03 Marzo 2018
la gaceta / foto de DIEGO ARAOZ (archivo)
Contó detalles de sus lazos políticos con funcionarios y dirigentes del oficialismo. Gracias a esos nexos políticos, declaró Elizabeth Rosa Alzogaray, las puertas del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) se le abrieron de par en par. “No soy una estafadora. Yo tuve un sueño, y también fui engañada”, aseguró la mujer de 36 años, que está imputada de liderar una asociación ilícita dedicada a ofrecer casas del Estado a cambio de dinero. Según su versión, todos los “gestores” de viviendas sociales operaban con el conocimiento de las autoridades. “De alguna forma, el gobierno tiene que hacerse cargo”, remarcó.
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Alzogaray, que está detenida desde el 28 de enero, prestó indagatoria ante el fiscal de Instrucción, Diego López Ávila, y le puso nombres propios a la hipótesis que la vinculaba con el oficialismo. “La persona que empezó a todo esto (sic) trabajaba en un establecimiento público. Yo también le creí a (Gustavo) Durán”, indicó, responsabilizando al ex interventor del Ipvdu, fallecido en noviembre.
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Además, al describir cómo fue su llegada al mundo de la política y las actividades que llevaba a cabo, mencionó a una decena de dirigentes afines al Gobierno; entre ellos, al ex gobernador y hoy senador nacional, José Alperovich.
En Manantial Sur y Lomas
Alzogaray había optado por guardar silencio tras su arresto. Pero declaró hace 15 días, asesorada por su abogado, Mario Benjamín Visuara. Hasta ahora, su versión no había trascendido.
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El fiscal López Ávila le imputó que, a partir de 2015 y hasta la actualidad, se desempeñó como jefa de una organización delictiva “destinada a obtener beneficios patrimoniales mediante engaños”. Según las denuncias de cientos de afectados, Alzogaray -o los miembros de su grupo- les cobraban desde $4.000 (algunos dicen haber abonado hasta $100.000) para gestionar un inmueble en Manantial Sur y Lomas de Tafí, dos barrios edificados por el Estado.
El informe
El escándalo estalló a mediados de enero, cuando LA GACETA publicó un informe en el que la actual administración del Ipvdu, a cargo de Noemí Ferrioli, advertía sobre la existencia de “personas inescrupulosas y ajenas a la repartición” que llevaban a cabo esa maniobra ilegal. La declaración de Alzogaray sin embargo apunta al corazón del Instituto de la Vivienda.
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¿Cómo llegó una cooperativista a ofrecer casas del Estado? Para responder ese interrogante, la imputada se remontó a fines de 2014, cuando comenzó su participación política. “Empezamos a armar la cooperativa Nuevo Amanecer, y concurrimos a varias reuniones dentro de la Mutualidad Provincial. Teníamos la esperanza de que (el titular de la repartición, Daniel) Deiana nos ayude”, aseguró. Agregó que, finalmente, no obtuvo la respuesta esperada, por lo que resolvió acudir al Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym), entonces a cargo del hoy concejal peronista David Mizrahi. “Como no conseguí hablar con él, logré hablar con una persona de su confianza, de nombre Juan Terraf”, advirtió, en alusión al actual subinterventor del Ipacym. Según dijo, fue este quien le ofreció “trabajar en política”, ya que Mizrahi iba a ser candidato en las elecciones siguientes, en agosto de 2015.
Alzogaray aseveró que, tras los comicios, Mizrahi le consiguió un puesto en el Concejo. “Me ofreció que trabaje en el bloque de él (Tucumán Crece”, indicó. Y añadió que el entonces presidente del cuerpo, el alfarista Javier Aybar, le “dio un cargo” entre marzo y septiembre de 2016. Su función era hacer relevamientos sociales.
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Así fue que conoció a V.S., una mujer sin lugar para vivir y madre de un niño discapacitado. Alzogaray declaró que le planteó esta situación a Mizrahi y, a raíz de este caso, conoció al ex gobernador en una visita territorial. “Le preguntaron a la señora (V.S.) qué era lo que necesitaba. Ella pidió un ventilador, pero el senador Alperovich le dijo que le podía conseguir una vivienda”, manifestó ante el fiscal.
La imputada señaló que le encomendaron a ella encargarse de los trámites ante el Ipvdu; para ello, dijo, le indicaron que se dirigiera a Durán. “Le expliqué al señor Durán que yo tenía una cooperativa de construcción, y que quería presentar mi estatuto para que nos contraten en el Instituto”, afirmó. Aseguró que acordaron seguir en contacto, y que poco después tuvieron otra reunión. “Me preguntó si yo conocía mucha gente de varios barrios. Le dije que sí, porque con la política habíamos visitado muchos. Me preguntó si yo estaba dispuesta a trabajar inscribiendo a personas (...). No me ofreció un sueldo a cambio, pero me dijo que esa misma gente me iba a apoyar a mí para una posible candidatura en algún área política”, sostuvo la sospechosa. Poco después, agregó, recibió las instrucciones para comenzar a operar: además de la documentación, dijo, tenía que pedir $4.000 en efectivo.
“Yo sólo tuve reuniones con Durán por este tema. No participó ningún otro empleado del Ipvdu”, relató Alzogaray. Explicó luego cómo fue sumando interesados en adjudicarse una casa. Hasta que comenzó a tener problemas porque se demoraban las entregas.
Tras el deceso de Durán, indicó, otro funcionario del Ipvdu se comunicó con ella para decirle que “no iban a seguir entregando las casas”, aunque había algunas unidades en Lomas de Tafí “para calmar a la gente”. “Entonces busqué un salón en barrio El Sol para hacer la reunión (con los adjudicatarios). Pero al parecer la información se filtró entre la gente, el diario LA GACETA publicó sobre estos sorteos y todos empezaron a desconfiar”, declaró la imputada.
Aunque el fiscal López Ávila había encabezado varios allanamientos y había pedido su captura internacional, Alzogaray afirmó que no estaba prófuga. “Me tuve que ir porque tuve miedo. Pero no hubo engaño a esas personas”, expresó.
Tras esto, el abogado Visuara pidió la liberación de su cliente. Sin embargo, el requerimiento de prisión preventiva se mantuvo en pie. Aunque Alzogaray se autodefinió como otra “engañada” más, la principal hipótesis en la causa “Viviendas” no la tiene como víctima.
Las claves del caso
1- A lo largo de 2017, a través de Panorama Tucumano, el ciclo de LA GACETA TV en Canal 10, tomaron estado público diversas irregularidades en la adjudicación de obras del Instituto de la Vivienda. A raíz de eso, la fiscal Giannoni abrió una causa de oficio.
2- En enero pasado, la actual interventora del Ipvdu, Noemí Ferrioli, emitió un comunicado advirtiendo que “personas inescrupulosas” se hacían pasar por gestores de la repartición para cobrar por la adjudicación de viviendas sociales.
3- Cuando LA GACETA dio a conocer ese aviso, comenzaron a llegar a este diario denuncias de afectados por los falsos gestores. Según coinciden cientos de relatos, pagaban desde $4.000 para sortear los trámites en el Ipvdu. El caso está a cargo del fiscal López Ávila.
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