Enfrentando la paradoja

La paradoja de la seguridad tucumana es tener las cárceles y las comisarías llenas de detenidos y que la violencia reine en las calles, que no se haya podido doblegar el delito callejero, al tiempo que los homicidios y la violencia de género han crecido de modo irrefrenable. En esa paradoja se centra el fracaso del ministro Regino Amado (que deja Seguridad pero mantiene el cargo de Gobierno y Justicia) y del ex secretario Paul Hofer, que asumirá tareas de asesor. Se aferraron a un llamado Plan Integral de Seguridad que nunca fue dado a conocer; a las estadísticas mentirosas del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) de junio pasado, que afirma que bajaron ciertos delitos (pese a que reconoce que los datos están recogidos precariamente en gran parte del país, y sobre todo en Tucumán) y también a las estadísticas sobre homicidios que realiza la Corte Suprema de Justicia tucumana, que, aunque las trabaja con seriedad, extrañamente no ha dado a conocer el informe correspondiente a los crímenes de 2016, que es el período sobre el cual hizo su evaluación precaria el SNIC.

En ese contexto, evaluar lo que pasa con la seguridad en la provincia es complejo porque no hay recolección adecuada de datos, ni estudio de lo poco que se puede recopilar, ni informatización de los sistemas estadísticos. La transparencia en esa información no existe en esta provincia: por ello, pese a que desde hace un año estamos en emergencia en seguridad, apenas si se han hecho diagnósticos incompletos en la Legislatura.

¿Cuán profundo conoce esto el gendarme retirado Claudio Maley? Tras haber pasado un año de discreto estudio de lo que pasa, asumió con palabras que calman inquietudes estructurales: promete Asuntos Internos para combatir la corrupción policial, que estalla a cada rato (basta recordar el preso que se escapó en un auto policial de la ex Brigada) y anuncia un bisturí sobre el sistema de vigilancia adicional, fuente de negociados y que mueve una caja chica de $ 500.000 diarios que escapan a los controles. Ayuda en esta idea el nombramiento de Miguel Gómez, ex comisario de la ex Brigada que ha dejado una imagen positiva de técnico y de rebelde frente a la corrupción policial. El tercer anuncio, los cambios en el esquema de lucha contra el narcotráfico -que para el gobierno nacional es el principal causante del delito y la violencia- son también una señal de fuertes intenciones. Hay algo claro: el área de Seguridad se policializa (antes eran civiles) pero las dos figuras centrales tienen una imagen que les da aire expectante.

Acaso se una a esto el convenio de intercambio que acaba de firmar el gobernador Juan Manzur con la Policía de los Ángeles, con miras a cambios en la forma de trabajo y en las estrategias policiales, algo a lo cual los uniformados han sido reacios, insistiendo en las mismas recetas que sólo dejaron la paradoja de cárceles llenas y calles inseguras.