Los psicólogos del Servicio Médico Laboral de la Policía consideran que el protocolo contra la violencia los ha limitado en el caso de la oficial que mató a un compañero y luego se suicidó. La policía Cinthya Benedetti había sido separada luego de la denuncia de un colega que había dicho que ella lo había amenazado con matarlo y suicidarse. Tras la separación, en febrero de 2015, se le quitó el arma y tres meses después, un informe favorable de una psicóloga del Siprosa llevó a una nueva junta médica en la que se le dio el alta y le devolvieron la pistola.
Una foto en Facebook habría desatado el crimen del policía
“Nosotros nos vemos absolutamente condicionados. Cuando traen un informe como el de esta psicóloga -que es una persona importante a nivel provincial, es la referente de prevención del suicidio- nos vemos condicionados porque de alguna forma le tenemos que dar el alta. El protocolo nos lo exige”, dijo Anabella Antoni Piossek, psicóloga y abogada, profesional empleada en esa división.
Según advirtió, el protocolo estuvo bien aplicado en el caso de Benedetti. “Se la separó y se le retuvo el arma. El protocolo prevé que sea un psicólogo de afuera el que los atienda. Hace años que nosotros reclamamos que no tiene que ser un psicólogo de afuera, que no entiende los problemas ni la cultura policial. Luego nosotros nos vemos condicionados cuando traen un informe favorable, como el de la psicóloga, nosotros no estamos respaldados para decir ‘no, yo no te quiero dar el alta’. El protocolo no prevé la baja. Debería preverla y debería haber una apoyo en la institución”, explicó.
Ella había sido denunciada por "amenazas y acoso"
“Más aún, si la misma fiscalía que investigaba las amenazas archivó el caso y el propio denunciante decidió desistir para no perjudicarla, entonces se vuelve abstracto el hecho; no podemos echarla. ¿Sobre qué base? Muchos profesionales que no son abogados temen a las consecuencias legales que pueda tener el reclamo de un policía que es retirado. De hecho, tenemos muchas denuncias y tenemos que enfrentarlas solos. Ellos dicen: ‘tengo un informe favorable ¿y no me das el alta?’ Y la institución no nos apoya”. Añadió que la situación se agrava por el hecho de que en el Servicio Médico todos son personal transitorio (PTP) o agentes, pese a que son profesionales y pese a que la ley estipula que deben tener jerarquía.
Antoni Piossek considera que la intención de la fiscala Adriana Giannoni de poner en manos del psicólogos del poder judicial el análisis de casos de policías conflictivos es equivocado. “Creo que habla lamentablemente de un desconocimiento de la tarea institucional que se realiza porque los psicólogos del Servicio Médico Laboral hace ocho años que construimos este espacio y realmente hemos avanzado un montón dentro de las limitaciones y de todos los obstáculos que la misma institución nos pone, y la resistencia al cambio que tienen los empleados policiales”. Además, dijo, “la policía es una institución muy particular. No puede haber un psicólogo que determine u opine acerca de la tarea policial que no pertenezca a la institución porque la cultura policial hay que conocerla, saber cuáles son los mecanismos internos de la policía para poder decidir sobre eso. Nos obligan a aceptar decisiones de afuera”.
En este sentido, ejemplificó con Asesoría Letrada de la misma Policía. “Yo pongo que una persona no es apta para la función policial y Asesoría Letrada está tres años dando vueltas, mandando a hacer más juntas, como si nuestra opinión no tuviera la pericia suficiente. Tenemos de ocho a diez casos de gente decretada inepta (no apta para la función policial) y de todos esos casos sólo han sacado a uno. Todos los demás dan vueltas, al igual que los enfermos psiquiátricos. Tenemos 35 no aptos al día de la fecha y realmente es un triunfo sacar a uno”.