Manzur impulsa la Ley PyME, pedida por Macri

A un año y 12 días de haber firmado el veto a la adhesión a la ley nacional de “PyME” (conocida también como Programa de Recuperación Productiva), el gobernador, Juan Manzur, envió su propio proyecto a la Legislatura para proponer la incorporación de la Provincia al régimen de beneficios impulsado por la Nación desde 2016.

La iniciativa, que será analizada hoy por la comisión de Hacienda y Presupuesto del Poder Legislativo, será tratada mañana en el recinto de sesiones de calle Muñecas 951.

Así lo anunció el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, tras la reunión de Labor Parlamentaria que definió el orden del día. “(La iniciativa contempla) beneficios impositivos a nivel provincial; fundamentalmente en lo que tiene que ver con Ingresos Brutos (IIBB) y Salud Pública. Además, se crea un registro de las pequeñas y medianas empresas. Hoy las Pymes necesitan el acompañamiento del Gobierno nacional y provincial”, destacó el presidente de la Cámara.

Aclaró que todavía no es posible hacer una estimación sobre cuál será el impacto financiero de la adhesión a este régimen. “El Gobierno provincial, a través del Poder Ejecutivo, tendrá que hacer un relevamiento de las PyMEs. Los montos no están estipulados (en el proyecto). La ley deberá ser reglamentada, y en función a los ingresos y a los movimientos financieros que tengan seguramente se las va a categorizar”, dijo el vicegobernador.

No es un tema nuevo para la Legislatura. El 16 de febrero de 2017, a instancias de proyectos del macrista Alberto Colombres Garmendia, del peronista Silvio Bellomío y del radical José María Canelada (todos afines a Cambiemos), se sancionó la adhesión a la ley nacional “PyME”. De esta forma, Tucumán se sumaba al programa de recuperación productiva impulsado por la Casa Rosada para pequeñas y medianas empresas, que incluía beneficios impositivos y un compromiso de “estabilidad fiscal” hasta diciembre de 2018. Sin embargo, sobre la base de una serie de informes negativos emitidos por el área de Economía en los que se advertía sobre el posible impacto de la medida, el gobernador Manzur dictó el veto a la norma el 8 de marzo de 2017. Seis meses más tarde, en una visita oficial para inaugurar obras de ampliación en el aeropuerto Benjamín Matienzo, el presidente Mauricio Macri le reclamó al mandatario tucumano por la falta de vigencia de la ley “PyME” en este suelo.

Ayer, a través de un proyecto de ley que lleva su firma y la del ministro de Desarrollo Productivo, Juan Luis Fernández, Manzur dio un paso clave en ese sentido. Entre las novedades principales está la conformación del Registro Provincial de Empresas. “Contará con información actualizada de estas y funcionará en forma articulada con el Registro Nacional de MiPyMES, a fin de simplificar la operación y desarrollo de las entidades societarias como así también facilitar los planes, programas y beneficios (que establezcan la Nación, la Provincia o los municipios)”, fundamentó el gobernador. Y aclaró que los beneficios tributarios contemplados por la ley nacional 27.264 -entre ellos, el de estabilidad fiscal-, “operará sólo en los impuestos sobre los ingresos brutos y para la salud pública”.

La iniciativa requiere del dictamen favorable de la comisión de Hacienda y Presupuesto, en la que el oficialismo es mayoría y maneja la presidencia, a través del peronista Juan Ruiz Olivares.

El vicepresidente de ese comité, Bellomío, remarcó que el proyecto de Manzur “prevé lo mismo o algo muy similar a la ley que vetó el año pasado, y que había sido sancionada por unanimidad”. “En parte, es una tomada de pelo a los tucumanos. La vigencia de este programa nacional era desde el 1 de agosto de 2016, y establecía un régimen especial para PyME hasta el 31 de diciembre de 2018; o sea, durante dos años y cuatro meses. Entonces, la ley provincial de adhesión a esa norma no tendrá una vigencia de más de ocho meses”, destacó el ex secretario de Hacienda de la Capital. Objetó luego que las pequeñas y medianas empresas tendrán hasta final de año para invertir, a cambio de los beneficios anunciados. “La Provincia otorga la estabilidad fiscal. Pero no considera el incremento de la alícuota general del impuesto sobre los Ingresos Brutos, que pasó al 5% en diciembre pasado. Para que esto tenga un impacto real, se debería extender al menos hasta el 31 de diciembre de 2019”, planteó Bellomío.