La Justicia indaga si hubo trabajos no habilitados en el ex Parravicini

El fiscal Diego López Ávila volvió ayer, durante el mediodía, a la escena de la tragedia. El funcionario judicial observó lo que ha quedado del edificio del ex cine Parravicini. “Prácticamente, descartamos que haya nuevas víctimas en el lugar”, manifestó.

El miércoles, la parte de adelante de la estructura casi centenaria colapsó y dejó tres víctimas fatales, quienes en ese momento caminaban por la vereda: Cora Sosa, de 82 años, Miguel Morandini, de 50 años, y Víctor Hugo Aranda, de 52 años. (El miércoles a la noche, en el fragor de las tareas de rescate, un funcionario judicial informó erróneamente el nombre de la última víctima).

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López Ávila, junto con un grupo de arquitectos e ingenieros especializados en estructuras, se movieron por la zona ayer y pudieron determinar que existe riesgo de derrumbamiento. “Pudimos ingresar al edificio para ver la estructura interna y detectamos los puntos débiles de las paredes. Vamos a realizar tareas de apuntalamiento interno y externo, inclusive en las paredes laterales, para evitar un nuevo derrumbe”, especificó.

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Estaba previsto, según consignó el fiscal, que la intendencia de la capital destine materiales y equipos para concretar ese trabajo, que apunta a sostener la estructura. La idea del fiscal, sobre la base de los consejos de los expertos, es desmontar parte por parte, desde arriba hacia abajo, los sectores dañados. Para ello, utilizarán una maquina especial. “Si no lo hacemos, no se puede ingresar al lugar. De hecho, el material que sigue abajo está apuntalando esa medianera”, remarcó el funcionario judicial.

La investigación

López Ávila confirmó, además, que la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y la empresa Antonio José Fortino Construcciones SRL presentaron la documentación que había solicitado la Justicia, como la carpeta y planos de la obra del edificio. La firma tenía previsto edificar dos locales comerciales y una playa de estacionamiento.

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“Hay una conclusión por parte de los especialistas, respecto de ciertas actividades que se realizaron y no estaban autorizadas adentro de la propiedad. Además de no estar autorizadas, esas cosas se hicieron mal”, hizo hincapié el fiscal.

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En esa línea, López Ávila remarcó que, de acuerdo con las explicaciones que debe cotejar, la autorización oficial había sido para “lavarle la cara” al edificio. “No había autorización para una remodelación interna”, sostuvo.

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“Según lo que informó Catastro de la Municipalidad, esta gente (por la empresa) se puso a realizar perforaciones y remodelaciones internas que no estaban habilitadas”, insistió.

El funcionario expresó que, teniendo en cuenta la reglamentación catastral oficial, al haber una autorización para una remodelación menor (de paredes, por ejemplo), no se requería controles continuos.

“El problema es que, aparentemente, retiraron la mampostería que estaba asentada. Lo vi hoy en vivo. Pusieron unas columnas que, según los peritos, estaban mal colocadas, ya que no consideraron la afluencia, el tránsito y las vibraciones de la calle”, manifestó el funcionario judicial.