Se culparon unos a otros por la mora en la edificación del centro para adictos en La Costanera

El Cepla será reimpulsado con fondos provinciales.

¿Quién tiene la responsabilidad por la inconclusa obra del Centro Preventivo Local de las Adicciones (Cepla) de la Costanera? Según los legisladores que responden al Gobierno provincial, la culpa es de la Nación por no haber enviado los fondos. Según los que están alineados a Cambiemos, los recursos sí fueron enviados por la Rosada, y la que incumplió fue la Provincia.

A pesar de las acusaciones cruzadas por la mora en la ejecución del Cepla, oficialistas y opositores coincidieron al momento de votar. Por unanimidad, luego de dos horas y media de debate, sancionaron el proyecto que había enviado el gobernador, Juan Manzur, para poner en marcha otra vez la construcción del establecimiento que reclaman en ese barrio capitalino.

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Una vez que la norma sea promulgada, la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) quedará habilitada para hacer contrataciones directas, previo cotejo de precios, para la edificación del centro de prevención de adicciones.

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Oficialistas y opositores también llegaron a un acuerdo para incluir un artículo a la iniciativa que había girado el lunes pasado el mandatario provincial. Cada seis meses, la DAU deberá informarle al Poder Legislativo el estado de avance de la obra y los recursos erogados.

Más allá de esto, las posturas encontradas quedaron expuestas desde el inicio de la discusión.

El presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Juan Antonio Ruiz Olivares, aludió a un informe de la DAU según el cual a junio de 2015 -es decir, en el último tramo de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner- la obra del Cepla registraba un avance del 43%, tal como estaba proyectado. Meses después, añadió, los recursos federales dejaron de llegar, hasta que se produjo la rescisión del contrato con la empresa ByM. “Al Gobierno nacional no le interesa la ejecución de la obra, caso contrario, hubiera continuado con el envío de fondos”, añadió el vicepresidente 1° de la Legislatura.

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El también oficialista Luis Morghenstein, titular de la comisión de Obras Públicas, reconoció la “decisión del gobernador” de efectuar la inversión con plata de la Provincia. “Las políticas (de inclusión social) no son acompañadas por el Gobierno nacional. (...) Seguimos padeciendo la falta de envío de fondos para obras que fueron anunciadas a viva voz por el Plan Belgrano”, exclamó el ex intendente de Las Talitas.

Alberto Colombres Garmendia (PRO-.Cambiemos) expuso otra versión. “Es falso que la Nación decidió no continuar con la obra: fue la Provincia”, afirmó. Y mencionó una carta documento enviada en julio de 2017 por el titular de la DAU, Alfredo Quinteros, en la que se indicaba al Gobierno nacional la decisión de rescindir el contrato. “Digamos las cosas como son: hubo un desfasaje del 20% entre los fondos recibidos y el avance de la obra”, añadió el macrista.

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Claudio Viña (Nueva Fuerza), también alineado a Cambiemos, afirmó que la edificación del centro preventivo de la Costanera equivale a “una ficha en un rompecabezas de mil piezas”. “La provincia necesita decenas de ‘ceplas’”, señaló el presidente de la comisión de Adicciones de la Cámara.

El opositor Alfredo Toscano, afín al intendente Germán Alfaro (Cambiemos), apuntó contra la empresa constructora “ByM son las iniciales de Bocanera y Mirkin. ¿Quién era (Oscar) Mirkin? Era el secretario de Obras Públicas del Gobierno anterior”, sostuvo Toscano. Y añadió: “luego se la vendió a uno de sus hijos. ¿Cómo el secretario de Obras Públicas iba a controlar esa empresa? Es imperdonable que el Cepla no esté construido”.

El peronista Marcelo Caponio retrucó que la Provincia rindió cuentas de los fondos aplicados. Y cargó contra la Nación porque, según dijo, hasta ahora no ha firmado “un sólo convenio” para obras. “Tucumán no le interesa políticamente al Gobierno nacional. (El presidente Mauricio) Macri cree que en Tucumán viven ciudadanos de segunda, de tercera, de cuarta...”, dijo el apoderado del PJ.

El radical Fernando Valdez cuestionó las “prioridades” de la gestión provincial. Pero añadió: “no es un tema para culpar unos u otros; esto es grave”. El jefe del bloque oficialista, Ramón Santiago Cano, coincidió en ese punto: “la droga está matando a los chicos día a día; tenemos que dejar de discutir y de echar culpas a los demás, y ponernos a trabajar”. Minutos después, el proyecto de ley fue sancionado. Ahora, resta que el PE anuncie el plazo en que terminará el Cepla.

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