El Gobierno presiona por la ley de reforma jubilatoria

El macrismo cree que logrará su objetivo en las sesiones del 19 y 26 de este mes, aunque espera un fuerte debate con la oposición

CON JUBILADOS. El presidente Macri asistió este año a reuniones con miembros de la clase pasiva, a quienes les aseguró que respetaría sus derechos.  DyN (archivo) CON JUBILADOS. El presidente Macri asistió este año a reuniones con miembros de la clase pasiva, a quienes les aseguró que respetaría sus derechos. DyN (archivo)
05 Diciembre 2017

La coalición oficialista Cambiemos buscará convertir en ley en la Cámara de Diputados el proyecto de reforma previsional en la última sesión del año, que se celebrará el 26 de diciembre, en una deliberación que prevé un fuerte debate entre el oficialismo y la oposición, por lo que se especula que habrá una votación muy ajustada.

Las autoridades del interbloque Cambiemos, que conduce Mario Negri, están aguardando que el presidente Mauricio Macri convoque a extraordinarias, a fin de incluir el paquete de reformas que impulsa el Gobierno nacional para terminar de diseñar el esquema de trabajo para sancionar esas iniciativas, que se buscan aprobar en las sesiones del 19 y 26 de este mes.

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Pero, en forma independiente al esquema de trabajo que está diseñando el oficialismo, lo que está claro es que la ley más complicada de aprobar para el oficialismo será la reforma previsional, ya que el cambio de la fórmula para definir el aumento de los haberes previsionales genera una fuerte controversia. Esto es así porque cambia el mecanismo de actualización previsto en la ley de movilidad, que se basa en un mix de la recaudación y la inflación, por otro que fija un sistema combinado del aumento de la inflación y la variación de salarios (una combinación de “un 70% del índice inflacionario y un 30% de la variación de salarios”).

Esta reforma es rechazada por la mayoría de los bloques opositores, con lo cual Cambiemos sólo contará con el respaldo de sus 108 diputados y de algunos legisladores que responden a los mandatarios provinciales, como los santiagueños, misioneros y algunos justicialistas, para alcanzar la mayoría absoluta.

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Por lo pronto, el oficialismo ya prepara la conformación de las comisiones para que, entre el martes 12 y el jueves 14, analicen y emitan dictamen de los proyectos de Presupuesto, revalúo, acuerdos fiscales y las reformas tributaria y previsional, a fin de emitir los dictámenes que permitirán los debates durante las dos sesiones del período de sesiones extraordinarias.

Por lo pronto, la primera tarea que tomará el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, es armar las comisiones que deberán tratar este tema como Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales, las cuales permanecerán como hasta ahora en manos de los macristas Luciano Laspina, Daniel Lipovetzky y Pablo Tonelli.

Diferente es la situación de la comisión de Previsión Social, que es presidida por la massista Mirta Tundis, pero el oficialismo ya tiene decidido que ese cuerpo asesor sea conducido por la ex directora del Anses Corrientes y diputada electa, Estela Regidor, según comentaron fuentes del radicalismo.

El fuerte debate que habrá en Diputados ya se anticipa en las declaraciones que han formulado los oficialistas Pablo Tonelli y Miguel Angel Bazze, en defensa del proyecto aprobado la semana pasada por el Senado, y el rechazo, ratificado ayer, del futuro presidente del bloque Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi.

Bazze señaló que los jubilados “no van a perder plata” ni van a “ganar menos” con la reforma jubilatoria que el oficialismo y parte del peronismo votaron la última semana en el Senado.

En esa línea, el diputado radical explicó que mientras un 70% del aumento se modificará en paralelo a la inflación, el otro 30% lo hará “de acuerdo al aumento de los salarios”, por expreso pedido de la oposición.

Rossi dijo que “nadie discute que esta ley es mala para los jubilados; hasta los que la votan a favor dicen que perjudica a los jubilados argentinos, a los pensionados y a los que cobran la Asignación Universal por Hijo”.

En declaraciones a radio Milenium, Rossi señaló que “hay una corriente de constitucionalistas que consideran a la reforma inconstitucional” y sostuvo que “todo será materia de debate en la Cámara de Diputados”.

Por otro lado, investigadores de la Fundación Mediterránea consideraron que el proyecto de reforma previsional debe modificar las fuentes de financiamiento de la Anses, con el objetivo de “rever la dinámica insustentable” del régimen previsional nacional.

El Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), que reúne a los investigadores de la Fundación Mediterránea, realizó un análisis comparado con países de la región sobre los recursos destinados a seguridad social, que concluyó que la Argentina es el que más fondos destina con el 9,7% del PBI, por encima de Brasil (8,2%); Uruguay (7,6%); Costa Rica (4,7%) y Chile (4,4%).

Los especialistas alertaron sobre el “fuerte aumento del número de beneficiarios de la Seguridad Social, junto con la elevada informalidad laboral”, que hicieron caer la relación de 2,1 trabajadores activos por cada pasivo, registrada en 2005, frente a 1,4 a 1 en la actualidad.

Al respecto, sostuvieron que “si se excluyen los impuestos nacionales derivados a financiar el sistema, se tiene que el déficit de la Anses es equivalente a 2,6 puntos del PBI”, de acuerdo con los datos de 2015. También consideraron que la fórmula que se utiliza para actualizar las jubilaciones es “extremadamente pro-cíclica”, lo que llevó a una caída en términos reales de los haberes en años recesivos como 2014 y 2016.

En ese contexto, los investigadores del Ieral señalaron que un esquema como el que se discute en el Congreso permitiría dos objetivos a la vez: mejoras de los haberes jubilatorios (del orden de 1,9% en términos reales para 2018, según estimación de la institución económica) y un ahorro para el fisco (respecto del mecanismo anterior) de entre 0,3 y 0,4 puntos del PBI de cara a 2018.

“El sistema previsional necesita lograr, en el mediano y largo plazo, mayor previsibilidad, mayor equidad entre distintos aportantes y menor grado de litigiosidad”, añadieron los investigadores. (Télam)

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