26 Marzo 2018
Los escándalos por anomalías en el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) motivaron duras críticas de legisladores de la UCR-Cambiemos hacia el gobernador, Juan Manzur.
“(Al mandatario provincial) le falta decisión para transparentar esa repartición o es cómplice de las maniobras corruptas”, manifestaron los legisladores José Canelada y Adela Estofán.
Uno por uno: quiénes son los políticos y funcionarios mencionados por Alzogaray
En 2017, a través de investigaciones de “Panorama Tucumano”, el ciclo de LG Play, se supo que había presuntas irregularidades en la adjudicación de obras, lo que derivó en la apertura de causas judiciales en la Fiscalía de Instrucción de la VIII Nominación. En enero de este año, además, se reveló que una presunta organización de falsos gestores del Ipvdu, supuestamente encabezado por una cooperativista y ex empleada del Concejo, Elizabeth Alzogaray, habría ofrecido casas sociales a cientos de personas, según la causa que tramita la Fiscalía de Instrucción de la IV Nominación. En ese marco, pero en otro expediente abierto en ese despacho judicial, fue arrestado hace casi un mes un empleado del Ipvdu, Daniel Manzaraz, quien aparentemente habría intentado actuar como intermediario en una operación inmobiliaria con una vivienda social.
Cómo era la supuesta operatoria de los "gestores" del Ipvdu, según declaró Alzogaray
“Las novedades que se dieron a conocer por estafas en el Instituto de la Vivienda indican sin lugar a dudas que las prácticas corruptas persisten en este organismo”, señalaron Canelada y Estofán. Y reclamaron la normalización de la repartición, hoy a cargo de la interventora Noemí Ferrioli. “Han transformado el Ipvdu en una maquinaria de corrupción que se sucede ante los ojos de todos. Proliferan las denuncias y Manzur no hace nada. Esta es la misma postura que adoptó su antecesor, José Alperovich, durante sus 12 años de gobierno. El organismo perdió todo sentido social”, afirmaron los opositores.
Filman a un agente del Ipvdu cuando intenta vender una casa
Cámara oculta
Con el afán de exponer la realidad del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), simularon que deseaban adquirir una casa construida por el Estado y terminaron comprometiendo a un agente de esa institución, Daniel Manzaraz. Antonia Lobo, Juan Acosta y Manuel Liquitay, tres ciudadanos que dicen haber sido víctimas de las maniobras irregulares ocurridas con inmuebles sociales, llevaron adelante su investigación particular para reunir pruebas que los avalaran. Ellos admiten que entregaron dinero (entre $ 20.000 y $ 50.000) a la red de Elizabeth Alzogaray, la cooperativista y presunta gestora detenida en febrero junto a otros supuestos colaboradores. “Nosotros no somos estafadores: no hay otra forma de acceder a una casa. El Instituto funciona como una inmobiliaria. Así lo definió el propio Manzaraz”, dijeron a LA GACETA.
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