Legisladores defendieron la ley contra los motochorros y esperan la decisión de la Corte

Los legisladores defendieron la ley provincial N° 8.747, que contempla la prisión preventiva para motochorros, “rompevidrios” y escruchantes (los que roban en casas cuando no están los dueños). La posición de los parlamentarios, tanto oficialistas como opositores, se encuadró en el debate jurídico y político que se generó por el fallo de la Cámara de Apelaciones de días atrás.

La sentencia revocó la prisión preventiva de dos guardiacárceles, imputados por el delito de homicidio agravado, debido a que no se había cumplido con la realización de una audiencia previa, contemplada en el nuevo Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT). Justamente, esta resolución judicial pudo marcar, a su vez, un camino hacia la declaración de inconstitucionalidad de la norma aprobada en la Legislatura a mediados de este mes.

“La ley establece delitos específicos, que son los cometidos en la vía pública. Es un tema opinable (...) Si es una norma aprobada (en la Legislatura), la defiendo. Creo que debería ser de cumplimiento efectivo”, enfatizó ayer Stella Maris Córdoba, representante del bloque Proyecto Popular.

Simplificación

Cuando aprobaron la norma, los legisladores oficialistas habían hecho hincapié en la intención de simplificar la prisión preventiva en caso de delincuentes que cometieran estos actos delictivos, siempre considerando la existencia de un grave riesgo psicofísico para la víctima. Aunque había ya algunos que alertaban probables planteos de inconstitucionalidad que podría recibir la modificación al Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT).

La Corte también fallaría en contra de la liberación de los guardiacárceles

“Es una ley que tiene finita constitucionalidad. Obviamente, habrá que estar a disposición de lo que defina la Justicia. Nosotros legislamos a pedido y por la necesidad del Ministerio Público Fiscal y tratamos de buscar que la ley contemplara todos los requisitos constitucionales. Sabemos que esto puede ser revisado por la Justicia y tendremos que acatar lo que disponga”, expresó el parlamentario de Nueva Fuerza, Claudio Viña.

“Defendemos esta ley. Están dadas las condiciones de manera clara: una de las excepciones que se prevén para tomar la decisión de prisión preventiva es la posibilidad de seguir cometiendo delitos. Está demostrado que el motochorro es un delincuente serial, que comete varios ataques en el mismo día. Esa sola situación amerita que esté privado de la libertad durante el proceso. En lo personal, adhiero a esta norma”, insistió Viña.

El procedimiento

El ministro Público, Edmundo Jiménez, presentó en la Cámara legislativa una propuesta para la modificación del CPPT, con el fin de instaurar un severo proceso penal en caso de ladrones que actúan en motovehículos.

En 2014 se había aprobado una norma casi similar a la nueva regulación; sólo consideraba los ataques en motos. Sin embargo, fue declarada inconstitucional posteriormente.

“Lo que dijo la Cámara (de Apelaciones) es que no puede dictarse la prisión preventiva sin oír al imputado y al abogado defensor. Pidió una audiencia, no que estaba mal la prisión preventiva. Estuvo mal el procedimiento (en la causa de los guardiacárceles)”, manifestó Eudoro Aráoz.

El legislador reconoció que espera una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la provincia (CSJT) sobre el caso y dijo que esta situación se debe subsanar con la aplicación del nuevo Código Procesal local. “La mayoría de los presos están con prisión preventiva”, agregó.

Los fallos

“La sociedad espera de los jueces que sus sentencias sean ajustadas a derecho. Sin embargo, la justicia no puede perder de vista los contextos históricos y sociales en los que las normas se dictan y se aplican”, señaló el radical José María Canelada.

El parlamentario opositor agregó: “en el caso particular esperamos que los jueces se hagan eco de la grave crisis que atraviesa la provincia y dicten sentencias equilibradas, que aporten a la paz social con una mirada integral”.

Pero el gran desafío será establecer si los fiscales comienzan a aplicar esa norma, tal como les pidió su jefe, Jiménez. “El Gobierno, que ha ungido a Jiménez superministro, ha desgastado con acciones e inacciones todas y cada una de las instituciones de la provincia, y no puede ahora tirar la responsabilidad de la situación de inseguridad en manos exclusivas y excluyentes del poder judicial. O acá se hacen de una vez todas y cada una de las acciones o van a seguir matando tucumanos a diario”, concluyó Canelada.

Maley se presentó otra vez en la Cámara

El ministro de Seguridad, Claudio Maley, se presentó por tercera vez ante la comisión especial integrada por representantes de distintos poderes del Estado, organismo creado a partir de la declaración de la Emergencia en Seguridad en la provincia. En el encuentro, el funcionario presentó su informe cuatrimestral de gestión, cuyos lineamientos son infraestructura, la modernización de la fuerza, el sistema penitenciario, y la participación ciudadana, entre otros.

“Estamos en pleno impulso de un proyecto para el equipamiento de la Policía: armamento, equipos de seguridad y el parque automotor”, explicó Maley. El titular de la cartera gubernamental resaltó, además, las reformas edilicias previstas en el penal de Villa Urquiza, como la habilitación de la nueva Unidad 10, con capacidad para 186 presos, y la construcción de cinco módulos dentro de ese predio.

Maley también resaltó la creación de la Brigada de Investigación Norte y Este, y defendió la participación de los policías en los operativos del Instituto Provincial de Lucha Contra el Alcoholismo (IPLA), a pesar de las críticas públicas.