Sigue en pie una causa por los comicios provinciales de 2015 y las urnas usadas en esa elección aún

El Estado provincial no es parte en la causa penal iniciada por opositores para esclarecer posibles irregularidades atribuidas a agentes de Gendarmería y del Correo, y detectadas en la confección de los padrones. La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó ese criterio y desestimó el recurso de queja que el Poder Ejecutivo (PE) a cargo del gobernador Juan Manzur había presentado con el objetivo de que el proceso pasara a los Tribunales locales. Luego de numerosos vaivenes, el caso abierto en 2015 quedó radicado en la Justicia Federal de Tucumán, pero está en el umbral del archivo como consecuencia de un fallo -todavía pasible de revisión- del juez N°2, Fernando Luis Poviña.

Los ministros Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz confirmaron el 12 de junio que la Provincia no podía intervenir en el expediente que promovieron el diputado José Cano y el funcionario nacional Domingo Amaya, respectivos ex candidatos a gobernador y a vicegobernador del Acuerdo del Bicentenario. Este proceso acumuló también la denuncia que habían formulado el dirigente comunal de El Naranjo y El Sunchal, Luis Zelaya, y su abogado Alberto Pombo. El PE había acudido a la Corte nacional para discutir la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal, tribunal con sede en la capital del país, que determinó que el caso era de competencia federal y no local, como había resuelto Poviña.

$ 330.000 por mes

La resolución del máximo estrado argentino a esta altura sólo corrobora el criterio formal de Casación. La cuestión de fondo depende de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, según Pombo, quien ayer informó que impugnó la desestimación de las denuncias. Integran ese tribunal los vocales Ricardo Mario Sanjuán, Marina Cossio y Ernesto Wayar.

En diciembre, Poviña descartó la posibilidad de que personal del Correo y de Gendarmería hayan cometido delitos en los convulsionados comicios provinciales de 2015, en los que se impuso la fórmula oficialista Manzur-Osvaldo Jaldo. Estas elecciones fueron objeto de una judicialización intensa antes y después de la votación. Una de las demandas del Acuerdo para el Bicentenario incluso logró que la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia anulara las elecciones, pero esa resolución fue luego revocada por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, y, por ello, todas las autoridades electas pudieron tomar posesión de sus cargos en la Provincia, las municipaliades y las comunas. A mediados del año pasado, la Corte de la Nación ratificó la tesitura del alto tribunal local y declaró la validez de los comicios de 2015.

En la órbita federal, el juez N°2 consideró por su parte que los agentes del Correo y de la Gendarmería actuaron correctamente en las tareas asignadas de la custodia de las urnas y del escrutinio provisorio. En cuanto al Correo, las denuncias plantearon sospechas sobre la conducta desplegada por los funcionarios Luis Soria y Juan Ángel Díaz en el conteo preliminar, que terminó siendo suspendido en la madrugada del 24 de agosto de 2015. En el segundo supuesto, los opositores habían pedido la investigación de las circunstancias de contratación de Francisco Oscar Jiménez, dueño de Info FOJ y docente santiagueño encargado de filmar el movimiento de cajas y materiales afectados a la votación, así como de la pérdida de los videos correspondientes a los dos días posteriores a las elecciones. Si bien Poviña entendió que no había habido delitos, las urnas usadas hace tres años siguen en poder de la Junta Electoral Provincial porque la sentencia aún no está firme. La conservación de este material considerado “prueba clave” demanda al erario desembolsos mensuales de alrededor de $ 330.000.