La mayoría de magistrados no avaló la llegada de los veedores

La judicatura deliberó a puertas cerradas en un clima de tensión. La minoría quería respaldar al presidente de la Corte Sin unanimidad, la Asociación de Magistrados de Tucumán emitió una declaración.

LA PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN. La jueza Marcela Ruiz al término de la asamblea en el Palacio de Justicia. la gaceta / fotos de antonio ferroni LA PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN. La jueza Marcela Ruiz al término de la asamblea en el Palacio de Justicia. la gaceta / fotos de antonio ferroni
07 Diciembre 2017

La mayor parte de los jueces, fiscales y defensores oficiales que asistieron a la asamblea -a puertas cerradas- de la Asociación de Magistrados de Tucumán se pronunciaron porque su trabajo sea controlado por vías respetuosas de la autonomía provincial (ver “La declaración completa”). Después de una asamblea larga y tensa como pocas en la historia de la entidad, el sector mayoritario se recostó ayer sobre la declaración que había emitido la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) durante la semana pasada. Esa organización había vetado la pretensión de la Nación de “tomar vistas y extraer copias” de 33 procesos en trámite en la Justicia de Tucumán. Dicha moción fue impulsada por el juez monterizo Mario Velázquez y obtuvo más de 20 votos, incluido el de la titular Marcela Ruiz.

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“Los jueces no tenemos miedo a los controles”, dijo la presidenta mientras otros directivos terminaban de redactar el manifiesto en cuyo tono influyó la fiscala Inés Hael. “Estamos en contra del pedido de la Nación y bregamos por la transparencia en los mecanismos de fiscalización”, agregaron otros asociados cuando se les consultó qué quería decir exactamente la declaración de la mayoría. Al momento de la votación había menos de 30 magistrados presentes, alrededor del 15% del plantel total.

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En minoría quedaron los camaristas del fuero penal que bregaban por una alineación con la posición de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que había manifestado el presidente Daniel Posse. El viernes, este había contestado a Alejandro Collia, secretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos, que los abogados Juan Roberto Robles y Ana Colombres Garmendia debían dirigirse a los magistrados que controlan las causas de interés de la Nación. Esta tesitura fue defendida por los magistrados Dante Ibáñez, Carlos Caramuti, Stella Maris Arce y Alicia Freidenberg, quienes consideraron, con matices, que la vista y extracción de fotocopias no lesionaba la independencia judicial.

Al sector minoritario se unió el camarista Enrique Pedicone, quien asistió a la asamblea pese a no estar afiliado a la Asociación. Su intención de expresar una opinión provocó una fractura: la fiscala Adriana Giannoni se opuso, pero, al fin, Ruiz intercedió y lo dejó manifestarse. La habilitación indignó a Giannoni, quien abandonó el recinto en señal de disconformidad. Luego de unos minutos, retornó al Salón de Actos del Palacio de Justicia. Según pudo averiguar este diario, Pedicone convocó a sus pares a dar una señal contundente de transparencia hacia la sociedad. El camarista se retiró con Caramuti, Ibáñez y Freidenberg.

El episodio entre Giannoni y Pedicone no fue el único cruce de la tarde-noche. Los muros del Palacio de Justicia son macizos: rara vez se oye lo que sucede al otro lado del pasillo. Ayer las paredes parecían de papel, el mismo material físico de los expedientes. El griterío dominó buena parte de las casi tres horas y media de reunión. “La idea era que todos se expresaran”, dijo, exhausta, Ruiz. Pero la fricción desnudó que el conflicto existe, aunque todavía está en “veremos” la veeduría .

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