libre disponibilidad total de los recursos tributarios asignados a regímenes especiales de coparticipación, incluyendo en estos al régimen Fonavi”, indicaron los diputados nacionales. Y añadieron: “a partir de allí, las provincias, a través de sus órganos de ejecución, pueden disponer libremente la imputación de recursos” a otros fines.

Para gastos corrientes

Los diputados afines a la Rosada consideraron que el atributo de la libre disponibilidad “resulta atentatoria del compromiso del Estado nacional para el desarrollo de su población”.

El secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, el tucumano Domingo Amaya, coincide con esa perspectiva. “Está en manos del Congreso de la Nación, pero es una decisión que implica volver al espíritu original de la ley para viviendas sociales”, destacó el ex intendente capitalino.

Estimó que, durante 2016, fueron girados a los Gobiernos provinciales unos $ 11.000 millones por el Fonavi. Y si bien prefirió no puntualizar sobre la operatoria en los distintos distritos, explicó que en muchos casos se aplica la libre disponibilidad de los fondos a la cobertura de gastos corrientes, en el marco de la ejecución de los barrios sociales. “Las provincias deberían tener sus partidas presupuestarias para ese tipo de erogaciones (combustibles para el traslado de los auditores, servicios comunes, entre otros). Pero lo que es para viviendas sociales, se debería respetar y destinar sólo a viviendas sociales”, remarcó.

En las últimas semanas habían llegado a la Casa de Gobierno versiones de que la Nación estaría analizando centralizar la ejecución de los barrios sociales. La posibilidad generó el rechazo del oficialismo provincial, y alimentó la tensión en un año electoral. Resta ver la postura de los diputados y senadores del PJ-FpV ante esta iniciativa que, si bien no les quita el manejo de las casas, limita el uso de los fondos.