Vidal aún no desistió de la demanda por la coparticipación

Una vez que todas las provincias completen la adhesión al Pacto Fiscal por medio de la sanción de las leyes que lo avalen, la provincia de Buenos Aires entonces retirará su demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el juicio, la administración de la macrista María Eugenia Vidal exige la restitución del Fondo del Conurbano Bonaerense.

“Las demás provincias tienen que manifestar (al máximo tribunal nacional) si sancionaron las leyes provinciales que autorizan a los gobernadores a firmar el consenso que ya firmaron”, afirmó el fiscal de Estado bonaerense, Hernán Gómez.

Una vez que las legislaciones locales estén aprobadas y luego, las sanciones correspondientes sean comunicadas al máximo tribunal de Justicia del país, “la provincia estaría en condiciones de desistir del juicio”, insistió el funcionario. También, Gómez recalcó que Buenos Aires ya sancionó esa norma.

La gobernadora bonaerense había reclamado -vía judicial- en agosto de 2016 que se elimine el tope de $650 millones para el Fondo del Conurbano, al que calificó como “inconstitucional”. El resarcimiento económico, según las estimaciones oficiales, podría haber sido de $300.000 millones, que surgen de la exigencia por el retroactivo de los recursos no recibidos entre 2011 y 2015. En el caso puntual de Tucumán, el juicio le podría haber significado una pérdida de ingresos de $ 3.500 millones anuales.

Frente a los reclamos de los gobernadores del interior, que incluso esbozaron planteos judiciales, el presidente Mauricio Macri propuso en noviembre la firma de un acuerdo fiscal. Mediante ese convenio, el Estado acordó compensaciones para los distritos. El Pacto fue firmado por 23 gobernaciones, con excepción de San Luis. Así, se destrabó la asistencia que reclamaba Buenos Aires (en 2017 recibió unos $ 20.000 millones y para este ejercicio la cifra treparía a $ 40.000 millones).

El trámite judicial que debe completar Vidal pondrá fin a un conflicto que duró casi dos décadas. El Fondo de Reparación Histórica del Conurbano había surgido en 1992 como parte de un acuerdo entre Carlos Menem y Eduardo Duhalde, que hizo estallar varios conflictos entre la Casa Rosada y La Plata. Así, mediante la Ley N° 24.073 sancionada a principios de los noventa, se estableció que el 10% de lo recaudado anualmente por el impuesto a las Ganancias sería destinado a financiar obras de carácter social y de infraestructura en la provincia de Buenos Aires. Tucumán ya sancionó la norma exigida por Nación.