“Nos veremos en figurillas para aplicar el nuevo código”

Está previsto que el nuevo Código Procesal Penal de la Nación debute en Salta y Jujuy, y, luego, se expanda hacia el sur del país. Pero no están previstos los medios adecuados para implementar la transformación sustancial en la forma de investigar y resolver las denuncias en la Justicia Federal que plantea el nuevo digesto. Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta (con competencia en Jujuy), destacó este jueves que, por lo pronto, faltaban jueces capaces de aplicar el nuevo régimen y de atender las causas anteriores. “Nos vamos a ver en figurillas”, manifestó en la capacitación que organizó la Asociación de Jueces Federales de la República Argentina (Ajufe).

El nuevo código establece un sistema acusatorio con mayores dosis de oralidad y donde la investigación está exclusivamente en manos del Ministerio Público Fiscal. Se trata de una versión con matices del digesto sancionado en Tucumán en 2016, cuya aplicación ya fue prorrogada dos veces (este mes la Legislatura dispuso que entre en vigencia en febrero de 2019). Rabi-Baldi Cabanillas puso en duda que el cambio vaya a ser positivo en la órbita federal, al menos para reducir los plazos. Al respecto, recordó que la Ley de Flagrancia sancionada en 2016 con el propósito de agilizar los procesos no había sido efectiva. “Tenemos un caso de este tipo por mes. Son los fiscales los que tienen que aplicar el régimen de flagrancia y eso no sucede”, dijo. A su lado, el juez federal porteño Ariel Lijo no pudo contener una acotación. “¡Es un éxito!”, exclamó con ironía.

Impávido e imperturbable, el vocal del tribunal salteño destacó que el nuevo código requería de infraestructura y edificios que no existían en la actualidad. “No sabemos cómo se va a hacer para solucionar estas carencias”, dijo. También formuló interrogantes respecto de las causas en trámite, que deberían ser atendidas por una “Justicia de transición”: “tenemos 1.079 presos entre Salta y Jujuy, pero dos tercios de ellos no tienen sentencia firme (cumplen prisiones preventivas). Sería un grave error no finalizar los procesos que los involucran”.