La Casa Rosada espera poder sustituir a Gils Carbó en enero

El Gobierno pretende modificar la Ley del Ministerio Público Fiscal antes de enviar el pliego de un candidato a la Cámara de Senadores

UN PLAZO. Garavano aseguró que limitarán el mandato de los procuradores.  dyn UN PLAZO. Garavano aseguró que limitarán el mandato de los procuradores. dyn
01 Noviembre 2017

BUENOS AIRES.- Impulsar la modificación de la Ley del Ministerio Público Fiscal y luego, elegir un candidato para enviar su pliego al Senado. Esos pasos cumplirá el Gobierno de Cambiemos para reemplazar a Alejandra Gils Carbó como titular de la Procuración General de la Nación. Así lo explicó ayer el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, quien estimó que el proceso de cobertura podría cumplirse probablemente durante enero.

La actual procuradora presentó su renuncia al cargo, pero se hará efectiva recién desde el 31 de diciembre.

“Esperamos primero poder modificar la ley del Ministerio Público para que se le ponga un plazo a su titular, que es lo que sucede en la mayoría de las provincias argentinas que adoptaron el sistema acusatorio. Es importante modificar la ley y después enviar un candidato con la nueva ley”, explicó Garavano.

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Evitó adelantar el nombre quién podría ser el sucesor de Gils Carbó, pero remarcó que se mencionaron durante las últimas horas profesionales “de mucho prestigio”.

“El Presidente va a tener una difícil tarea (al tener que proponer un reemplazante que considerará la Cámara Alta) y, además, tiene que generar consenso en la oposición”, afirmó en alusión a los votos que se requieren para avalar el nombramiento. Confió en que Mauricio Macri hará una buena selección, tal como hizo con los jueces de la Corte Suprema de Justicia.

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El jefe de Gabinete, Marcos Peña, ratificó que efectivamente el Poder Ejecutivo pondrá en marcha en los próximos días la selección de los candidatos para reemplazar a la procuradora.

Peña aclaró, no obstante, que “aún no se estableció una fecha” para el envío a la comisión de Acuerdos del Senado del pliego de quien el Ejecutivo propondrá para reemplazar a la jefa de los fiscales que había sido designada durante la gestión kirchnerista y que, hace pocos días, fue procesada por la Justicia por fraude al Estado a raíz de presuntas irregularidades cometidas en la compra del edificio en el que actualmente funciona la Procuración.

El procedimiento

Una vez que el pliego impulsado por el titular del Poder Ejecutivo Nacional llegue al Senado, éste publicará los antecedentes del candidato en su sitio de internet y en los dos diarios de mayor circulación del país durante tres días hábiles.

Durante quince días, se recibirán las impugnaciones y avales en el seno de la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta que, tras convenir su admisibilidad y correr vista al postulante, celebrará una audiencia pública.

En caso de recibir dictamen favorable, la propuesta debe ser debatida en el recinto de sesiones. Para la aprobación, el candidato debe ser respaldado por una mayoría especial de los dos tercios de los senadores presentes en la sesión.

Tras dos años de tensión con el Poder Ejecutivo, que intentó su remoción y pidió su renuncia, la jefa de los fiscales federales finalmente dimitió el lunes.

En la lista de eventuales reemplazantes figuran por el momento, según versiones extraoficiales, funcionarios judiciales y dirigentes políticos.

Entre los mencionados se encuentran las diputadas nacionales Elisa Carrió y Margarita Stolbizer; el fiscal federal José María Campagnoli; el procurador ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand; el abogado peronista y ex juez de la Corte Suprema Alberto García Lema; el juez de la Cámara de Casación, Gustavo Hornos; y el fiscal de la misma instancia, Raúl Plee, entre otros.

Gils Carbó había asumido la Procuración General de la Nación en agosto de 2012. Fundadora de la agrupación Justicia Legíticia, estaba identificada con el kirchnerismo. Diez días atrás, un fallo judicial declaró la inconstitucionalidad del artículo que imponía la necesidad de iniciar un juicio político para forzar su destitución, tal como pretendía el Gobierno. (Télam)

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