Legisladores impulsan la creación de una comisión investigadora por el caso “IPV”

A un mes del escándalo de los falsos gestores del Instituto de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), legisladores de la oposición impulsaron un proyecto para la creación de una comisión especial destinada a investigar ese y otros posibles delitos. Además, buscarán auditar la repartición a cargo de la interventora Noemí Ferrioli y realizar un relevamiento de las unidades entregadas por el Ipvdu, entre otras medidas tendientes a acompañar la pesquisa de la Justicia penal.

Según la iniciativa, el grupo de trabajo estaría integrado por dos ciudadanos damnificados “debidamente inscriptos en el Ipvdu”, tres legisladores y dos representantes del Poder Ejecutivo (PE). Estos tendrán la misión de elevar en un plazo máximo de un año y medio un informe definitivo referido a las estafas concretadas por la supuesta organización de falsos gestores y a otras presuntas anomalías que tomaron estado público el año pasado, a partir de las emisiones de “Panorama Tucumano”, el ciclo de LA GACETA TV en Canal 10.

Alzogaray, presunta cabecilla de los falsos gestores, prestó indagatoria

“Esta comisión especial, al finalizar su cometido, podrá proponer normas para mejorar el funcionamiento del Ipvdu y transparentar el régimen de selección y adjudicación (de inmuebles), así como toda otra operatoria que realice la repartición”, señalaron los autores de la iniciativa, Eudoro Aráoz (bloque UCR), Silvio Bellomío (bloque Peronismo del Bicentenario), Rubén Chebaia (UCR), Luis González (bloque Arturo Illia), Raúl Albarracín (UCR), Alberto Colombres Garmendia (PRO-Cambiemos) y Luis Brodersen (PRO-A).

Los afectados no tendrán prioridad en planes del IPV

El 17 de enero, LA GACETA dio a conocer un comunicado del Ipvdu en el que se advertía sobre la existencia de falsos gestores de viviendas sociales. Al día siguiente, lectores se comunicaron con este diario para relatar que habían pagado desde $ 4.000 para obtener un inmueble social en Manantial Sur. Los casos se fueron multiplicando. Así, se supo que la supuesta organización operaba a través de varios grupos de WhatsApp, y además ofrecía casas en Lomas de Tafí y Yerba Buena. Algunos dicen haber abonado hasta $ 100.000 para adjudicarse una propiedad. La mujer señalada como “cabecilla” del grupo, Elizabeth Rosa Alzogaray, se puso a disposición del fiscal Diego López Ávila luego de que se pidiera su captura internacional. La imputada de liderar la presunta asociación ilícita sigue detenida.

Seis interrogantes del caso Alzogaray

Aún no hay una cifra oficial de los afectados por esta maniobra. Y ese es uno de los objetivos que se propusieron los legisladores de la oposición al plantear la necesidad de crear una comisión investigadora. “El haber convertido al Instituto Provincial de la Vivienda en una entidad sin transparencia alguna, donde no importa la necesidad del ciudadano sino el grado de influencia que se tiene para acceder a una casa (...) hace responsable al gobierno de esta situación”, indicaron los firmantes del proyecto. Además, en una iniciativa paralela, los radicales Aráoz, González y Chebaia propusieron un cupo del 20% de casas del IPV para los afectados por los falsos gestores. La secretaria de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, avisó hace un mes que esa alternativa no es viable.