Denuncian irregularidades en el Instituto Provincial de la Vivienda

Sobreprecios. Testaferros. Facturaciones millonarias que no se corresponden con los presupuestos originales. Contratos firmados por una repartición provincial que no coinciden con los montos que la Nación asignó a esos acuerdos. Estas son algunas de las irregularidades que Silvia Elías de Pérez, senadora radical, adjudicó al Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu). “Es una de las cajas negras a través de las cuales el gobierno anterior y el actual han manejado cantidades enormes de recursos que se han ido por el canal de la corrupción”, declaró la parlamentaria.

Según la senadora, Gustavo Durán -interventor del instituto- habría diseñado un sistema “paralelo” en la entidad que conduce. “En esta estructura paralela hay dos coordinadores. Uno es Lucas Barrionuevo (coordinador de Programas Federales del Ipvdu) y otro es (Miguel) Jiménez Augier (coordinador de Planeamiento Habitacional del Ipvdu). ¿Qué hace con estos dos? Son los brazos ejecutores; uno maneja el tema de la adjudicación de las obras y otro, la adjudicación de las viviendas”, acusó.

La parlamentaria señaló al coordinador de Planeamiento Habitacional como al encargado de asignar de manera irregular las viviendas que gestiona el Ipvdu. “Cualquier tucumano puede saber que no todos los que necesitan acceden a las casas sino que muchas veces este señor (Jiménez Augier) es el encargado de ver quién ‘necesita’ de acuerdo a cuánto (dinero) pone”, denunció Elías de Pérez.

La parlamentaria insistió en su ataque y apuntó contra el patrimonio del funcionario. “Creo que ni él ni toda su familia, él y sus hijos, no pueden justificar el aumento patrimonial que han tenido. Realmente, ver las declaraciones juradas da pavor. Ni siquiera los autos que tienen pueden llegar a justificarlos con los sueldos que sustentan”, criticó. Afirmó que su equipo de trabajo analizó los gastos de Jiménez Augier y de algunos miembros de su familia en base a la documentación de diversos organismos. Según la parlamentaria, sus gastos serían superiores a los ingresos que perciben como empleados del Estado.

El funcionario negó las acusaciones de la senadora y explicó cuál era su función en el Ipvdu. “Mi función es coordinar las diferentes áreas. Una vez que en las obras hay un avance del 75% o del 80%, se trabaja con la Dirección del Área Social en cuanto a la adjudicación”, sostuvo. Agregó que no estaba involucrado en la selección de los beneficiarios de las viviendas y rechazó las acusaciones sobre un crecimiento indebido de su patrimonio. “Presentamos todos los años una planilla de lo que uno tiene. Estamos a disposición de verificar qué es lo que yo personalmente tengo”, declaró Jiménez Augier.

Una empresa bajo la lupa

La empresa Marán Constructora S.R.L. resultó beneficiada con contrataciones directas del Ipvdu por un monto total de casi $ 50 millones. Elías de Pérez vinculó esta empresa al coordinador de Programas Federales del instituto. “Barrionuevo, según lo que me informan y que eso hay que terminar de comprobarlo, parecería que adquiere una empresa utilizando dos testaferros”, declaró la senadora. Señaló a los actuales dueños de Marán, los hermanos Sebastián Alejandro y Darío Martín Nieva, como los presuntos prestanombres.

“A partir del 2008 Marán empieza a ser la adjudicataria privilegiada del Ipvdu y va teniendo prácticamente el 95% de su trabajo a través del instituto”, cuestionó la parlamentaria. Agregó que en algunas de las obras en las que está involucrada esta empresa se detectaron serias irregularidades (se informa por separado). “Hay obras que en muchos casos se sobrecertifican y los montos de obra que la Nación declara que han mandado por determinados convenios no tiene nada que ver con lo que la empresa declara”, enumeró Elías de Pérez.

LA GACETA TV contactó a los hermanos Nieva. Negaron que hubiera irregularidades en las obras que realiza su empresa y rechazaron la posibilidad de emitir declaraciones sobre el tema. “Tenemos todo en regla”, sostuvo Sebastián Nieva, quien trabaja en un corralón. “Preferimos evitar la exposición”, declaró Darío Martín Nieva, socio gerente de Marán. Barrionuevo, por su parte, negó estar vinculado a Marán. “No tengo absolutamente nada que ver con la empresa. He sufrido ya ese tipo de acusaciones, de relacionarme con esa empresa y la verdad que no tengo nada que ver”, declaró. También se le preguntó si conocía a los hermanos Nieva. “Los conozco como conozco a muchos otros empresarios”, respondió. Se le preguntó expresamente si no los conocía “de antes”, a lo que contestó “no, no”. Sin embargo, LA GACETA logró comprobar, a través de las correspondientes actas de nacimiento, que los dueños de la constructora son sobrinos de la ex esposa del funcionario (se informa por separado).

Además, el coordinador rechazó estar involucrado en la adjudicación de las obras y explicó cuál era su tarea en el instituto. Aseguró que su función consistía en determinar las zonas idóneas para ciertas obras, determinar los requisitos del terreno y trabajar con la infraestructura, entre otras cosas. “No manejo la parte de contrataciones ni de adjudicaciones. El tema de los montos no lo sé realmente”, se escudó.