Civiles son puestos a la orden de tribunales militares en Venezuela

CARACAS.- Dos jóvenes en el estado Lara fueron privados de libertad y juzgados en un tribunal militar de la entidad, y ahí se decidió que su sitio de reclusión será el Centro Nacional de Procesados Militares Ramo Verde en el estado Miranda, en Venezuela.

El abogado coordinador de Foro Penal en el estado Lara, Pedro Troconis, informó que los sentenciados son Alejandro Adarfio, estudiante de ingeniería mecánica de la Unexpo, y Katiuska Salón, de 19 años de edad y cursante de primer año de Derecho en la Universidad Fermín Toro de Barquisimeto.

La privación de la libertad fue dictada por el juez de control militar mayor José Luis Silva.

Salón fue detenida el pasado 6 de abril, por formar parte de las protestas que se llevaban a cabo ese día en Barquisimeto. Según su hermana, Andreína Salón, Katiuska fue detenida por la Guardia Nacional Bolivariana en su camino a una farmacia.

Por su parte, Alejandro Adarfio fue retenido el 4 mayo mientras estudiantes de su universidad protestaban en la avenida Corpahuaico en rechazo a la convocatoria a Constituyente realizada por el presidente, Nicolás Maduro.

Numerosos abogados han alegado en los últimos días que es ilegal juzgar a civiles en tribunales militares debido a que la acción penal pertenece al Ministerio Público.

“Aún cuando una persona cometa un delito, un acto vandálico con el cual no estamos de acuerdo, hay que respetarle los Derechos Humanos y merece un juicio en los términos en que está en la constitución y las leyes”, expresó Nelson Riedi, presidente del Colegio de Abogados del estado Carabobo.

Justamente, la Asamblea Nacional (Parlamento) contemplaba en su agenda de sesión ordinaria debatir ayer tres asuntos de interés nacional, siendo uno de ellos un “Proyecto de Acuerdo en rechazo a la ejecución del denominado Plan Zamora y a la práctica inconstitucional de instalación de Tribunales Militares que usurpan la jurisdicción civil violando los DDHH”.

Este punto está relacionado con las denuncias que, desde diferentes lugares del país, han surgido en relación a los excesos y delitos cometidos por diferentes cuerpos de seguridad del Estado, principalmente la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, en el control de las manifestaciones de calle de la oposición.

Además, se confirmó que los ciudadanos que han sido detenidos en esas protestas están siendo procesados por la justicia militar.

Denuncias

En referencia a los arrestos durante las protestas, la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano (FPV), dijo que están por encima de 1.700 personas.

“Los hechos de violencia y represión se incrementaron desde la activación del Plan Zamora, el pasado 18 de abril por parte del presidente Nicolás Maduro. Este plan promueve y consolida acciones conjuntas de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) y civiles armados, facultándolos inconstitucionalmente para actuar en el control de orden público o en cualquier otro ámbito que decidan es de su interés”, reseña una nota del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).

En ese sentido, la organización acota que las acciones violentas realizadas por civiles armados, amparadas en el Plan Zamora, incrementa el expediente que por violaciones a Derechos Humanos acumula el Estado venezolano.

La organización denunció que el Ejecutivo realiza detenciones al margen del Estado de Derecho, en las que civiles son puestos a la orden de tribunales militares. Y según datos oficiales solo en Carabobo más de 250 civiles fueron presentados en tribunales militares.

También indicó que está situación es violatoria de dos artículos de la Constitución de Venezuela, y es contraria a la doctrina y jurisprudencia de Derechos Humanos, donde se establece que la jurisdicción penal militar no es competente para decidir sobre los derechos de un civil en un proceso penal.

Entre las exigencias de la OVCS están poner fin al procesamiento de civiles en tribunales militares y a la ejecución del Plan Zamora, y suprimir el uso de fuerza potencialmente mortal durante las manifestaciones pacíficas y prohibir el uso sistemático de gases tóxicos para reprimir las protestas. La organización también pide una investigación expedita de los asesinatos y sanción para los culpables. (el-nacional.com/diariolasamericas.com)