La Justicia investiga el patrimonio de funcionarios del Instituto de la Vivienda

La fiscala Adriana Giannoni, quien lleva adelante una causa sobre supuestos ilícitos en el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), pretende aclarar la situación patrimonial de algunos de los involucrados. Así lo confirmaron fuentes judiciales a LA GACETA, según las cuales Giannoni solicitó autorización al Juzgado de Instrucción de la I Nominación para enviar oficios a diversas entidades bancarias. La titular de la Fiscalía de Instrucción de la VIII Nominación busca determinar si los dueños de Marán Constructora S.R.L., funcionarios de la repartición y algunos de los miembros de su grupo familiar tienen cajas de seguridad a su nombre. La fiscala también requirió que las cajas encontradas sean bloqueadas por 15 días.

La medida afectaría a los funcionarios del Ipvdu Gustavo Durán (interventor), Lucas Barrionuevo (coordinador de Programas Federales) y Miguel Jiménez Augier (coordinador de Políticas Habitacionales). Además, abarca a los hermanos Sebastián y Martín Nieva, dueños de la empresa Marán (que recibió contrataciones directas de la repartición por casi $ 50 millones) y sobrinos políticos de Barrionuevo. El pedido de Giannoni también impactaría sobre algunos de los miembros del grupo familiar de Jiménez Augier.

Luego de que “Panorama Tucumano” transmitiese un informe sobre presuntas irregularidades en el Ipvdu, el 12 de julio, la Justicia provincial se involucró en el tema y Giannoni inició una investigación de oficio. Una de las primeras medidas que tomó la fiscala fue citar a la senadora Silvia Elías de Pérez. En una entrevista con el ciclo televisivo de LA GACETA, la parlamentaria había denunciado que en el instituto funcionaba una “estructura paralela” dedicada a adjudicar obras y viviendas de manera irregular.

Desde entonces, la causa ha sumado una gran cantidad de elementos que cuestionan el patrimonio de algunos funcionarios y la adjudicación de obras a empresas vinculadas con quienes trabajan en la repartición.

Uno de los elementos centrales de la investigación judicial es el vínculo de Barrionuevo con los dueños de Marán. Aunque el funcionario había negado conocer “de antes” a los hermanos Nieva, se comprobó que son sus sobrinos políticos. Actualmente, el coordinador de Programas Federales se encuentra suspendido mientras se lleva a cabo una investigación administrativa. Las complicaciones de Barrionuevo no se limitan a su vínculo con los hermanos Nieva, ya que Javier Zerda, empresario de la construcción, denunció públicamente que el funcionario le pidió una coima a cambio de agilizar un trámite en la repartición.

Otro de los funcionarios del Ipvdu que está emparentado con uno de los dueños de una contructora es el propio interventor. El cuñado de Durán, Raúl Eduardo Beverina, es uno de los dueños de la empresa Kursk S.R.L., que está trabajando en al menos una obra de la repartición.

Jiménez Augier, por su parte, fue el primero en ser cuestionado por el presunto contenido de una caja de seguridad que estaría a su nombre. Según información que Elías de Pérez remitió a Giannoni hace semanas, en una serie de procesos civiles en los que está involucrado el coordinador se habría detectado una caja de seguridad a su nombre que contenía cerca de U$S 500.000. “(Jiménez Augier) tenía tenía cerca de $ 10 millones. Porque había U$S 500.000 dólares y $ 100.000. Además tenía plazos fijos e inmuebles”, insistió la parlamentaria durante una conferencia de prensa que brindó ayer. Las declaraciones fueron hechas tras haber ratificado su denuncia pública por irregularidades en el Ipvdu ante la Justicia federal (se informa por separado).

La semana pasada, la radical pidió a Giannoni que la investigación tenga en cuenta la posible comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y asociación ilícita, entre otros. Hasta el momento, la causa fue caratulada en base a las denuncias públicas de la parlamentaria.

Camuña seguirá con el "caso Viviendas"

La Justicia federal seguirá investigando presuntas irregularidades en el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu). Así lo confirmaron fuentes judiciales a LA GACETA, luego de que el fiscal federal Pablo Camuña tomase declaraciones a la senadora Silvia Elías de Pérez. La parlamentaria había denunciado públicamente supuestos ilícitos en la repartición que conduce el interventor Gustavo Durán. La investigación de Camuña tendrá por eje la posible comisión de delitos federales por parte de miembros del organismo provincial.

“El fiscal ha dicho que va a avanzar lo mas rápido posible para determinar los delitos que son de su competencia, los federales”, explicó Elías de Pérez, quien ratificó y amplió el contenido de sus acusaciones públicas. Según la radical, algunas de las hipótesis que caerían bajo la órbita de la Justicia federal serían los delitos de evasión impositiva y el lavado de activos.

Algunos de los protagonistas de las presuntas irregularidades serían, además del propio Durán, los coordinadores del Ipvdu Lucas Barrionuevo y Miguel Jiménez Augier. El “caso Viviendas” también se encuentra en la Justicia provincial, en donde la fiscala Adriana Giannoni decidió investigar de oficio tras un informe que transmitió “Panorama Tucumano” el 12 de julio (se informa por aparte).