Precio del bioetanol: “El Gobierno Nacional genera inseguridad jurídica”

La decisión del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Energía, de bajar el precio del bioetanol provocó muchas reacciones contrarias a la norma, por los perjuicios que este cambio puede generar en una actividad que realizó muchas inversiones para producir combustibles amigables con el medio ambiente.

Una de estas reacciones fue que el 7 de noviembre pasado, los senadores por Tucumán, Beatriz Mirkin y José Alperovich presentaron un proyecto de ley en la Cámara Alta de la Nación, modificando la Ley N°26.093/2006 sobre el “Régimen de regulación y promoción para la producción y uso sustentables de biocombustibles”.

Esta modificación tiene como objetivo principal fijar el precio del bioetanol de caña de azúcar en base a la fórmula que considera costos más rentabilidad, buscando la mejor manera de hacer viable y sustentable este tipo de producción en la que están inmersos muchos de los ingenios azucareros de la provincia y de la región.

Esta presentación del proyecto de ley debe ser tenida en cuenta, sobre todo por la importancia de afianzar este sistema productivo, sobre todo después de todo lo que viene sucediendo con la Resolución 415-E/2017 (31.10.2017) del Ministerio de Energía y Minería, que dispuso un cambio radical en dicho sistema de determinación de precios, con drásticas reducciones en los precios del bioetanol, del 30% para el de caña de azúcar y del 21% para el de maíz, y que actualmente se discute si esa baja será del 15% o del 7,5%, en dos oportunidades (partes o cuotas).

Aparte de la presentación de los senadores, se dieron numerosas manifestaciones y declaraciones de dirigentes, empresarios y personalidades del ámbito político provincial, manifestando su oposición a dicha norma que solo perjudicará a la producción de alcohol, sino también a la azucarera.

Es por ello que también LA GACETA Rural entrevistó a Juan Luis Fernández, ministro de Desarrollo Productivo de la provincia para conocer su opinión al respecto.

“Es falsa la premisa tomada en cuenta por la Resolución 415-E-2017, para modificar la fórmula de determinación del precio de adquisición del bioetanol: no se ajusta a la realidad la afirmación de que el precio vigente supera ampliamente los costos y una rentabilidad razonable, como se postula. Esta realidad está confirmada por el estudio de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres-Eeaoc (Costo bioetanol de caña septiembre de 2017: $ 16,854/l) y no es desmentida por el estudio técnico que sirve de antecedente a la resolución, pues ese estudio técnico se sostiene sobre el precio de importación del alcohol hidratado y no sobre el costo de producción local”, dijo Fernández. “La modificación de la fórmula persigue un fin desviado respecto de los objetivos que el Congreso pretendió satisfacer con la sanción de las leyes de promoción de la producción de biocombustibles con origen en la caña de azúcar, que son: a) diversificar la matriz energética del país, mediante la incorporación de combustibles de origen no fósil; b) la promoción del desarrollo del NOA.

“La modificación intempestiva, inconsulta y sustancial de un régimen legal de promoción de inversiones vigente, como mínimo, hasta 2021, implica un grave ataque a la seguridad jurídica, que desalienta la iniciativa e inversión privada”, dijo. “La Argentina asumió compromisos internacionales (COP 21-París) que contemplan la diversificación de la matriz energética, mediante la incorporación de combustibles no fósiles ambientalmente eficientes”, señaló el ministro.

“La modificación de la fórmula de determinación del precio de adquisición del bioetanol de caña de azúcar no genera ahorro fiscal alguno, e implica una transferencia directa de recursos en beneficio de las empresas petroleras, que siempre resistieron la incorporación de biocombustibles”, afirmó. “El ataque a la industria de los biocombustibles es un manifiesto error de política energética, en vista de la escasez de las reservas de petróleo con las que el país cuenta” advirtió

“El precio del etanol es vital para el desarrollo, funcionamiento y sostenibilidad de este sistema productivo bioenergético, por lo que esta resolución y discusión es una grave amenaza para el presente y futuro de inversiones, empleo, economía regional y desarrollo energético del país, que pone en riesgo un Régimen de Regulación-Promoción con vigencia hasta 2021, y que puede ver truncado, injustificadamente, su potencial desarrollo”, concluyó.