Se cree que en los días de visita, un transa del penal podía vender hasta $18.000 en drogas

La viuda del preso asesinado contó que los guardias les daban marihuana, cocaína y psicofármacos para que comercializaran Se complica la situación procesal de los hombres del Servicio Penitenciario. Detalles del sistema de venta de estupefacientes.

29 Noviembre 2017

De a poco, los investigadores están acomodando las piezas de un rompecabezas para tratar de saber por qué mataron a Fernando Sebastián Medina. Y la hipótesis de que fue víctima de un ajuste cuentas por haber denunciado que guardiacárceles vendían drogas en el penal de Villa Urquiza va ganando fuerza con el correr de los días. En las últimas horas se conocieron detalles sobre cómo habría sido el mecanismo de tráfico de drogas en la cárcel.

Medina falleció hace una semana en una supuesta pelea que se produjo en el patio del Anexo I. Al poco tiempo, sus familiares, representados legalmente por la doctora Silvia Furque, denunciaron que lo habían asesinado porque él y otro recluso habían denunciado que el personal que debía custodiarlos los obligaba a vender drogas para ellos. Por ese motivo, en septiembre fueron trasladados a la seccional 7ª y, el domingo 19, sin razones aparentes, a ambos los llevaron nuevamente el penal. Tres días después, Medina fue asesinado con un arma blanca.

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La fiscala Adriana Giannoni confirmó que el preso había realizado la denuncia contra el personal del servicio penitenciario en la Justicia Federal. Luego, sumó indicios para sospechar que el preso fue trasladado de manera irregular al penal. Y por último, aún nadie le puede explicar cómo hizo Alejandro “Pichi” Mendoza, autor del crimen, para conseguir un arma blanca y más aún si se tiene en cuenta que fue trasladado al Anexo I por sus problemas disciplinarios.

Los testimonios que se vienen tomando en Tribunales son categóricos. La mayoría de los reclusos habrían coincidido en señalar que Medina estaba aterrado por la denuncia que había realizado en contra de los guardias y que sabía que, si no contaba con protección, su vida corría peligro. Lo sabían todos sus compañeros de encierro, familiares y autoridades. También hablaron sobre cómo sería el sistema de ventas de drogas en la cárcel. Estas actuaciones, según confiaron fuentes judiciales, serán giradas al fiscal federal Pablo Camuña, que ya investigaba el caso y ella continuará con la pesquisa del crimen de Medina.

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Se decidió proteger y trasladar de inmediato del penal a las personas que declararon. A grandes rasgos, según confiaron fuentes judiciales, los guardiacárceles serían los responsables de hacer ingresar marihuana, cocaína y psicofármacos para entregárselos a internos para que las vendan. De acuerdo a la versión de los investigadores, elegían personas que no eran problemáticas, que eran fáciles de dominar y que no tenían antecedentes de peleadoras.

Supuestamente, las mayores ventas se producían durante los días de visita –dos por semana-, ya que los familiares les entregaban el dinero que les llevaban. Los montos de las sustancias estaban establecidos: el “porro” de marihuana lo vendían a $50; la dosis de cocaína ascendía a por lo menos $150 y los psicofármacos (cinco pastillas) cotizaban $200. Los testigos estimaron que en cada día de venta un transa carcelario podría recaudar hasta casi $18.000. De paga, siempre de acuerdo a lo que aparece en el expediente, habrían recibido $1.000 y algún tipo de protección.

Testimonio

Ana Silva, pareja de Medina, reconoció que él le vendía drogas para un grupo de guardiacárceles. “Le habían prometido ‘travesear’ su carpeta para que pueda salir más rápido y él lo único que quería hacer es salir en libertad. Corrieron los meses y se dio cuenta de que le estaban mintiendo. Por eso dejó de hacerlo y comenzaron los problemas”, dijo la mujer a LA GACETA.

“Él me había contado lo que estaba haciendo y cuando lo visitaba siempre se arrimaban personas y le decían ‘eh, ¿tenés eso?’. Él les decía que sí y cerraba la operación en el acto. Está todo tan podrido en el penal que los guardias tenían todo arreglado. Está prohibido llevar más de $300 para entregar, pero eran ellos mismos que se hacían los giles con tal de vender entre $500 y $1.000 en drogas”, comentó Silva.

La mujer dijo que su marido se arrepintió de haber ingresado al negocio. “Es que varias veces la pasó muy mal. En la cárcel corre el rumor muy rápido de quién tiene droga y todos los empiezan a buscar. Hay muchísimos internos que no reciben una moneda de sus familiares y andan desesperados por drogas y plata, por lo que los transas se transforman en un blanco muy buscado”, señaló.

“Voy a seguir hasta las últimas consecuencias. Lo que le pasó a mi pareja es muy grave. Por más que él haya estado cumpliendo una condena, no merecía tener un final así. Lo dejaron abandonado. Si no me creen lo que les digo, que analicen el patrimonio de los guardiacárceles. Ahí verán que llevan una vida de lujo con un sueldo muy bajo”, concluyó Silva.

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