Temer pone en vigencia la controvertida reforma laboral de Brasil

La reforma laboral de Brasil, que quiebra el régimen vigente desde 1943, entrará en vigor hoy en medio de un desempleo que afecta a 13 millones de personas y una ola de protestas por parte de los sindicatos, que reclamaron en las calles la renuncia del presidente Michel Temer y la derogación de la nueva normativa. Los cambios estructurales en la ley que hace siete décadas catapultó al entonces presidente Getulio Vargas como el “pai dos pobres” (padre de los pobres) y modificarán la relación entre patrones y empleados, fueron votados este año con la mayoría oficialista que respalda al gobierno de Temer, que, además, promete una reforma previsional antes de dejar el cargo el año que viene.

La oposición ha lanzado una campaña para revocar mediante un plebiscito -en caso de ganar el gobierno en octubre de 2018- la reforma laboral y otras que ha aprobado el gobierno de Temer, como fijar el techo del gasto público por 20 años.

Los tres precandidatos presidenciales para 2018 de la izquierda o centroizquierda, Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores), Ciro Gomes (Partido Democrático Laborista) y Manuela Dávila (Partido Comunista del Brasil) dijeron que si llegan al poder derogarán la reforma. Lula, un ex sindicalista que gobernó el país entre 2003 y 2010 y que está condenado en primeras instancia en causas por corrupción, marcha primero en las encuestas, a 20 puntos del segundo, pero si su sentencia es confirmada no podrá acceder al escenario electoral.

Entre los principales cambios se encuentra el concepto de que lo acordado prevalece sobre lo legislado: el acuerdo entre patrón y empleado no pasará por los sindicatos y no podrá ser objetado en la justicia laboral.

Otra modificación es la posibilidad de ampliar la jornada laboral diaria (cumpliendo las 44 horas semanales) sin el pago de horas extras, la creación del trabajo interminente, en el cual se le paga al empleado en blanco apenas por las horas trabajadas.

La tasa de desempleo del período julio a setiembre fue del 12,4%, un 11% más que en el mismo período del año anterior, cuando en diciembre de 2014 se había llegado al piso histórico 4,8%: ese fue el último número antes del inicio del tsunami político, judicial y económico que se devoró a una presidenta (Dilma Rousseff), sacó del poder al PT y asumió el vicepresidente Temer con la agenda de la antigua oposición.

Miles de personas se movilizaron ayer en una jornada de paralización convocada por ocho centrales sindicales, aunque el impacto de estas manifestaciones fue nítidamente menor que el paro nacional del 28 de abril, el más importante de la historia del país, pero que no torció voluntades ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Temer expresó su optimismo sobre la creación de puestos de trabajo con la nueva legislación. “De aquí en adelante la economía va a seguir creciendo y vamos a recoger los frutos de la nueva ley laboral. La nueva ley no le va a quitar los derechos a nadie”, aseguró el presidente, durante una entrevista divulgada por la cadena oficial de radio Voz de Brasil.

La reforma fue respaldada por la Federación Brasileña de Bancos (Febraban) y las patronales industriales, como la paulista FIesp y la Confederación Nacional de la Industria.

Según el Gobierno de Temer, la reforma laboral permite a Brasil “entrar al siglo XXI” buscando la creación de nuevos empleos para “competir en un mundo de cambios rápidos”. “La nueva ley garantiza al pueblo brasileño relaciones laborales modernas, creando condiciones necesarias para el crecimiento económico. La modernización tuvo tres ejes: consolidar derechos, promover la seguridad jurídica y generar empleos”, dijo en cadena nacional el ministro de Trabajo, Ronaldo Nogueira.

El 81% de los brasileños desaprueba la reforma laboral y el 67% considera que la nueva normativa beneficia a las patronales, según una encuesta de la consultora Vox Populi. (Télam)

Quieren modificar el sistema jubilatorio

El Gobierno brasileño negocia el apoyo del Congreso para aprobar una reforma del sistema jubilatorio del país ya que, según admite el presidente de ese país Michel Temer, no tiene el apoyo suficiente en el Parlamento para sancionar la medida considerada “fundamental para el desarrollo de la nación”.

Según las cuentas del Gobierno brasileño, el sistema de jubilaciones del país es deficitario: para los técnicos de la cartera de Economía, el déficit de las contribuciones jubilatorias y de pensiones de Brasil fue de más de 45.000 millones de dólares en 2017, lo que correspondió al 2,3% del PBI.

El Gobierno propone elevar la edad mínima de jubilación -65 para los hombres y 62 para las mujeres- y aumentar el tiempo de contribución de 15 a 25 años. Sin embargo, Temer reconoce que es difícil acordar, ya que el año que viene es año electoral y la reforma es impopular entre la población brasileña. 

Desde que asumió, Temer logró sancionar una ley de tercerización total, que le permite a las empresas no contratar de forma directa empleados para efectuar sus actividades, congeló las inversiones públicas por 20 años y aprobó la controvertida reforma de flexibilización laboral que hoy entra en vigor.